Al cabo de 40 años, la crisis económica, la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el creciente descrédito de la institución Monárquica han hecho brotar las ideas revisionistas sobre el ilapso llamado Transición y las supuestas bondades de la “sui generis” democracia vigente en el Estado español. La metástasis de la corrupción afectaría a cargos electos de la mayoría de los partidos políticos que detentan el Poder en cualquiera de los corruptos Reinos de Taifas en que se ha convertido el Estado español (PP, PSOE,CDC, PNV, Coalición Canaria, IU y UPN), convirtiendo la escena política en un inmenso queso taladrado por la corrupción y envuelto en la capa de la inviolabilidad (estatus de aforado) establecido por la doctrina del Tribunal Supremo, devenido en dique de contención de los recursos populares contra la parasitaria y corrupta clase política establecida en cualquier segmento de poder.

La distopía del Estado español

El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”.

Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso , en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad ( habeas corpus) de las personas,síntomas todos ellos de una posterior deriva totalitaria del sistema, cuyo primer paradigma sería la implementación en 1985 de la Ley Antiterrorista, calificada por José Manuel Bandrés como la “aplicación de facto del estado de excepción encubierto”, seguida de la Ley de Partidos (2.002, Aznar) y la actual demonización de los partidos y organizaciones independentistas vasco-catalanas, hitos que reflejan la deriva autoritaria de un sistema político caduco y que tendría como objetivo último la implementación en el próximo quinquenio del “Estado Tardofranquista” por el establishment.

Recordar que el establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media que serían los herederos naturales del legado del General Franco y que habrían fagocitado todas las esferas de decisión hasta convertir a la seudodemocracia española en rehén del establishment, según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet.

Dicho Estado beberá de las fuentes del centralismo jacobino francés y del paternalismo de las dictaduras blandas y vendrá refrendado por iniciativas como la aprobación de la nueva Ley de Educación (Lomce);el rechazo del Grupo Popular a la proposición no de ley de IU para “sancionar penalmente los actos de apología de la dictadura franquista así como la actividad delictiva de los grupos de ultraderecha” y la implantación de la censura en Internet, del que sería paradigma el cierre decretado por la AN de la web y los perfiles de Twitter y Facebook de la organización “Ateak Ireki”, pasando el Estado español a engrosar la lista de “países totalitarios” que ejercen la censura en Internet.

Además, asistiremos a la próxima modificación de la actual Ley de Huelga a petición de la CEOE y una nueva y agresiva reforma del Código Penal, en la que se penalizará la realización de escraches, la resistencia a la autoridad (tanto activa como pasiva) y la convocatoria de concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación, (incluido Internet y las redes sociales como Facebook, Twitter), con el objetivo inequívoco de hacer realidad la frase de Fraga en su etapa de Ministro de la Gobernación del régimen franquista (“La calle es mía”). A ello se le añadirá la adopción en las ciudades gobernadas por el PP como Madrid, de medidas anticívicas calcadas de la Ley franquista de Buen Gobierno (1948) y la posterior implantación en todo el Estado español de un clon de la Ley de Vagos y Maleantes (ley nacida en la II República y adoptada por aclamación por el régimen franquista).

La metanoia socio-económica

La entrada en recesión de la economía española implementó el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar del mundo occidental y derivó posteriormente en un shock traumático al constatarse el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, posterior desahucio e inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales, por lo que será inevitable un proceso de catarsis y posterior metanoia colectiva. El término metanoia (del griego μετανοῖεν, metanoien), sería “un enunciado retórico utilizado para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para enfocarla de la manera adecuada a un nuevo contexto“, lo que trasladado a la actual coyuntura socio-económica se traduciría como “transformar la mente para adoptar una nueva forma de pensar, con ideas nuevas, nuevos conocimientos y una actitud enteramente nueva ante la irrupción del nuevo escenario socio-económico, lo que implicaría la doble connotación de movimiento físico (desandar el camino andado) y psicológico (cambio de mentalidad tras desechar los viejos estereotipos económicos vigentes en la última década)”.

La cruda realidad nos recuerda que el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha elevado hasta niveles insoportables y cada vez son más los parados de larga duración que pierden todo tipo de subsidio, pues aunque el Gobierno del PP ha prorrogado la ayuda del Plan Prepara debido a la presión social, incluirá modificaciones sustanciales que limitarán el acceso de los parados a dichas ayudas en función de su colchón familiar. Así, la renta de todo el núcleo familiar (padres inclusive), servirá para determinar si se tiene derecho a recibir una ayuda que sube a 450 € para los parados de larga duración que tengan al menos tres familiares a su cargo, estableciéndose el listón en los 481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar y quedando descartado todo solicitante que sobrepase dicha cifra. Por otra parte, según el Consejo Económico y Social, 422.600 hogares vivían gracias a la pensión de los abuelos con ingresos medios de 840 € y que a pesar de su exigüidad, constituía hasta hoy el último salvavidas de los restos del naufragio económico español, pero teniendo en cuenta que se ha establecido por Ley un mínimo incremento de las pensiones de un 0,25 %, el colchón familiar verá reducido su grosor y se elevará el riesgo de pobreza y fractura social.

Así, según el último informe de Intermon Oxfam sobre “Crisis, desigualdad y pobreza”, se advierte que de continuar los recortes sociales, la pobreza en España podría llegar a afectar al 40 % de la población en el horizonte de la próxima década (en la actualidad, según dicha ONG, la tasa de pobreza se situaría en el 24% de la población y afectaría ya a 13 millones de personas). Finalmente, añadir que según Cáritas tres millones de personas vivirían ya en situación de "pobreza severa" ( menos de 307 euros al mes) mientras el número de millonarios en España habría aumentado un 13% en el último año según datos de Eurostat, con lo que se estaría agudizando de forma vertiginosa una fractura social que terminará por finiquitar la más larga experiencia seudodemocrática de la historia del Estado española (35 años).

Germán Gorraiz López

ATTAC Navarra-Nafarroa