La plaza (Plaza de la Constitución) es el nombre con el cual se conoce el lugar de confluencia de las movilizaciones ciudadanas iniciadas en 2015, gestadas para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, de la vicepresidenta Roxana Baldetti y de los funcionarios públicos, los militares, los empresarios, los políticos, etcétera, que integraban redes de crimen organizado dedicadas al saqueo del Estado guatemalteco, así como el juicio contra todos ellos.

La plaza fue un lugar privilegiado de expresión de la indignación ciudadana. Allí confluyó en movimiento lo que somos como sociedad, con buena parte de su complejidad y de sus contradicciones. En ese espacio se expresaron voces e intereses procedentes de toda la estructura de clases sociales; de las variadas procedencias étnicas, nacionales y religiosas; de todas las ideologías políticas; y de las heterogéneas formas de organización y acción colectiva. Predominó, no obstante, la presencia de extracciones urbanas, mestizas y adheridas al pensamiento y a la acción hegemónicos.

Este espacio sigue en disputa porque contribuyó al desarrollo de las estrategias de los factores dominantes de poder y puede seguir siendo utilizado para tales propósitos. Asimismo, porque ha sido soporte político de los procesos de investigación, persecución y enjuiciamiento de redes de corrupción. Dos razones que, en la dinámica relacionada con la plaza, no son contradictorias y se resuelven cuando determinados actores promueven, frenan o combaten la movilización en dicho lugar.

Lo que resulta un hecho es que la plaza es un espacio sobre el cual se pretende tener el control y la capacidad para orientarlo en función de intereses políticos e ideológicos diversos y contradictorios.

Veamos algunas de las principales posiciones que se disputan este espacio.

Por un lado, a través del partido político Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), cámaras empresariales, grupos corporativos, medios de difusión masiva (especialmente televisivos), oenegés y fundaciones que operan como aparatos paraempresariales y la clase dominante (con intereses comunes y al mismo tiempo contradictorios) pretendieron que las movilizaciones no se desarrollaran por el riesgo de que devinieran en lo que ellos llaman ingobernabilidad. Al no lograrlo, eventualmente se sumaron a la movilización con una agenda conservadora para que las luchas y las banderas históricas de los explotados y oprimidos no fueran levantadas e incorporadas a este espacio. Como parte de su estrategia política, sectores de esta clase dominante, en alianza con otras fuerzas, principalmente de cuño contrainsurgente, insertaron la consigna «no te toca», especialmente orientada contra del partido Líder —organización también corrupta y estrechamente vinculada al Partido Patriota, en el Gobierno—, mientras hicieron avanzar la opción del partido FCN-Nación y de su candidato Jimmy Morales, que finalmente ganó las elecciones. Todo esto, para garantizarse un margen de control en la administración gubernamental (2012-2016) que garantizara la continuidad del modelo de acumulación de capital y del Estado como garante de sus privilegios.

Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos apuntaló la bandera de la anticorrupción, que, en tanto mecanismo de intervención (como ha sucedido con el narcotráfico y el terrorismo), hace parte de su estrategia para promover cambios en la gestión gubernamental, legislativa y judicial del Estado guatemalteco. Esto, para viabilizar y facilitar la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Este plan es de interés geoestratégico para Estados Unidos y constituye un dispositivo de poder para dar continuidad a su política de conducción del Estado guatemalteco en función de los intereses de aquella nación y garantizar el control de la región. Es bien sabido que dicho plan tiene importancia relevante en materia de narcotráfico, migración, gobernabilidad y contención de movimientos progresistas influidos por o confluyentes con los procesos devenidos en el sur de nuestra América. La Embajada de Estados Unidos apuntala la bandera de la anticorrupción, principalmente desde el engranaje institucional, que se concreta en el Ministerio Público y en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Cuenta a su favor, además, con una hegemonía que se expresa dentro o fuera de la plaza, en la cual su papel de imperio resulta cuestionado apenas levemente.

En este contexto, diversos colectivos y organizaciones accionan en la plaza, desde aquellos que apuestan por reformas institucionales menores y conservadoras hasta aquellos que propugnan cambios transformadores del Estado. Vale decir que, en este contexto, estos últimos no logran convertir la plaza en espacio orientado a la transformación social, lo cual se debe —en parte— al hecho de que llegan a este lugar con una correlación de fuerzas adversa y sin la capacidad de orientarlo en una dirección distinta a la que sigue teniendo: con predominio de la agenda anticorrupción y contra la impunidad de las redes mafiosas que saquean el Estado.

Siendo la plaza un espacio en disputa, un paso importante que deben dar las organizaciones y los ciudadanos que pretenden la transformación del Estado es un análisis que considere las fuerzas políticas, los intereses y las estrategias que confluyen contradictoriamente en dicho lugar. Solo así se logrará dar respuesta a muchas preguntas. ¿Hasta dónde quienes reivindican la plaza están fetichizando el lugar? ¿Es la plaza el lugar donde se define la correlación de fuerzas de poder? ¿Es la plaza otro distractor? ¿Es en la plaza donde se decide el curso de los procesos político, judicial y mediático? ¿Quiénes son los que determinan, condicionan o mueven los hilos que orientan la movilización en la plaza? ¿Cómo gestionan la plaza los grupos corporativos, el Cacif y la Embajada de Estados Unidos? ¿Qué lugar tiene la plaza en la búsqueda de la transformación del Estado? ¿Acaso no hace falta definir primero un proyecto político alternativo, el sujeto político que lo sustente, el instrumento y la estrategia acertada para lograr transformaciones profundas? ¿Qué importancia tiene la plaza en el marco de un proyecto y una estrategia política transformadora? Y por último preguntas como para qué, quiénes, cómo y cuándo disputarse la plaza como lugar para la lucha política.

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Mario Sosa

Investigador en el Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE), de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar.