Lo que está sucediendo en nuestra América, y si damos una mirada mucho más global de los procesos actuales, por ejemplo tanto en Argentina, en donde asumió la derecha neoliberal al poder por la vía democrática, así como la posible destitución de Dilma Rousseff en Brasil, son parte de la misma estrategia perversa de la derecha para establecer reglas ilegales (o destruir el sistema legal) y levantar un andamiaje jurídico pervertido de delitos impunes.

Tanto el juicio que enfrenta la expresidenta Cristina Fernández, como el actual pedido de impeachment hacia Dilma Rousseff son parte de los modos de ilegales que la derecha continental ensaya.  El objetivo es convertir cualquier cuestión sea económica, política (también el caso de la parlamentaria Milagro Sala), comunicacional en un delito jurídico, forzando y torciendo las interpretaciones (y creando pruebas falsas), mientras por el otro costado, se utiliza y se cometen actos anti-constitucionales violatorios de las normas básicas y elementales de la vida jurídica de una Nación. Este es el caso de los múltiples DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) lanzados por el actual presidente de Argentina, en total violación al articulado constitucional, derogando Leyes constitucionales y votadas por el Congreso Nacional (y no respetando la división de poderes), tan rimbombantemente falseada por esa misma derecha, que cuando debe jugar el juego legal, se convierte en un gobierno ilegal.      

La cuestión que está verdaderamente en discusión es de fondo.  Significa transformar cuestiones de política, economía, comunicacionales en delitos. Y perder el foco del análisis de esta coyuntura en solo puntualizar en las reglas democráticas.  Lo verdadero que está en discusión es la justicia y sus normas, y la derecha en el poder busca confundir a la ciudadanía sobre lo que verdaderamente constituye un delito nacional, un acto verdadero de corrupción.

Perder de vista que hay verdaderos delitos de administración cuando la derecha accede al poder, y comienza a realizar actos en perjuicio de la administración pública y en beneficio de particulares, es comprender que estamos hablando de delitos de malversación de fondos públicos. Ya sea que la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal tome decisiones que significan un aumento del 100 por ciento del valor per cápita que el Estado provincial pagará a las empresas que prestan el servicio alimentario en las escuelas (SAE), teniendo en cuenta que se recortaron 30 por ciento de los cupos de chicos que reciban comida en las escuelas (30 de cada cien chicos no comerán más en las escuelas de la provincia), significando menos platos de comida y por ende más plata a los proveedores (1), así como las maniobras asistidas por un juez para favorecer con el dólar a futuro y la devaluación a un grupo de empresarios vinculados al Presidente actual.

Comprender que un Presidente que tiene varias empresas sin declarar en el exterior, en contra de una normativa nacional que establece la ilegalidad de compañías offshore, es un delito.  Estos hechos son delitos, porque jurídicamente están establecidos, los marca la normativa. Y estar expectante como si estos hechos fueran meros relatos asombrosos de lo que sucede significa salir del orden legal que nos asiste verdaderamente para poder convivir dentro de una Nación y convalidar un estado de delictividad en el poder permanente.

El vaciamiento constante del Estado (y de las empresas gestionadas por CEOs de la competencia) es también un delito vinculado a la malversación de fondos del Estado.  Ya no es el pobre ladrón de gallinas, que seguro termina preso, significa convalidar delitos con impacto masivo sobre la población, constituyendo un ataque generalizado y sistemático y con conocimiento deliberado de dicho ataque.

(1) Gianella, Carlos. Macri 10-Pobreza 0, Pagina12,  27 de abril de 2016

Silvina Gernaert Willmar

Licenciada en Relaciones Internacionales

Especialista en Gestión Social, Ambiental y Fronteras

http://silvinagernaert.blogspot.com.ar/