El cuatro de julio se cumple el veinticinco aniversario de la proclamación de la Constitución de 1991, que para muchos ha sido la entrada en la modernidad de la sociedad colombiana, por cuanto en ella se reconocen la diversidad nacional, los derechos de los ciudadanos, establece mecanismos para su defensa, especialmente la acción de tutela –probablemente el más popular entre los ciudadanos para la protección de derechos fundamentales-. Y es un buen tiempo, un cuarto de siglo, para reflexionar acerca de las circunstancias en que se produjo y de su impacto en la sociedad.

Recordemos que el proceso constituyente de 1991 fue una salida extra-institucional, que se viabilizó por un gran consenso político nacional que llevó a las elites y a la mayoría de los colombianos a encontrar en este camino, una salida a la crisis política del momento –esto es importante recordarlo, porque los colombianos hemos mostrado a través de la historia una gran creatividad para encontrar salidas extra-institucionales para resolver graves problemas como los que estamos viviendo en la hora actual. En ese momento había una crisis aguda del régimen político, un panorama de violencias entrecruzadas que hacían la vida en la sociedad caótica, pero al tiempo se surtían las primeras negociaciones exitosas con sectores de la insurgencia con el gobierno de Virgilio Barco, también se iniciaba el primer intento de sometimiento a la justicia de un sector relevante del narcotráfico expresado en el llamado ‘cartel de Medellín’ y se evidenciaba el gran impacto que a nivel global causó el derrumbe del llamado ‘muro de Berlín’ o el hundimiento del denominado mundo socialista. Todo esto acompañado de una incapacidad institucional –especialmente de las cortes y del congreso- para dar las respuestas en términos de reformas de fondo. Y por supuesto, el detonante de la séptima papeleta liderada por el movimiento de los estudiantes que proponen la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

Por eso la Asamblea Nacional Constituyente es la expresión de una pluralidad política, más cercana al país nacional –como diría Jorge Eliecer Gaitán-. Además del Partido Liberal que fue el de la representación mayoritaria, con su llamada ‘operación avispa’, la lista individualmente más votada fue la de la Alianza Democrática M-19, luego la del Movimiento de Salvación Nacional, el Partido Social Conservador, la Unión Patriótica, los indígenas, las minorías religiosas. Todo ello llevó a ensayar un manejo político novedoso, como la presidencia colegiada de la Asamblea Constituyentes en cabeza de los líderes de las tres principales fuerzas, Horacio Serpa Uribe, Antonio Navarro Wolf, Álvaro Gómez Hurtado y las comisiones de la Asamblea coordinadas por representantes de las fuerzas minoritarias. Una novedad frente al histórico y ya para ese momento asfixiante bipartidismo liberal-conservador.

Por ello la Constitución de 1991, a diferencia de la de 1886 que en su momento fue la expresión exclusiva y excluyente de un proyecto político, va a ser la expresión de un escenario de concertación política entre esta diversidad de fuerzas en el cual principios como el de la solidaridad social, la participación, la justicia social, la democratización, la tolerancia sean los que, orientan fuertemente el nuevo pacto constitucional y por supuesto, también le permitió al Estado colombiano adecuarse a las nuevas realidades de las políticas macroeconómicas de corte neoliberal que se han convertido en hegemónicas.

Como sabemos, el constitucionalismo colombiano y latinoamericano no ha sido pétreo, por el contrario el reformismo constitucional ha sido una constante –hasta hoy día tenemos más de una treintena de reformas constitucionales-, por ello es pertinente reflexionar si se requiere cambiar la Constitución de 1991 o si ella requiere una reforma profunda en aspectos como el de la justicia o el del ordenamiento territorial, que permitan conservar lo positivo de esta norma constitucional y mejorar las deficiencias que son evidentes hoy día, después de un cuarto de siglo de vigencia.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional