Crecientemente, Internet y el ciberespacio son el escenario de disputas de poder, donde superpotencias y corporaciones transnacionales protagonizan una pugna mundial por conquistar y dominar esta nueva dimensión, integrándola en el marco de los conflictos geopolíticos, geoeconómicos y militares.  Esta pugna tiende a dejar en segundo plano otra disputa –no menos relevante– entre distintas visiones de Internet, que enfrenta esta óptica de poder y dominio con otra, centrada en afianzar los derechos y el empoderamiento de la ciudadanía a través de su apropiación de la tecnología y los nuevos espacios comunicacionales.  Esta segunda pugna tiene como escenario las luchas de innovación y resistencia, desde el ámbito local hasta el mundial, para ir conquistando, paso a paso, derechos, garantías y políticas de defensa del interés público en el ámbito virtual.

Hoy han quedado atrás las ideas utópicas de los inicios de Internet, que daban por sentado que sería un espacio autogestionado de intercambio, donde florecería la democracia directa, así como medios de comunicación democráticos y participativos, oferta y recepción de servicios sin intermediarios, libre intercambio de información y conocimientos: en suma, un espacio de comunicación sin fronteras ni jerarquías, de relaciones horizontales en red, bajo control descentralizado.  De hecho ello ha ocurrido en diverso grado; pero ha quedado como un asunto marginal en el contexto global de Internet, quizás porque no se percibió a tiempo que implicaba una lucha clave.

En efecto, en la última década y media, se ha producido una acelerada concentración de la infraestructura clave, de las plataformas más utilizadas y de los mecanismos de control y gobernanza en la Red de Redes.  A ello ha contribuido el dominio que mantiene EEUU sobre gran parte de la infraestructura crítica y los aspectos más estratégicos de la gobernanza de Internet, con lo que impone un control unilateral sobre el que hoy es el más importante sistema de comunicación mundial.  A ello se añade el “efecto red” (que significa que los usuarios tienden a optar por utilizar las mismas plataformas donde ya hay más personas), que ha permitido la conformación de empresas internacionales cuasi monopólicas que acaparan cada vez más –y controlan a su antojo– los espacios donde se convive e interactúa en Internet, en particular las redes digitales[1].

Es más, ahora, Washington, en su búsqueda por extender aún más su dominio mundial y favorecer a sus empresas, ha incluido las tecnologías y plataformas digitales en las negociaciones de los nuevos tratados de libre comercio, como el Tratado Transpacífico –TPP- y el Transatlántico -TTIP-.  Por ejemplo hay cláusulas del TPP que obligan a los países signatarios a permitir la transferencia transfronteriza no regulada de datos de usuarios; y que prohíben que los gobiernos exijan que las empresas almacenen estos datos en servidores locales.  Ello podría vulnerar cualquier legislación nacional de protección de la privacidad frente a la vigilancia o los abusos del marketing[2].  Otra cláusula permitiría a cualquier empresa demandar a un proveedor de servicios Internet en un país signatario, que dé de baja de sus servidores un sitio Web con contenidos que considera afectan sus derechos de propiedad[3].  No está claro si eso pasaría por una decisión judicial, como debería ser.

Luchas en torno a las políticas públicas

Si antes, muchas personas venían argumentando que no se necesita de la intervención estatal para reglamentar y gobernar los espacios digitales, hoy queda cada vez más en evidencia que no se los puede dejar librados solo a la “autogestión” o a las leyes del mercado; sin reglamentación, se impone la ley del más fuerte.  Por lo general hay acuerdo que se necesitan políticas públicas y mecanismos de gobernanza: la disputa es en torno a qué tipo de políticas públicas –si son para defender los intereses ciudadanos o particulares–, y quienes las definen.

En un ámbito tan amplio y complejo, hay muchas disyuntivas por resolver.  Para mencionar algunas: ¿Qué equilibrio establecer entre la seguridad del Estado y de la ciudadanía (por ejemplo, frente a supuestas amenazas terroristas) y las garantías de privacidad de las comunicaciones y de las personas?  ¿A quién pertenece los datos de los usuarios de Internet, que se recopilan en ingentes cantidades y que se vuelven una gran fuente de lucro y poder?  ¿Qué priorizar entre el derecho de acceso a la información y los conocimientos, y los llamados derechos de propiedad intelectual?  ¿Es justo permitir que los proveedores de servicios de Internet discriminen los contenidos que se transmiten por sus canales, mediante cobros diferenciados, creando así una Internet de primera y de segunda clase?  ¿Se debe permitir a los nuevos servicios en línea (intermediación de ventas, transporte, empleos…) que hagan competencia desleal, sin reglamentación, con servicios tradicionales que sí están sometidos a reglamentos?

Entre los casos más emblemáticos de los últimos meses se destaca la lucha en India en torno a la neutralidad de la red (o sea, el principio que los proveedores de conectividad deben dar acceso a los contenidos sin privilegiar a un participante de la red por encima de otros); lucha que culminó exitosamente este año, cuando la autoridad regulatoria de telecomunicaciones adoptó una histórica decisión de prohibir las tarifas discriminatorias para los servicios de datos.  La decisión respondió a una amplia movilización entre la población contra servicios de tipo “tasa cero”, como la iniciativa Free Basics de Facebook.  Promocionada por la empresa como una oportunidad para poblaciones desconectadas de tener su primer acceso (limitado, pero sin costo) a Internet a través del celular, el fallo considera más bien que tales prácticas son particularmente perjudiciales para países en desarrollo como India, porque “van en contra de las características básicas de Internet y deben ser restringidas de entrada, debido a las consecuencias de largo alcance que seguramente tendrían en la estructura de la Internet y los derechos de los interesados.  Una vez que se permitan tales prácticas, podría ya no ser posible cuantificar, medir o remediar las consecuencias a corto y mediano plazo”[4].

Entretanto, varias ciudades han tenido enfrentamientos con empresas que ofrecen sitios para contratar transporte privado, como Uber, cuya interfaz acopla choferes con pasajeros y que cuenta con un sistema de precios que fluctúa según la demanda.  Estos servicios están sacando de la calle a los taxis tradicionales, que tienen que cumplir con una serie de regulaciones y operar con precios fijos.  Es más, Uber se considera intermediario y no empleador, por lo que los choferes no reciben ningún beneficio social.  Cuando las ciudades buscan reglamentar el servicio, Uber utiliza su plataforma para movilizar a sus usuarios contra las autoridades, táctica con la que venció incluso a las pretensiones de la ciudad de Nueva York de reglamentar sus servicios.  Sorprendentemente, la ciudad de Austin, Texas, ganó recientemente una pugna con Uber y Lyft, cuando acudió a una consulta popular en torno a si se debe obligar a los choferes de estos servicios a someterse a controles de identidad, como garantía para la seguridad de los pasajeros.  No obstante una campaña beligerante y costosa de estas empresas (en la que invirtieron más de 10 millones de dólares), la moción ganó el apoyo de la ciudadanía; y las empresas, en represalia, se retiraron de la ciudad.

En América Latina…

En nuestra región, hay situaciones muy dispares en la adopción de políticas públicas respecto a la nueva realidad digital de la comunicación y el conocimiento.  El Marco Civil de Internet de Brasil fue uno de los avances más significativos, ya que garantiza la neutralidad de la red, obliga a las empresas proveedoras a asegurar la privacidad de las comunicaciones y, por lo general, defiende los derechos de los usuarios.  Elaborada con amplia participación ciudadana, y aprobada hace dos años, esta ley solo entrará plenamente en vigencia ahora, desde que, en uno de sus últimos actos antes de ser suspendida de sus funciones por un golpe parlamentario el pasado 12 de mayo, la presidente Dilma Rousseff firmó el decreto de reglamento del Marco Civil.  Pero el presidente encargado Michel Temer ha anunciado su intención de rever las últimas decisiones de Rousseff y la industria de telecomunicaciones ya tiene propuestas presentadas ante el Congreso contra el marco civil[5].

Otra iniciativa innovadora es el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación (COESC), en Ecuador, actualmente en consideración de la Asamblea Nacional, que fue elaborado asimismo con aportes de la ciudadanía.  La propuesta base del COESC apunta a “la construcción de un sistema económico social y solidario; y, a la transición desde una matriz productiva excluyente y monopólica, basada en la extracción de recursos finitos, a una incluyente y democrática, basada en el uso intensivo de recursos infinitos – los conocimientos, la creatividad y la innovación”[6].

Iniciativas como éstas en el ámbito local o nacional son importantes porque, más allá de su implementación in situ, van configurando antecedentes que inspiran nuevas luchas e iniciativas en otros lugares.  Pero no hay que perder de vista que hay límites a lo que se pueda legislar en el ámbito nacional, siendo que el ciberespacio no tiene fronteras.

Las empresas que dominan Internet –una docena de transnacionales estadounidenses– tienen tanto poder que ni en EEUU existe la voluntad política de aplicarles las leyes antimonopolio.  Rusia y China tienen sus propias plataformas; China bloquea el ingreso de algunas corporaciones como Facebook y Twitter y Rusia ha aumentado las restricciones.  La Unión Europea ha emprendido acciones legales contra Google y otras corporaciones estadounidenses por abusar de su poder de monopolio, o por competencia desleal (por ejemplo, de Skype o WhatsApp, con las empresas telefónicas).  Pero la mayoría de países no tienen la capacidad de enfrentar esas gigantes.  Mientras tanto, los organismos mundiales de gobernanza de Internet son dominados por esas mismas empresas y el gobierno estadounidense[7].

En este contexto, se requiere crear nuevas instituciones democráticas, en lo nacional y lo internacional, con el mandato de generar soluciones a las nuevas realidades digitales y formular políticas públicas, desde un enfoque del interés público[8].  Pero es poco probable que ello se dé a menos que haya una fuerte presión social en ese sentido, que implicaría construir puentes entre las diversas luchas y movimientos que comparten la visión de una Internet ciudadana.

Sally Burch es periodista británica-ecuatoriana.