En febrero pasado, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, señaló que los supermercados eran los responsables –junto con los intermediarios– de la carestía de los alimentos. El ministro se quejó del precio pagado por los supermercados a los productores y del precio final al consumidor, afirmando que “aquí le sacan el jugo al campesino y le exprimen la billetera al consumidor”.

Posteriormente, después de un llamado de atención del presidente Juan Manuel Santos, el ministro matizó sus afirmaciones. El debate quedó superado por el escándalo mediático que le siguió. Pero hay que preguntarse: ¿qué tan ciertas eran las afirmaciones del ministro? ¿Qué tanto dinero ganan las grandes cadenas de distribución de alimentos? ¿Qué tanto poder tienen sobre lo que comemos? ¿Cuál es su relación con el ejercicio del derecho a la alimentación?

La producción y comercialización de alimentos opera en cada uno de sus tramos bajo las lógicas del sistema económico hegemónico: búsqueda del máximo beneficio, optimización de costes y explotación de la mano de obra. Así, los sistemas agroalimentarios están cada vez más concentrados en empresas nacionales o multinacionales que generan grandes dividendos en el recorrido de los alimentos “del campo al plato”. Monopolios, oligopolios y monopsonios son comunes en el mercado global de semillas, agroquímicos, tierras, carnes, cereales, industria alimentaria, etc. Este modo de producción y comercialización de alimentos configura desde 1990 lo que Philip McMichael ha llamado el “régimen alimentario corporativo”. Parte de estas megacorporaciones de la alimentación son las cadenas de supermercados.

El profesor y activista Raj Patel, en “Obesos y famélicos”, señala cómo las grandes superficies y los supermercados facturaron 3,5 billones de dólares en 2004.¹ El gigante mundial de los supermercados, Wal-Mart, aparece en el número 1 del listado que publica anualmente la revista Fortune 500, de las 500 compañías estadounidenses que registraron a nivel mundial mayores ventas en el 2015, y en el número 1 de Global 500. En este último listado figuran también dentro de las 100 primeras posiciones las minoristas, CVS Health (30), Costco (52), Kroger (54), Tesco (62), Carrefour (64) y Metro (97).

En Colombia, el gigante de los supermercados es Éxito, compañía que en el 2014 tuvo ingresos superiores a los 10 billones de pesos. Esta empresa, mediante compra total o parcial de otras compañías, se ha consolidado como una multilatina del sector rectail, con 2.779 puntos de venta en cuatro países. Claro está, también contamos con la presencia en el país de Cencosud (desde 2012), almacenes La 14 y Price Smart, entre otros.

Analizando el caso colombiano y el alemán, Diana Patricia Saldarriaga encontró que “Los supermercados [en Colombia] tienen establecidos márgenes de contribución entre 30% y 40%. [En el caso de productos importados] los consumidores pagan entre 80% y 120% más sobre el precio FOB de importación”². La autora afirma que el margen de productividad en un hipermercado alemán es entre el 5% y el 12%, mientras que en Colombia llega al 20%, y concluye que en nuestro país “la estrategia de los supermercados es maximizar las ganancias, es decir, el precio que mayor utilidad genere”³.

Ahora bien, los supermercados tienen un gran poder sobre nuestra alimentación. Así, Wal-Mart obtiene un 55% de sus ingresos de la venta de víveres, porcentaje que también percibió el Éxito en el 2015 por alimentos. En España, por su parte, Carrefour concentra el 23,7% de la distribución de alimentos, es decir, prácticamente controla uno de cada cuatro alimentos que se compran en este país. En Francia, se destaca el hecho de que junto con otras cuatro empresas, controlan el 90% de la comercialización de productos alimenticios.

La concentración y el dominio en la distribución de alimentos permiten a los supermercados (así como a intermediarios y agentes mayoristas) un fuerte control de la alimentación, pues establecen precios finales al consumidor y el valor a pagar a los productores de alimentos. Pero también les permite determinar qué alimentos finalmente llegan a la mesa. De esta forma, se tiene una suerte de “reloj de arena” en la estructura del sistema agroalimentario, donde el poder lo tiene el sector más estrecho, reducido grupo del que forman parte las grandes cadenas de distribución de alimentos.⁴

En este orden, los supermercados están fuertemente relacionados con el ejercicio del derecho a la alimentación, no sólo de los consumidores finales, sino también de los productores, como lo señala Olivier de Schutter, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (2008-2014). La posición dominante del comprador puede tener consecuencias sobre las estructuras económicas y sociales, y en última instancia, en los medios de vida, la sostenibilidad y los derechos de agricultores y consumidores, incluidos los derechos a un nivel de vida digno, al trabajo, al desarrollo y a la alimentación adecuada.

Por ello, afirma Schutter en su informe final, que se requieren políticas públicas dirigidas a ampliar las opciones para que los pequeños agricultores vendan sus productos a un precio decente. En concreto, recomienda a los Estados medidas como apoyar la diversificación continua de los canales de comercialización y distribución de alimentos; regular las cláusulas de los contratos entre productores y grandes compradores; usar la ley de competencia con el fin de combatir la excesiva concentración en el sector agroalimentario; generar instancias que permitan la discusión sobre la justeza de las cadenas alimentarias entre los productores, procesadores, minoristas y consumidores para asegurar que a los agricultores se les paguen precios justos por los alimentos que producen. Todo esto, como parte de las obligaciones internacionales que se demandan de cada Estado para la realización del derecho a una alimentación adecuada.

- Freddy Ordóñez es investigador de ILSA