La guerra sucia de algunos poderosos medios de comunicación que repercuten los rumores de las redes sociales, la que durante el periodo de la campaña del referéndum del 21 de febrero consiguió afectar la imagen del gobierno y del presidente Evo Morales y los resultados electorales, nuevamente ha sido reposicionada en los últimos días buscando nuevamente apuntar contra el Jefe de Estado con versiones de corrupción, tráfico de influencias y narcotráfico en la perspectiva de dañar su importante liderazgo nacional e internacional,

Esta actividad obedece a una estrategia trazada desde la oficina de coordinación de inteligencia de la embajada norteamericana con los dirigentes conservadores de la oposición, fundaciones pagadas desde fuera y dentro del país, transnacionales mineras y financieras, algunos “periodistas y analistas independientes” y los medios de comunicación conectados a las redes sociales, para debilitar cotidianamente al gobierno, distraer sus tareas y desgastar sus bases de legalidad y legitimidad como ocurre en Brasil y Ecuador y ocurrió en Venezuela y Argentina.

La evidencia mayor y más clara se ha manifestado con el “caso de la señora Gabriela Zapata”, ex pareja sentimental de Evo Morales, quien fue duramente atacada y denunciada por las redes y los medios de comunicación cuando convenía dañar al gobierno y ahora la defienden y promocionan los argumentos mentirosos de sus abogados con la misma finalidad: atacar el eje político y social del proceso de transformaciones que se han producido en Bolivia en los últimos diez años.

Ahora se presenta un documento de la jerarquía de la Iglesia Católica (obispos y arzobispos), la misma que declaró su oposición al gobierno hace ya varios años y se aplacó por la intervención directa del papa Francisco, con afirmaciones que inculpan al gobierno con actividades del narcotráfico sin tomar en cuenta los informes nacionales e internacionales al respecto, abriendo, de esta manera, la nueva campaña de la conspiración. Este documento, frente al que las autoridades han reclamado precisiones con nombres de implicados en el narcotráfico, está siendo difundido por los medios y las redes incluyendo rumores, burlas e interpretaciones malintencionadas.

Corresponde tomar en cuenta el documento político aprobado por el último Congreso de la Central Obrera Bolivia (COB), de enero pasado, que llamaba la atención precisamente sobre la doble estrategia imperialista en América Latina y en Bolivia: amenazar con la acción directa inventando casos de violencia, terrorismo o narcotráfico, por una parte, y desarrollar una ofensiva por la vía de radioemisoras, agencias de noticias, periódicos, canales de televisión y redes de internet con la finalidad de crear las condiciones para afectar a los gobiernos nacionalistas y antiimperialistas a través de una “conspiración blanda”, por otra.

El terreno ideológico es precisamente el que ha sido desarrollado por este plan frente a reacciones tímidas del gobierno, el Movimiento al Socialismo  (MAS) y los Movimientos Sociales que se manifiestan con débiles iniciativas y buscando respaldo de una pretendida “clase media” en expansión, una hegemonía que ya se habría conseguido en base a concesiones a las poderosos oligarquías empresariales y un discurso conciliador. 

Las respuestas deberán partir de acciones de profundización del proceso nacionalista y antiimperialista, de dejar de apoyar y fomentar a los sectores oligárquicos del oriente, de impulsar las organizaciones populares de base, de fortalecer las empresas comunitarias, participativas y estatales, de ejecutar un plan intenso y agresivo para desarrollar la producción agropecuaria de alimentos y de productos industriales y manufactureros para el mercado interno y de formular un programa de estrategia política en paralelo a la ejecución de los planes de Desarrollo Económico y Social. Es hora de recuperar las iniciativas estratégicas del proyecto nacional-popular.

Eduardo Paz Rada

Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.