De lograrse un acuerdo definitivo sobre el conflicto armado, las contradicciones políticas y sociales comunes a toda sociedad subsistirán, en tanto el modelo económico y político no sea garantía de justicia y equidad para la mayoría de la población. En ese contexto, es donde los viejos y nuevos actores de la lucha de clases encontrarán su razón de ser. Es decir, a partir de las nuevas condiciones que establezcan los acuerdos, continuará la lucha política para darle solución a los grandes problemas que quedaron por fuera del Acuerdo final.

Dentro de este nuevo escenario se abre, finalizada la contienda bélica, el campo para la acción del constituyente primario, para que cumpla su papel de sujeto político y motor de cambio de las relaciones de poder; y a partir de las nuevas condiciones que se creen, avanzar hacia la construcción de una sociedad justa, democrática y de derechos donde sea real y tangible, no una simple quimera, la vida digna y el buen vivir de la mayoría de sus ciudadanos. Es a partir de allí, que adquiere validez la paz con justicia social de que tanto se habla.

Pero nada de esto se logra por obra y gracia de ángeles de otros mundos, sino con gente de carne y hueso con conciencia no solo del momento que se vive, sino de los cambios que se requieren y de cómo ayudar a propiciarlos. ¿Dónde está esa gente? Por ahí está, regada por todas partes, dispersa y atomizada, se dirá. Pero si no sabe que debe juntarse, buscarse y unirse, y tampoco sabe para qué y cómo, entonces tiene de nuevo validez la acertada pregunta del ensayista William Ospina: ¿Dónde está la franja amarilla?

En la esperanza, en el amor, en la confianza, en el abrazo, en la fe, en la música, en la poesía, en el canto, en el baile, en el grito, en la marcha, en el canto del pájaro, en el relinche del caballo, en el ladrido del pero, en el murmullo de los vientos, en el arrullo de los ríos, en el deseo y en la conciencia de que necesitamos un cambio.

¿Quién constituiría el sujeto político del cambio? El constituyente primario, la ciudadanía crítica y consciente que existe en la amplia y rica diversidad de sectores que conforman la sociedad civil. Campesinos, pueblos originarios (indígenas), afros, sindicatos, empleados, trabajadores informales, desempleados, estudiantes, jóvenes, adultos, profesores, artistas, intelectuales, clase media, madres cabezas de familia, desplazados, víctimas, LGTBI, mujer y género y otras expresiones políticas.

Hasta ahora, una minoría representada en dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador, ha usufructuado no sólo el poder político, sino las riquezas de la nación. Fracasó en la tarea histórica de transformar la República, fundada tras las guerras de Independencia, en un Estado democrático y de derechos. A raíz de ello, sigue pendiente la tarea de declarar una Segunda y Definitiva Independencia.

Es a partir de este nuevo momento, cualitativamente diferente, donde los sujetos políticos y movimientos sociales históricamente reprimidos e invisibilizados cumplirán su papel, con un carácter amplio, popular, democrático y alternativo.

No se puede soslayar aquí, que una amplia franja de la población ha estado sometida al yugo de la manipulación ideológica por parte de los medios masivos de comunicación, que en lugar de informar, desinforman, y en vez de ser veraces, falsifican la realidad. Los medios de comunicación han sido las cajas de resonancia de los intereses de una minoría y de la defensa del statu quo. Lo cual tiene que ver con la forma de hacer y narrar la historia en Colombia, y cómo se apropiaron del derecho a informar. Puesto que si se reconoce que durante el conflicto armado no hubo vencidos ni vencedores, entonces tiene plena validez y sentido una mirada plural y transversal sobre el mismo, su origen, su historia, sus víctimas y sus mayores responsables.

Este nuevo enfoque debe tener en cuenta las distintas visiones sobre el conflicto armado que existen. De ahí la importancia de la creación de la Comisión Histórica sobre las causas y el origen del conflicto, la cual produjo un texto al que debería dársele una amplia difusión en escuelas, bibliotecas y universidades, en el propósito de contribuir a establecer la verdad de lo que sucedió. Un pueblo que adolezca del elemento que le hace consiente de su pasado, no podrá plantearse grandes retos hacia el futuro. Y esa sustancia es la memoria histórica.

Esa manipulación ideológica y mediática a que ha estado sometida una considerable franja de la población, explica, en gran medida, por qué el desconocimiento y rechazo mayoritario a un posible acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra. No obstante, hay un avance notorio en amplios sectores de la sociedad, sobre la importancia de la solución política al conflicto armado.

En Colombia nunca se ha tenido una apertura democrática real y duradera donde la oposición política pueda participar y disputar, en igualdad de condiciones, el poder político; por el contrario, se la ha tratado como un enemigo al que hay que eliminar, tal y como ha sucedido desde 1810.

Pactar una solución política definitiva del prolongado y cruento conflicto armado colombiano, ha sido imposible hasta ahora. Eso demuestran, sin lugar a dudas, las frustradas tentativas de diálogos que se han registrado desde 1953, cuando Gustavo Rojas Pinilla, quien había dado un golpe de Estado contra Laureano Gómez, decreta una amnistía y las guerrillas liberales de los Llanos y otras regiones se desmovilizan; siguió el asesinato de los principales líderes como Guadalupe Salcedo, Dúmar Aljure, Eduardo Fonseca y otros.

Con Belisario Betancur en 1984 se hizo otro proceso de paz, con cese bilateral de fuego, saboteado por los enemigos agazapados de la paz y los altos mandos militares, llevando a un estrepitoso fracaso. Vino luego el exterminio de la UP y otras fuerzas políticas de izquierda.

Con Cesar Gaviria entre 1990-91, lograron desmovilizarse varias guerrillas, entre ellas el M-19 y gran parte del EPL, quedando por fuera las FARC y el ELN. Este presidente dividió la negociación: unas guerrillas entraron en diálogos, se les concedió amnistía e indulto y pudieron participar en política, en cambio otras fueron bombardeadas, como las FARC en Casa Verde, que era su campamento principal.

Luego vinieron los diálogos del Caguan entre el presidente Andrés Pastrana y las FARC durante 1998-2002, donde la posibilidad de una solución política al conflicto armado quedó enterrada, ya que no hubo voluntad política de la clase dominante para resolverlo, y por otro lado, Pastrana solo buscaba ganar tiempo para rearmar y reorganizar el ejército colombiano, duramente golpeado durante la anterior década; de allí vino el Plan Colombia que diseñaron los estrategas norteamericanos.

Finalmente, vino la instalación de la mesa de diálogos en La Habana a partir del 2012, proceso que ha mostrado más madurez, seriedad, y un decidido compromiso de las partes por poner fin al enfrentamiento armado. Al que le han puesto palos en la rueda, fuerzas políticas de extrema derecha con intereses contrarios.

Conclusiones

Desde que se instaló la mesa de diálogos de La Habana, ha corrido mucha agua sucia bajo el puente. Innumerables peligros y amenazas han tenido que ser sorteados, y seguramente habrá más por sortear. Uno de ellos es la desconfianza, el cese bilateral de fuego definitivo, ganar la refrendación mayoritariamente, y así sucesivamente una serie de peligros.

Los medios de comunicación, y con mayor razón los alternativos, son también responsables de lo que suceda con los acuerdos, su refrendación, verificación e implementación. Les compete, por igual, contribuir en la difícil pero loable tarea de crear una nueva conciencia en las generaciones que van a asumir y vivir el cambio. Una conciencia para tiempos de paz y reconciliación que ayude a la normalización de la vida política.

A pesar de los intereses opuestos de sectores políticos y económicos poderosos, el proceso ha avanzado tanto que se podría afirmar que ya es irreversible, lo cual significa que se abre un nuevo momento para la esperanza, la batalla de ideas, la participación y la democracia.

La pedagogía para la paz, de la que tanto se habla, se entiende como un concepto más político que académico, como un proceso que contribuya a la socialización de los acuerdos. Que por cierto, y esto es esperanzador, se lleva a cabo en todo el país, con el fin de suscitar la comprensión y conocimiento de los acuerdos y su significado; y avanzar hacia una sociedad donde reine la convivencia, el respeto por la vida del opositor, la apertura democrática y las condiciones para disputar por medios democráticos el poder. Estos, que son elementos característicos de sociedades democráticas, en la nuestra están en deuda.

Es bien sabido que el paramilitarismo es una de las principales amenazas al proceso de paz. Exigir el reconocimiento por parte del gobierno de su existencia y su desmonte, y denunciar los ataques que viene perpetrando contra líderes del movimiento social, sindicalistas, defensores de derechos humanos, artistas, intelectuales, indígenas, afros y estudiantes, es un compromiso inaplazable de quienes aman de tal manera la paz, que están dispuestos a rechazar de la misma manera la guerra.

Se sabe, de antemano, que los diálogos de paz tienen poderosos detractores en la extrema derecha, quienes se opone abiertamente a la restitución de tierras a los legítimos dueños y reclamantes, quienes vienen siendo asesinados por fuerzas políticas vinculadas al paramilitarismo. Con esta verdad hay que contar, pero con la misma y el apoyo de la mayoría, hay que vencer.

Tal es el caso de la alianza conservadora y restauradora que encabeza el Procurador General de la nación, Alejandro Ordóñez, obstinado opositor a los diálogos de paz y defensor de la estrategia paramilitar, con el Centro Democrático que sigue las orientaciones del ex presidente Álvaro Uribe, y el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien representa los intereses de los grandes terratenientes y ganaderos del país. Alianza que junto al paramilitarismo es la más peligrosa amenaza a los acuerdos, quienes incluso llaman a la resistencia civil, invocando el tiranicidio apoyados en teólogos cristianos como Santo Tomás de Aquino, o conservadores radicales como Laureano Gómez, convocando marchas, paros armados y actos políticos en contra de la paz con el objetivo de ganar adeptos contra ésta.

Finalmente, en manos de quienes comprenden la magnitud del momento histórico que vive la nación, está no solo el futuro de los diálogos por el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, sino el compromiso de llevar a todos los rincones del país, a través de una amplia pedagogía de paz, el mensaje inequívoco de lo que significa el fin de la guerra. Compromiso inaplazable que implica, de igual modo, desatar el proceso que vuelva a convocar al constituyente primario, el único sujeto político capaz de generar el cambio en Colombia y dotarlo de la legitimidad de que carecieron los anteriores intentos. ¿Estaremos condenados a errar nuevamente?