El inicio de los diálogos para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera en agosto del 2012 es, tal vez, el hecho histórico de mayor significado en Colombia en las últimas décadas. Y ello se debe a tres partes, no a dos (Estado y guerrillas) como se ha creído.

La tercera es la sociedad civil que reafirmó mayoritariamente su compromiso con la paz en las elecciones presidenciales del 2014, por el carácter de plebiscito sobre la guerra o la paz que éstas tuvieron, eligiendo a Juan Manuel Santos con 7.816.986 votos sobre el candidato de la extrema derecha. Sociedad civil que será la responsable de aceptar o rechazar el Acuerdo, según el mecanismo de refrendación que se pacte.

Si bien es cierto el concepto de sociedad civil se presta para interpretaciones, aquí se entiende como la ciudadanía organizada en un rico y variado movimiento social, político y cultural que ha creado mecanismos de participación, haciéndose sentir de diferentes maneras, como por ejemplo en el voto por la paz en las pasadas elecciones; pero también por otros medios como se explica más adelante.

Algunos replicarán, con razón, que no es cierto que la sociedad civil entendida como movimiento de ciudadanos organizados, haya estado sentada en La Mesa de diálogos de La Habana y que tampoco lo estará en la que se pacte con el ELN. Argumento relativamente válido, ya que es imposible sentar literalmente la sociedad, salvo sus expresiones organizadas, en una mesa a dialogar sobre los grandes problemas del país. 

Quiérase o no, ésta se ha expresado en favor de la paz, los diálogos y el cese bilateral de fuego definitivo desde los más apartados rincones del país, hasta en las grandes urbes, a través de múltiples manifestaciones de apoyo, propuestas, foros, críticas, debate de ideas, movilizaciones populares, festivales culturales, de poesía, teatro, canción y arte callejero.

Como los Foros sobre Participación Política y Solución al Problema de las Drogas ilícitas organizados por la ONU y la Universidad Nacional en Bogotá y San José del Guaviare, respectivamente, en el 2013, que contaron con la participación de miles de delegados de organizaciones de diferentes regiones del país; la movilización nacional, un millón de voces por la paz, del 9 de abril del 2013 en Bogotá; además de los cientos de encuentros locales y comunitarios en favor de la paz que se registran a diario.

Todo este cúmulo de acontecimientos en torno a los diálogos de paz, las inevitables contradicciones que ha suscitado y el dinámico y amplio debate que ha abierto, están llevando a un sorprendente reacomodo de la política con sus tensiones y desarrollos. Como el que está provocando la extrema derecha en su empeño por sabotearlos, llamando a la resistencia civil, que en el fondo no es más que la continuación de la guerra civil.

A lo que aspira la extrema derecha, lo ha evidenciado, es a recuperar el poder del Estado, desconocer lo que se acuerde en la mesa de diálogos y recomponerse a partir de los intereses de clase de sectores económicos contrarios al proceso de paz, buscando mantener el dominio y privilegios conquistados en una larga guerra a costa de millones de víctimas. Parece que les conviniera más continuar con una guerra de desgaste, que hacer un alto en el camino en favor de una paz defectuosa. ¿No sería preferible para Colombia pactar esta paz imperfecta, que sostener aquella guerra desastrosa?  

El compromiso de blindar jurídicamente los acuerdos para dar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final, asegurando su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y al bloque de constitucionalidad, busca garantizar que lo pactado sea cumplido por las partes con el respaldo de los tratados internacionales. Pero también, para garantizar que lo acordado sea asumido como una decisión de Estado y no de gobierno, e impedir que sean desconocidos, alterados o cambiados en el futuro por gobiernos contrarios a éstos.

Este histórico acontecimiento permite hacer preguntas impensables hasta hace poco: ¿Será posible el fin del más largo conflicto armado del continente? ¿Significará el tránsito al debate de ideas y la disputa del poder por medios legales? ¿Qué responsabilidad le compete a cada uno de los actores, la clase dominante, de un lado, y las fuerzas insurgentes, del otro, en la colosal tragedia humanitaria que ha causado el conflicto? ¿Será posible satisfacer a millones de víctimas en su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición? ¿Qué ocurrirá si los acuerdos no son refrendados? ¿Serán invencibles las fuerzas políticas que se oponen a los diálogos? ¿Se impondrá la resistencia civil a los acuerdos de paz? ¿Qué papel tendrán las organizaciones políticas y movimientos sociales, la ciudadanía crítica, el constituyente primario, en un nuevo escenario de paz? ¿Cuál en un escenario de guerra?

Nota: el desarrollo de estas y otras reflexiones continuará en los próximos artículos.