La vista del Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a Honduras y otros países de la región centroamericana, Jeh Charles Johnson, ha puesto en entredicho los avances que se presentan en estos países en materia de seguridad y de control de los migrantes hacia el país del norte. Una de las respuestas de la administración Obama a la crisis de migrantes es el Plan de la Alianza del Triángulo Norte que involucra a Honduras, Guatemala y el Salvador, pero al parecer el problema continúa y ha aumentado.

Entre las advertencias del señor Jonhson destaca que las deportaciones masivas de hondureños y del resto de los países continuaran, en especial lo que han ingreso en forma irregular al país del norte. La solución, a criterio del Secretario de Seguridad, es un mayor control de las fronteras centroamericanas (Guatemala-Honduras), la atención efectiva al migrante y su familia en los países para que no lo intenten de nuevo y la desintegración de las bandas de coyotes que operan en la región con la venia de las autoridades.

Desde el lado de EEUU, las acciones incluyen mayor rapidez en la agilización de los fondos aprobados para el Plan de la Alianza, un mayor control en la frontera con México y la advertencia a los ilegales para que se presenten a juez de migración antes de que sean deportados, en especial los niños y niñas que tienen padres que no han legalizado su permanencia.

Y es que las cifras de las deportaciones son elocuentes. Los datos oficiales reportan que en 2009, el año del golpe de Estado, se deportaron más de 25,000 hondureños de EEUU y en 2014 está cifra aumentó a cerca de 35,000. Para 2016 se espera que el número de deportados se sitúe en 37,0000 hondureños, pero pueden ser más si que se consideran los problemas internos del país y la política del gobierno de Obama por induce a ejecutar medidas contra los inmigrantes en un año electoral  donde uno de los temas del debate final será las políticas y acciones a tomarse para detener el flujo  desde los países de la región y acelerar las deportaciones desde EEUU sin considerar tiempo de residencia en forma individual y en familia.

La primera dama de la nación, Ana García de Hernández, en comparecencia publica destaca que las cifras de deportados (retornados) de Hondureños son alarmantes, ya que según datos de EEUU en 2015 de 199,000 casos presentados en los tribunales, un 94% se resolvieron con gestión para la deportación, es decir que solo el 6% restante tuvo la esperanza de legalizar en un futuro cercano su estadía.

La búsqueda del sueño americano tiene varias causas, algunas de ellas ligadas a la falta de identidad cultural y arraigo patrio; contrario a los hondureños, los nicaragüenses no consideran que el espacio para el desarrollo y mejora de las condiciones de vida sea irse a los EEUU; para los salvadoreños la única opción de desarrollo para su pueblo y gente es las oportunidades que se ofrecen en el país del norte. En el caso de Honduras, en la coyuntura actual caracterizada por la profundización del un modelo de corte neoliberal, creciente autoritarismo del gobierno, altos niveles de corrupción, impunidad e inseguridad ciudadana y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, aventurarse a cruzar la frontera es una alternativa al “desarrollo perdido”.

Frente a ello, el gobierno de la República espera que la Administración Obama entregue rápidamente los fondos asignados al proyecto de Alianza de Triangulo Norte, lo que implica acciones conjuntas entre los países (Guatemala, Honduras y Salvador) para ejercer un mayor control en las fronteras y garantizar un trato especial a aquellas personas que son deportados, incluyendo asistencia en la obtención de empleos espurios y de tipo sicológico. Ello es extensivo a México, donde la presión de la Administración Obama es para que aleje de la frontera con EEUU a migrantes de los países centroamericanos y de otros países latinoamericanos.

En Honduras el esfuerzo se orienta a crear condiciones para la recepción de los deportados, ampliando la infraestructura física y mejorando la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y de ONGs gubernamentales para que se inserten en forma rápida en sus hogares y familias, y no intenten de nuevo volver a ingresar a EEUU. En esto juega un papel importante la ampliación y dotación de recursos del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), creación de más centros regionales y sus relaciones de cooperación con gobiernos locales, ONGs y programas de compensación social ejecutados por el gobierno central.

Un caso especial es la deportación de niños inmigrantes solos y acompañados de sus padres, que se hizo evidente con al crisis de 2014. La mayoría de los niños (as) y las madres provienen de hogares desintegrados con serias limitantes económicas. A ello se suma la creciente violencia e inseguridad que priva en los barrios de las principales ciudades de Honduras, donde estos son reclutados por las maras. El gobierno le apuesta a una estrategia de combate a la delincuencia, pero todavía los resultados no son los esperados en cuanto a declarar barrios, colonias y municipios libres de violencia y maras como ha sucedido en Nicaragua. En el caso de la atención a niños y niñas retornados,  es evidente que la capacidad institucional del Estado es insuficiente y amerita una estrategia integral donde los costos sean compartidos con las agencias cooperantes como el caso de USAID y aquellas que reciben plata de EEUU, caso de Visión Mundial, Plan de Honduras, Save the Children y Caritas.

Según Jonhson se están enviando entre 6 y 10 vuelos semanales al país con hondureños deportados, lo que implica un aumento de la demanda de atención actual y futura del gobierno, en tanto una mala practica ha sido cubrir dicha demanda en forma rápida (hospedaje, alimentación y gasto de pasaje) sin preocuparse por el acompañamiento en la búsqueda de empleos de buena calidad y creación de fondos compensatorios locales para cubrir necesidades de alimentación futuras, salud y pago de servicios públicos.

Una encuesta rápida realizada por estudiantes de la carrera de Desarrollo Local de la UNAH a personas adultas deportadas en 2015, arrojó que el 78% están dispuestos a volver intentar cruzar la frontera, ya que las condiciones de empleo en el país son duras; no hay empleo sostenible para él (ella)   y su familia. Pero también, según Casa Alianza, todavía el gobierno de la Republica no cuenta con los instrumentos necesarios para hacer habitables gran parte de los barrios y colonias de la ciudad capital de Honduras, en tanto la política y acciones de seguridad ciudadana que se ejecutan a través de las fuerzas policíacas no benefician a las familias en tanto no hay presencia permanente en dichos barrios y colonias, solo hay rondas (visitas) esporádicas e incluso se dan cuando hay denuncias de la población de un robo, asesinato o violación.

El gobierno de la Republica ha anunciado una fuerte inversión privada y publica en infraestructura a partir de los meses de junio y julio de 2016, como un medio para paliar la crisis de empleo que profundizó el ajuste neoliberal y la inseguridad ciudadana, en momentos cuando se publicita que el país ha mejorado su calificación de riesgo internacional que abre las puertas para la obtención de recursos frescos a bajas tasas de interés, y anuncia la ejecución efectiva del Plan 20/20 por los empresarios de la maquila e industria turística. Pero por el otro lado, se denuncia el despido de trabajadores del INA, SANAA, HONDUTEL y el cierre de más microempresas por el sicariato fiscal de la DEI, el aumento del costo de los servicios públicas (trancazos), canasta básica y la caída de la demanda interna.

Estas deportaciones masivas tendrán un impacto directo en la economía y sociedad hondureña. Se espera aumento de los problemas de desempleo y subempleo y de la violencia en tanto se asocia la creciente desocupación con el retorno de los migrantes y el narcotráfico. La elaboración de una estrategia de desarrollo integral para las personas y familias deportadas, en especial de niños, niñas y madres solteras es urgente. Esta estrategia debe superar el enfoque asistencialista que privada en la actualidad, descargar el trabajo que realiza la primera Dama Ana García de Hernández en organizaciones de sociedad civil, alcaldías y organizaciones de padres de familia y comunitarias; pero también definir claramente las responsabilidades y compromisos de trabajo con EEUU y países fronterizos, y los recursos que deben asignarse para traducir este instrumento en programas y proyectos de desarrollo masivos de beneficio para los (as) deportados.

Tegucigalpa, 2 de junio 2016