Muchos periodistas en El Salvador están en la desprotección total frente a las empresas de comunicación para las que trabajan. Se sabe que en los últimos meses han sido despedidos periodistas en al menos cinco medios, la mayoría despidos injustificados.

El caso más dramático es el de un periodista radial quien, tras laborar por más de 20 años en una reconocida emisora comercial, fue despedido en forma arbitraria y sin justificación alguna. El comunicador murió una semana después de perder su empleo, y su muerte podría tener relación con su estado anímico post despido (La Fiscalía debe proceder de oficio con una investigación penal al respecto).

El despido injustificado de periodistas es un tema delicado, un problema gravísimo sobre el cual los propios medios nunca informan, y menos aún los involucrados en dichas arbitrariedades.

En el país no existe ninguna legislación o programa de protección a periodistas que les garantice condiciones seguras para realizar su trabajo y el pleno cumplimiento de sus derechos laborales. Su estabilidad depende directamente de su sometimiento a la línea política y los intereses lucrativos del medio o de su capacidad de “aguante” para trabajar en condiciones precarias y con salarios indignos.

Por eso es urgente que, no sólo la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), sino todas las organizaciones y sectores democráticos, exijan políticas públicas de protección a los periodistas frente a la violencia y los despidos arbitrarios. Si el cruel asesinato del comunicador comunitario Nicolás García el pasado 10 de marzo mandó una alerta sobre los peligros de la labor informativa frente la violencia e inseguridad que afecta al país, los despidos arbitrarios deberían confirmar la urgencia de proteger a los periodistas de la inseguridad laboral y la violencia de ciertos empresarios mediáticos.

Ahora que el país abrió un profundo debate y el Estado hizo importantes reformas sobre la asignación, distribución y uso del espectro radioeléctrico, es oportuno poner en discusión otros temas del ámbito comunicacional: la calidad y autenticidad del periodismo, la transparencia en los medios y -desde luego- la situación laboral de los comunicadores.

Ojalá que por decencia y transparencia -esa que los medios le exigen a las instancias estatales- las empresas periodísticas promovieran esta discusión. Si no lo hacen, las organizaciones sociales, la academia y la Procuraduría de Derechos Humanos podrían instalar observatorios.

Y ojalá que también el gremio periodístico se fortalezca, como espacio gremial que realmente defienda los derechos de los periodistas y como actor político que incida en el debate público sobre aspectos relevantes del periodismo, la comunicación y el modelo mediático.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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