Esta semana se produjo un hecho destacable en el Congreso de la Republica: hubo una coincidencia política entre las bancadas que apoyan al Gobierno en el tema de la paz y la bancada del Centro Democrático, su más fuerte opositor, para aprobar las modificaciones a la llamada ley de orden público, que le da facultades al Presidente para suspender órdenes de captura a miembros de organizaciones que están en proceso de paz con el Gobierno y para establecer zonas de concentración de las fuerzas insurgentes como resultado. Final de dichas conversaciones y en proceso de dejación de armas y de desmovilización. Por supuesto, otro tipo de condicionamientos no son, en principio, procedentes porque corresponden a las dos delegaciones en la Mesa de Conversaciones definirlas, previos acuerdos bilaterales y seguramente escuchando las opiniones de la misión de verificación internacional de la ONU-CELAC -número, tamaño y características de las mismas, funcionamiento-.

Pero ahora lo que me interesa, para la presente reflexión, es que alcance darle a ese acuerdo entre el gobierno y la oposición de derecha. Al respecto consideró que es fundamental diferenciar lo que parece un acuerdo circunstancial y lo que debería ser una preocupación de todos: el necesario acuerdo político y nacional.

Carlos Holmes Trujillo, un personaje público nacional de indudable importancia -ex comisionado de paz del Gobierno Samper, ex ministro, ex embajador, ex constituyente y ex candidato vicepresidencial del Centro Democrático-, ha venido proponiendo, entiendo que a título personal, la necesidad de un 'Acuerdo Político y de Estado, para darle sostenibilidad política a los acuerdos de La Habana y para tratar de consensuar sus desarrollos legales. Esa propuesta de Carlos Holmes me parece de la mayor importancia, en primer lugar por venir de quién viene, sin duda un demócrata en su trayectoria política, un estudioso de temas como la participación ciudadana, el sistema de justicia transicional ; en segundo lugar y probablemente lo más importante, porque recoge una gran experiencia internacional en procesos de terminación consensuada de conflictos internos armados y es que un requisito fundamental para darle sostenibilidad política y jurídica a los mismos -no necesariamente para su negociación-  se requiere de grandes pactos políticos entre las fuerzas predominantes en una sociedad.

La mejor garantía no sólo para que la sociedad apoye y acepte este tipo de acuerdos -en los cuales normalmente hay que sacrificar parte de justicia y de otros valores, para lograr el bien supremo de la Paz- es que las fuerzas políticas y sociales los apoyen; no se trata solamente de los partidos políticos, sino de los empresarios, las centrales sindicales, las iglesias, la academia, las organizaciones sociales, incluidas por supuesto las de izquierda, para que efectivamente se dé un pacto social y político que garantice la seriedad de lo acordado y la sostenibilidad en el tiempo.

Esto permitirá, no solamente que los desarrollos legales sean consensuados entre los diversos protagonistas políticos y sociales, sino que la propia insurgencia guerrillera pueda dar ese paso fundamental de dejar las armas y enrumbarse en su transformación en una fuerza política dentro de la legalidad, que es de lo que se trata en esencia en estos procesos de solución concertada de conflictos armados internos, que un actor político armado ilegal, previa su dejación de armas se transforme en un actor político en la legalidad.

Nuestra historia política es rica en momentos en que hemos acudido a este tipo de acuerdos; solo para recordar los dos últimos, el que dio origen al Frente Nacional entre el partido Liberal y el Partido Conservador que sepultó para siempre la violencia bipartidista; o el otro gran acuerdo que viabilizó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991  en un contexto como el de una Constitución como la de 1886 que no lo permitía, pero si lo hizo posible el acuerdo político y el consenso entre las élites del país.

Ojalá la coincidencia de esta semana acerca de la ley de orden público pudiera ser un primer  momento dentro de un esfuerzo más sistemático de los actores de poder, para llegar a construir un gran acuerdo político y social nacional en el que este la derecha política, los partidos del centro y la izquierda con organizaciones no sólo representadas en el Congreso, sino otras como el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica que representan importantes sectores sociales.

- Alejo Vargas Velasquez, Profesor Universidad Nacional, Colombia.