La locomotora del atraso en el país sigue a ciegas su ruta hacia el colapso inevitable. A pesar de la dinámica de crecimiento sostenible, que se impone día a día a nivel mundial, basada en las energías renovables, el cuidado del medio ambiente, el urbanismo responsable y el reciclaje, en nuestro país seguimos bajo la férula del diesel, los sistemas de transporte ineficientes y el cemento.

El proyecto UPME 01 Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza de 500 Kv hace parte de aquella obsesión del gobierno de seguir configurando la dependencia económica del país y su crecimiento en materia de PIB, en el sector minero-energético. Su construcción, sin equívocos, se convierte en uno de los ejes centrales de los planes de crecimiento energético que el Ministerio de Minas y Energía ha trazado para el periodo 2013-2017.

Con una inversión inicial calculada de 171 millones de dólares, esta obra está siendo llevada a cabo en asocio entre la Empresa de Energía de Bogotá (EEBB) y EPM bajo la modalidad de Alianza Público-Privada. Esta línea de transmisión eléctrica cruza por 22 municipios de Cundinamarca, 11 de Boyacá y 4 de Santander. 

Pero ¿cuáles son los efectos colaterales de estos proyectos de interconexión eléctrica de gran escala? 

La multiplicidad de efectos ambientales y de salud para quienes habitan las áreas donde se desarrollan estas obras son diversas. En varios municipios por donde actualmente atraviesan las torres se empiezan a vislumbrar afectaciones en la calidad del agua y altos riesgos, a raíz del aumento de temperaturas en los últimos meses, de incendios forestales producto de dichos cambios microclimáticos.

Entre las afectaciones en seres humanos, decenas de investigaciones a nivel mundial y algunas advertencias de la Organización Mundial de la salud dan cuenta de los efectos nocivos de campos electromagnéticos a los que son atribuibles alteraciones inmunológicas-neurológicas, así como casos de leucemia y cáncer ¹.

Debido a que es más funcional ubicar las torres en las partes altas de las montañas, tanto los nacimientos de aguas como la flora y fauna circundantes corren grave riesgo de supervivencia debido a la excesiva velocidad con la que los neutrones se mueven, fenómeno que deviene en el secamiento de los suelos y la deshidratación de las plantas hidrófilas herbáceas adyacentes. 

Campesinos de algunas zonas colindantes con torres de energía de esta envergadura, como los moradores de una de las áreas rurales del municipio de San Francisco, por donde atraviesa una línea de 100 Kv hace 10 años, dan cuenta de la extinción de sus nacimientos de agua así como de las mutaciones genéticas que sus animales experimentaron (becerros, vacas) producto de la exposición al campo electromagnético. 

Adicionalmente, las comunidades que habitan cerca al trazado también empiezan a sufrir los efectos de la construcción de las 16 torres de energía a nivel de posesión de predios debido al espacio de seguridad estipulado (30 metros), algo que ha afectado a decenas de campesinos, en su mayoría minifundistas quienes en gran parte dependen del sustento de sus terrenos cultivables. 

Las aves migratorias también se cuentan en este inventario de externalidades debido a que en sus vuelos rutinarios colisionan y se electrocutan en sus recorridos, fenómeno que obedece a un ciclo biológico que no tiene en cuenta los trazados de los proyectos de interconexión eléctrica. 

Y si de la adaptación al cambio climático y los efectos para el país se trata, tópico tan en boga en estos días en diversas discusiones que atañen al modelo de desarrollo nacional, es menester recordar como se ve amenazada con la energía que transita por estos diseños de alta densidad energética.

Estas líneas de transmisión de electricidad, por su velocidad y potencia, crean campos con alta concentración de gas de ozono troposférico y aceites PCBO hexafloruro de azufre, gases efecto invernadero causantes del calentamiento global.

Modelo socio-económico actual: la importancia de líneas de transmisión de energía para el gobierno nacional. 

Aunque pase desapercibido para parte de la opinión pública, tan acostumbrada a la promoción de las llamadas autopistas “4G", construir hidroeléctricas y líneas de interconexión eléctrica es uno de los ejes transversales del Plan de Desarrollo del gobierno nacional. 

Hace algún tiempo advertíamos sobre las externalidades resultantes de la construcción de Hidroituango, represa que se encargará, con una inversión de 5.500 millones de dólares de producir el 17% del total de energía nacional pero que, a su paso marcadamente avasallador, que contempla la desviación del Río Cauca en un tramo, ha empezado a extinguir a cientos de especies acuíferas así como a desplazar a centenares de moradores de las riveras de este histórico afluente².

Ninguna de estas obras de infraestructura es producto del azar: todas estas ejecutorias, la construcción de Hidroituango, la puesta en marcha de los 16 proyectos de transmisión eléctrica y la venta relámpago de Isagen a la empresa Canadiense Brookfield hacen parte de una apuesta integral y vertiginosa en materia energética llevada a cabo por el gobierno nacional con el fin de entregar a manos privadas, en operaciones no exentas de fraude, el patrimonio nacional para obtener réditos expeditos.

La premisa principal es extinguir cualquier tipo de posibilidad de reemplazar el viejo modelo energético, rentable para unos pero catastrófico para muchos, basado en las represas por uno más dinámico, económico y comprometido con el medio ambiente (energías renovables). 

El devenir de la disputa, la organización de las comunidades a favor de la vida y el territorio.

Carlos Mario López es un joven apasionado por la naturaleza en su sentido más amplio. Hace algún tiempo juntó voluntades con un grupo de entusiastas, profesionales que se desempeñan en diferentes campos laborales, para fundar la Alianza por el Agua. En este periplo, este colectivo ha liderado la tarea titánica de hacerle frente a la dupla EEBB-EPM al articular a las comunidades afectadas por los efectos de la línea de alta tensión Nueva Esperanza:

López recuerda parte de aquel génesis: "Ese trabajo lo empezamos con Alianza por el Agua con algunos habitantes de los municipios afectados mirando cual era la ruta de acción que en materia jurídica y de pedagogía del proyecto hacían los encargados de la construcción del trazado energético (EPM-EEBB). Por medio de redes sociales logramos contactarnos con actores locales (procedentes de municipios afectados como Cachipay, La Mesa, Anolaima, San Francisco, Tabio, entre otros) que vienen liderando los procesos de defensa de los intereses de las comunidades y que se anteponen a los de las constructoras”.

En torno al mapa en que han venido configurando el escenario de disputa y movilización Carlos Mario destapa las cartas con las cuales han venido jugando ésta, en la práctica, desigual partida “Para lograr repercutir de mejor manera decidimos primero generar una dinámica creciente de movilización centrada en la pedagogía con las comunidades sobre los efectos nocivos del proyecto. En el camino nos dimos cuenta que para vencer, desde lo argumentativo-jurídico a EPM-EEBB y deslegitimar el otorgamiento de una eventual “licencia ambiental express” por parte del ANLA, era necesario empezar a construir un estudio ambiental propio que desvirtúe la viabilidad de este proyecto en términos técnicos y que a su vez proteja las reservas ambientales, la flora y fauna con el objetivo final de presentar una demanda (acción popular) que reverse la construcción de la línea de alta tensión Nueva Esperanza”. 

López amplía su apreciación con lo siguiente: "Para darle lograr repercutir de una manera más efectiva tenemos claro que debemos fortalecer la movilización y lograr la coadyuvancia de todos los municipios afectados por esta línea de transmisión de energía, para que tenga más valor en el juzgado la demanda que presentemos en este proceso”.

Sobre la amalgama de participantes y la visión que sobre la problemática de la construcción de las torres subsiste al interior de ese cúmulo diverso de manifestantes, este Maestro en Ciencias Sociales hace caracterizaciones bastante particulares “existen actores que entienden el proyecto como una problemática transversal que ejemplifica lo que es el modelo económico y social que tiene lugar en la actualidad en el país de un lado, y participantes que solo les preocupa que el trazado los esté afectando de manera particular (y que pueden cambiar de parecer en el momento en que esto deje de suceder).

Para explicar aquella disyuntiva, Carlos Mario señala “Esto se traduce en la posición de los municipios mismos: por un lado está Cachipay, que apoya la sustitución de fuentes de energía de cara al futuro, y un cambio gradual hacia las energías limpias y del otro lado poblaciones como Bojacá que solo tiene como interés principal que las torres no pasen por sus predios, sin importar si afecta o no a sus vecinos”. 

Solo el acumulado creciente de actores sociales: activistas, colectivos, movimientos, asociaciones comunitarias, periodistas, ambientalistas; la sumatoria de expertos que ayuden a construir un proyecto ambiental alternativo al de los constructores de las torres y la formulación de estrategias jurídicas coordinadas permitirá que la amalgama de vida, colores y sueños que pueblan las praderas y valles de la región andina central, no se convierta en una difusa postal del pasado.

Felipe Pineda Ruiz, publicista, investigador social y colaborador de la Fundación Democracia Hoy. Miembro del colectivo Somos Ciudadanos.

Twitter: @pineda0ruiz

pinedaruiz@hotmail.com