San Juan, Puerto Rico, 21 de abril de 2016 (NCM) – Las doce empresas de Nueva York y San Juan que participaron de la gestión para vender bonos de Puerto Rico en el mercado internacional en 2011 –lo que ahora desemboca en el peligro inminente del primer impago grande de esta pequeña nación- siguen fuera del escrutinio público por aquella operación.

En cambio, hechos mucho más lejanos vuelven a salir a la luz, por parte del Buró Federal de Investigaciones, con la detención ayer de Orlando González Claudio, quien pasó varios años de cárcel por la operación del Ejército Popular Boricua-Macheteros del robo de cerca de siete millones de dólares de la Wells Fargo para financiar la lucha por la independencia de Puerto Rico.

Se desconocen detalles de la intervención, excepto que se forzó a González Claudio a ir al Centro Médico a que se le hiciera una prueba de ADN, luego de lo cual se le autorizó a irse.

Pero el caso es que unos temas se quedan en el tintero y otros vuelven a plantearse.

Mientras tanto, tanto en el Congreso y la Casa Blanca, como en el discurso difundido por los medios de comunicación, se insiste en la creencia simplista de que la deuda impagable de Puerto Rico es hechura de la adicción isleña de sufragar lujos con préstamos.

Se mueven también sin dejar mucho rastro en los radares, protagonistas de la resistencia frente a los intentos de transacciones entre el gobierno insular y sectores de Wall Street, así como contra la posibilidad de que Estados Unidos intente ensayar la dictadura como remedio a la crisis de esta colonia caribeña. Esos otros protagonistas, muchos de los cuales no dejan sus nombres para la historia, ganan fuerza relativa por el efecto paralizante que tiene en el Congreso la pugna entre inversores conocidos como “buitres” y el mercado tradicional de valores sobre quién cobrará primero, si es que aparece dinero para pagarle a alguien.

En el documento federal sobre la transacción de 2011, aparecen como que tomaron parte las entidades de Nueva York Depository Trust Company, Merrill Lynch, Citi, Barclays Capital, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co y RBC Capital Market. De Puerto Rico, aparecen entidades a cargo del mercado de valores de los bancos BBVA, First Bank, Banco Popular y Banco de Santander. Además se mencionan, como que participaron desde Europa, Euroclear de Bélgica y Clearstream de Luxemburgo.

En el mismo documento se consigna que el emisor de los bonos, el Banco Gubernamental de Fomento, dejaba consignada oficialmente la preocupación de que su situación, debido al impago de las deudas por préstamos al propio gobierno y otras circunstancias, podían poner en peligro su liquidez y el acceso a los mercados. Todavía al día de hoy, los gobiernos de Puerto Rico y EEUU mantienen silencio oficial en cuanto a aquella transacción, que no aparece –al menos públicamente- como tomada en cuenta en el análisis del problema de la crisis fiscal.

Mientras tanto, hasta las medidas que toma el Gobierno para enfrentar esa crisis crean a su vez nuevos problemas colaterales. Eso pasó al aprobarse la ley para autorizar al gobernador a decretar moratorias en el pago de deudas y acciones para proteger la liquidez, reorganizar o disolver el BGF, al que además se despojó de su función como agente fiscal del Estado.

Entre los efectos inesperados fue la renuncia de varios miembros de la junta de gobierno de ese banco del Estado, lo que dejó una laguna sobre la ratificación de cualquier acuerdo a que se pueda llegar con un grupo de los acreedores de la deuda de 420 millones de dólares que vence en mayo. Se espera que el gobernador, Alejandro García Padilla, nombre pronto los sustitutos y ya designó agente fiscal a su secretario de Estado, Víctor Suárez, lo que a su vez causó malestar en la Legislatura.

La estridencia interna en el oficialista Partido Popular Democrático llegó a un nivel mucho más alto cuando la Cámara aprobó restringir la autoridad recién concedida al gobernador en cuanto a las moratorias sobre la deuda, lo que motivó que García Padilla dijera que emitiría un veto si el Senado aprueba también la medida.

De igual forma, la lucha por mantener intacta o limitar la ley de moratorias enfrenta bandos oficialistas, como el caso del representante Rafael Hernández Montañez, que favorece eximir los bonos que cuentan con garantía constitucional y otros acuerdos especiales, mientras que el legislador y ex líder estudiantil Manuel Natal defiende que se decrete una moratoria sobre toda la deuda.

Este tipo de episodio es usado para justificar más que EEUU implante la junta para regir a Puerto Rico ante lo que se percibe como incapacidad de los cuerpos políticos, pero a la vez encona más la oposición a dicho organismo por los defensores de la autonomía y el sistema democrático. Por ejemplo, el ex ayudante de prensa del gobernador, ahora portavoz de una coalición contra la junta de control, Jerohim Ortiz Menchaca, afirmó que “sacar a quienes nos trajeron hasta aquí” de esa forma “es como tener un fuerte dolor de cabeza y, como no encuentras cómo quitártelo, te pegas un tiro en la cabeza”.

Por muchos lados surgen las oposiciones a la junta y a los acuerdos con los bonistas, como la delegación estudiantil, bajo el liderato del presidente del Consejo General de Estudiantes del principal recinto de la Universidad de Puerto Rico, Guillermo Guasp, que visitó más de 30 oficinas de congresistas para llevar sus objeciones, o el grupo Todos Somos Pueblo, que promueve reuniones en diversos puntos del país.

Entre esas señales de oposición, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego impugnó la ley para reorganizar la Autoridad de Energía Eléctrica para conformarla a un acuerdo con un grupo de bonistas. La UTIER aseguró tener el respaldo de bonistas no incluidos en dicho acuerdo.

Finalmente, varios sectores proponen que la salida es la descolonización.