La malograda frase del presidente Santos de comparar la región del Catatumbo con el llamado “Bronx” bogotano, deja ver la incapacidad del Estado colombiano para controlar el territorio. La causa no es otra que la refinada estrategia imperial que se viene aplicando en el mundo. Se trata de convertir a los Estados de los países periféricos y naciones ricas en materias primas en Estados “fallidos”, inestables, corruptos, militarizados, encargados de mantener una democracia de papel especializada en controlar y reprimir a la población. Y paralelamente, intervenir y explotar los mercados cautivos de las grandes ciudades y otras áreas productivas como el turismo, la biodiversidad y las tierras cultivables. 

En América Latina han conseguido avanzar en ese propósito en México, Colombia, Venezuela, Brasil y gran parte de Centroamérica (Honduras, Salvador y Guatemala). El conflicto armado, la economía del narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común, la corrupción político-administrativa y la conflictividad política, han sido los instrumentos escogidos para lograrlo. Los Estados “fallidos” son cascarones de burocracia sostenidos por una policía cada vez más militarizada como los ESMAD y los ejércitos oficiales, paramilitares e ilegales.  

En Colombia el Estado no controla casi nada. Si en una ciudad como Bogotá prosperó a menos de 8 cuadras de la casa presidencial, de la sede del Congreso de la República y del Palacio de Justicia, un centro de delincuencia y descomposición social como el Bronx, que hace parte de una zona más amplia que va desde la calle 26 hasta la 4ª y de las carreras 13 a la 18, en donde prosperan toda clase de negocios de prostitución, tráfico de drogas y crimen… ¿qué se podrá decir de otras regiones en donde los grupos armados ilegales imponen su ley?

El Estado colombiano es fallido. Depende de la economía del narcotráfico y otras economías ilegales para mantener su “estabilidad” económica. La oligarquía y el imperio saben que si acaban con esas economías no sólo van a tener problemas macro-económicos sino que las decenas de miles de familias que dependen de esas actividades se van a convertir en una carga y en un problema incontrolable. Los negocios que se mueven en torno a la siembra de coca, procesamiento de cocaína, transporte, producción y comercialización de insumos como gasolina, cemento, químicos, alimentos y otros productos que se llevan a esas regiones para el consumo de la mano de obra, dejarían de mover los dineros que genera e irriga esa economía ilícita. El Estado actual no está en condiciones de asimilar el impacto negativo que ese hecho generaría en la economía formal, el sector financiero y los ingresos del gobierno.

Pero además, toda esta situación es planificada. En muchas regiones y zonas específicas existen verdaderos “Estados paralelos” o de hecho, controlados por el Gran Capital. No importa que los grupos armados ilegales que actúan en esas regiones sean de izquierda o de derecha, guerrilleros o paramilitares, con discurso ideológico o con prácticas delincuenciales, eso no es importante para los grandes inversionistas en explotación de petróleo, carbón, oro, coltán, agro-negocios, mega-proyectos energéticos, etc. Poco a poco, con sobornos, impuestos o “vacunas” y prebendas de diverso tipo, los han convertido en fuerzas armadas funcionales a sus intereses. El secuestro de la periodista Salud Hernández en el Catatumbo sacó a relucir esa realidad que se trata de ocultar pero que todos conocen.

En el Catatumbo al lado de los cultivos de coca se extrae petróleo, se producen agro-combustibles y cultivos forestales, se practica el contrabando con Venezuela, se “progresa”, en medio de alianzas tácitas o no declaradas entre toda clase de grupos armados, a la vista y con el consentimiento comprado de la “fuerza pública” de ambos países fronterizos de esa enorme región. Pero esa realidad no sólo se presenta allí. Es una situación generalizada. Igual o peores fenómenos se viven en Buenaventura, en amplias zonas del Chocó, en la cordillera occidental y en la Costa Pacífica del Cauca y Nariño, en el Urabá antioqueño, en el Putumayo y Caquetá, en diversas regiones del Meta, Guaviare y demás zonas de los Llanos Orientales, y en numerosas y conflictivas zonas de muchas ciudades colombianas.

El gobierno nacional, las gobernaciones y alcaldías, las corporaciones ambientales, y en general todas las instituciones han sido cooptadas y puestas al servicio del gran capital. Por ejemplo, en el Cauca la corporación ambiental es subordinada y comprada por Smurfit Kappa y por las empresas minero-energéticas. Todavía no es un proceso total en el ámbito nacional pero está en marcha la segunda fase de ofensiva neoliberal que profundizará ese proceso. La venta de Isagen, el desmantelamiento de Ecopetrol, y la aprobación de la Ley Zidres, inauguran la aplicación de ese segundo paquete neoliberal. El Estado fallido está al servicio de esa estrategia. Es una especie de “balcanización” en cabeza de empresas transnacionales, con la asimilación funcional de todos los actores armados, legales e ilegales, que son un factor de desorden controlado, descomposición social y caos a todo nivel. Podríamos decir que más que balcanización la palabra precisa es la “africanización” de Colombia.

Como hemos dicho, no es un fenómeno que suceda sólo en Colombia. Es una realidad mundial. Brasil lo siente en sus selvas y en las favelas de las grandes urbes. Venezuela lo vive en las ciudades con la corrupción, delincuencia y descomposición social. México ha sido arrasado con la economía del narcotráfico y todo tipo de violencias. Y los países petroleros del Norte de África y el Medio Oriente con las guerras de intervención imperial.

Colombia se entusiasma con la terminación del conflicto armado. Es bueno que una fuerza armada ilegal que terminó siendo funcional a la estrategia imperial se salga de esa dinámica. Pero no es bueno que bajemos la guardia y nos ilusionemos con lo que no va a ocurrir. No va a haber ni una “simple paz”, ni una “paz imperfecta”, ni siquiera una “paz precaria” o “perrata”. Será un nuevo tipo de guerra como la que ya vivimos: una guerra contra el pueblo y la naturaleza. Una guerra no reconocida, invisible, subterránea, manipulada y manejada por el gran capital. El Estado fallido sólo es un distractor, una apariencia, un embeleco.

Popayán, 9 de junio de 2016

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