El jueves 23 de junio, el Secretario General de la OEA, en una sesión extraordinaria del Consejo de dicho organismo dio muestras de que no descansará en su campaña para lograr que Venezuela “vuelva” a la democracia, lo que según Almagro solo se logrará realizando un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro¹.

Como se ha aclarado, dicho referendo podría hacerse pero cumpliendo con los plazos institucionales establecidos en la Constitución venezolana, que no son los “deseados” por el Secretario General.

Además, Almagro no se detiene a pesar del estrepitoso fracaso cosechado entre fines de mayo y principios de junio, cuando buscó generar la confusión de que su voluntad era la de toda la OEA. Sin embargo, en la reunión del 1 de junio, quedó claro que tal unanimidad es falsa y que la mayoría de los países apoyan el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. En dicha ocasión se resaltó además que todo Estado tiene derecho a elegir su sistema político sin injerencia². Lo mismo quedó en evidencia en la reunión del jueves pasado, cuando no se llevó a cabo ninguna votación, sino que la sesión se enfocó únicamente en el intercambio de posturas entre países y la conclusión fue que los embajadores “tomarán nota” de lo que pasa en Venezuela pero que apuestan al diálogo³.

Lo significativo es que a pesar de las reiteradas derrotas, Almagro sigue adelante con su “propuesta”, dando cuenta de que no se trata de un proyecto personal. Su campaña cuenta con un importante apoyo, y no solo de parte de la derecha venezolana, sector que viene actuando mediante diversas acciones, la mayoría ilegales, para lisa y llanamente, derrocar a Maduro –en efecto, el 27 de junio Ramos Allup declaró que considera que la Carta Democrática ya ha sido activada por la OEA, contradiciendo las decisiones del organismo⁴. El otro punto de apoyo de esta “cruzada” contra Venezuela, son representantes de organismos estadounidenses supuestamente no vinculados a dicho gobierno. Parecería contradictoria esta afirmación si se consideran las declaraciones de “buena voluntad” realizadas por el actual Subsecretario de Estado del Departamento de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, que estuvo en Caracas justo antes de la reunión del jueves 23 de junio⁵.

Sin embargo, la toma de decisión excede ampliamente la postura publicada por la diplomacia oficial y para objetivos como el que se persiguen en Venezuela (derrocar al gobierno de turno) se opera como una gran corporación, donde el entramado entre entidades diversas –vínculo que se oculta al público general– tiene el mismo objetivo: reproducir el sistema que les garantiza su existencia. Esta metáfora puede ser útil para ilustrar la presión que ejercen personajes como Michael Shifter, representante del Inter American Dialogue (Grupo de Diálogo Inter Americano) y Human Rights Watch (HRW) para que la OEA aplique la Carta Democrática en Venezuela.

Michael Shifter es una de las voces “expertas” que se han impuesto sobre lo que sucede en Venezuela. En sus referencias a la reunión del pasado jueves 23 de junio, Shifter aclara: "Venezuela fracasó en su esfuerzo por bloquear la sesión, pero el apoyo al enfoque más enérgico de Almagro parece bastante débil. Desafortunadamente, quizás solo una tragedia más allá de lo que ha pasado hasta ahora en Venezuela fuerce a los Gobiernos miembros a actuar de manera más enérgica"⁶. Esta última expresión puede ser entendida como una provocación. Pues parece que se estuviera advirtiendo que si se produce una tragedia, eso será un medio para lograr el fin deseado: que Venezuela se someta al modelo neoliberal. No sorprende que el párrafo citado provenga de Shifter, cuya trayectoria es uno de los ejemplos más elocuentes de la puerta giratoria que articula intereses privados y públicos estadounidenses al servicio de la elite del poder. Es el representante del mencionado grupo de Diálogo Interamericano; fue director de proyecto de la National Endowment for Democracy y de la Fundación Ford. A su vez, es miembro de Council on Foreign Affairs.

Baste con mencionar que el Grupo de Diálogo Inter Americano se autodefine como una “red de líderes globales [comprometidos] a perseguir la gobernanza democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe. Juntos, trabajamos para dar forma al debate político, encontrar soluciones y mejorar la cooperación en el Hemisferio Occidental”. En una palabra: un grupo reducido de “autoridades” que definen qué es la democracia y qué no lo es⁷. En este organismo participan personalidades que con sus trayectorias dan cuenta del avance neoliberal en la región, no sólo en cuanto políticas económicas, sino en cuanto a su triunfo ideológico: Fernando Henrique Cardoso (que es parte de la Junta Directiva); Moisés Naím; Sebastián Piñera; Juan Manuel Santos y Mario Vargas Llosa, entre otros⁸. Este fue uno de los organismos que llevaron a cabo una fuerte campaña para desprestigiar al gobierno venezolano en los meses previos a las elecciones a la Asamblea Nacional, a finales de 2015⁹.

Sorprende un poco más la postura de Human Rights Watch, que se ha presentado a nivel internacional como una ONG “seria” y “apolítica”. Sin embargo, es una de las que pidió especialmente a Almagro la aplicación de la Carta Democrática “para responder a las amenazas al orden democrático” en Venezuela (16 de mayo 2016)¹⁰ . Del mismo modo, y en continuidad con el mencionado pedido, en la reunión del jueves 23 de junio, José Miguel Vivanco, director para América de HRW, señaló que si una mayoría de países votara para avanzar con la discusión puede ser una “derrota” para Venezuela¹¹.

Es curiosa la preocupación exclusiva de HRW para que Venezuela “retorne al orden democrático”, cuando se tiene en cuenta la información publicada por esta ONG respecto de lo que sucede en México en el marco de la “guerra contra las drogas”. Por ejemplo, ha publicado que durante el sexenio de Calderón fueron asesinados 60 periodistas en ese país¹². Luego de lo ocurrido en Ayotzinapa, HRW escribió una carta a la Procuraduría General de la Nación (México), advirtiendo sobre el grave abuso a los Derechos Humanos en ese país,: “… el asesinato de 22 civiles por parte de soldados en Tlatlaya (…) y la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, si bien […] fueron ejemplos extremos, lamentablemente no se trata de incidentes aislados”¹³. Sin embargo, hasta donde conocemos, HRW no convocó a la OEA a que tomara ninguna medida drástica contra el gobierno de Calderón en su momento o contra el actual gobierno de Enrique Peña Nieto. Se trata de un país donde el Estado de excepción es en los hechos permanente¹⁴, pero parece que eso no pone en peligro el “orden democrático”.

Esta ONG, con sede en Washington D. C., ha sido una de las mayores opositoras al gobierno de Chávez. En concreto, HRW trabajó de cerca con la National Endowment for Democracy y la USAID en actividades orientadas al desprestigio y desestabilización del gobierno venezolano¹⁵. Con este antecedente, sería difícil afirmar que se trata de una organización "independiente" de los intereses del gobierno de EEUU.

Lo expuesto hasta aquí da cuenta de que el pedido de aplicación de la Carta Democrática y la revocación de Maduro, en contra de lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es una cuestión de “un grupo” de la oposición venezolana o de sectores aislados. Se trata de un conjunto de instituciones y organismos muy diversos que trabajan con el objetivo de imponer en Venezuela un “orden democrático” a la medida del libre mercado.

Silvina M. Romano/CELAG

http://www.celag.org/almagro-co-la-cruzada-contra-el-gobierno-venezolano-por-silvina-m-romano/