La izquierda y una elección anunciada

Después de dos décadas de drástica reconfiguración neoliberal las elites peruanas enfrentaron las elecciones generales de Abril del 2016 reconfortadas por el hecho que –aunque con pequeñas diferencias -- la gran mayoría de las doce listas competidoras mantenían similares estrategias económicas ortodoxas. Sin embargo en contra de todas expectativas la izquierdista Verónica (‘Vero’) Mendoza alcanzo el tercer puesto forzando a un balotaje entre la favorita Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kucynski, considerado hasta ese momento como uno de los candidato con menos lustre. La segunda vuelta de la elección presidencial de principios de Junio resultaría la mas competida y mas estrecha de las que se tenga memoria en la historia peruana.

Por escaso margen de algo mas de cuarenta mil votos, el ex-economista del Banco Mundial y banquero de inversión en Wall Street Pedro Pablo Kucynski, se impuso a la hija del ex-presidente Alberto Fujimori –encarcelado por abusos a los derechos humanos y apropiación ilícita de fondos públicos. Inusitada victoria para un candidato que habiendo sido desplazado por un margen estrecho al tercer puesto en las encuestas por la candidata izquierdista en la primera elección de Abril, logro el segundo puesto gracias a una desesperada campaña mediática de último minuto --denominada por los medios de derecha como las “últimas veinticuatro horas para salvar al Perú.” Personajes públicos del mundo de la política al del entretenimiento –incluyendo a la primera dama Nadine Heredia—se incorporaron al ataque. Para algunos la posición de Mendoza en defensa del medio ambiente perjudicaría la inversión minera. Desde el pulpito, el arzobispo de Arequipa –una de las ciudades mas grandes del país—declaro que sería “un pecado” votar por una candidata que favorecía los derechos al aborto y a las uniones del mismo sexo. Otros demonizaron a la candidata del Frente Amplio como una “izquierdista radical,” o peor como una terruca (término peyorativo utilizado en Perú para hacer referencia a terroristas) cuyo verdadero objetivo sería el de convertir al país en “una Venezuela chavista” o en una “Cuba comunista.”

La ofensiva mediática resto ímpetus a la carrera ascendente de Mendoza en las encuestas de opinión. Llegado el día de la votación Kucynski obtuvo 21 por ciento del voto válido seguido muy de cerca por Mendoza que logro el 19 por ciento pero a la vez bastante lejos del 40 por ciento de Fujimori. La agrupación electoral de Kucynski, Peruanos Por el Kambio (PPK) obtuvo 18 congresistas de una legislatura unicameral con un total de 130 asientos, Fuerza Popular de Fujimori logro 73, y el Frente Amplio 20.

Puesto en el contexto de las recientes victorias de la derecha en elecciones presidenciales en Argentina, parlamentarias en Venezuela, y el golpe legislativo en Brasil, el pase al balotaje de Junio de dos candidatos, que según el Washington Post diferían solamente “en estilo,” fue celebrado por la derecha peruana como la derrota definitiva de una izquierda considerada como una suerte de anacronismo en la era del “fin de las ideologías.”

El rechazo de la izquierda fue sin embargo prematuro ya que el Frente Amplio cumpliría un rol decisivo en la elección presidencial. Después de intenso debate interno en el Frente Amplio, Verónica Mendoza insto a sus seguidores a votar por Kucynski “para detener el avance del fujimorismo.” Sin el voto de las siete regiones del sur Peruano –bastión electoral del Frente Amplio en donde Mendoza gano la primera vuelta por amplios márgenes -- la elección de Kucynski a la presidencia hubiera sido imposible. Por su parte, el colectivo de organizaciones de base ¡No a Keiko! –formado en el 2009 como una red de organizaciones juveniles, de derechos humanos, familiares de los desaparecidos y las hijas de las mujeres esterilizadas durante el gobierno de Fujimori—anuncio su apoyo al voto por Kucynski “para prevenir un segundo fujimorato...para prevenir la reivindicación del régimen político mas corrupto y antidemocrático de la historia peruana.y para demostrar que la mayoría de los peruanos todavía tenemos dignidad y memoria.”

Establecida inicialmente en el 2009 como una red de grupos culturales juveniles, el colectivo ¡No a Keiko! ha jugado un rol importante en mantener viva la memoria de los abusos, muerte y corrupción que caracterizaron los diez años de gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Cuatro días antes de la elección, encabezados por una gigantesca banderola inscrita con el eslogan ¡No olvidamos, No perdonamos, No a Keiko! miles de miembros de sindicatos obreros, federaciones estudiantiles, asociaciones barriales, grupos de derechos humanos, organizaciones de mujeres, y colectivos LGBT, así como artistas e intelectuales marcharon por las calles del centro de Lima. Simultáneamente también se realizaron marchas en otras 17 ciudades del país y de Europa y las Américas, incluyendo Nueva York, Madrid, Santiago, Berlín y Florencia. Estas manifestaciones y su amplia cobertura en los medios sociales fue considerada crucial en convencer a quienes favorecían el “voto de protesta” (absteniéndose de votar o votar en blanco) a ejercer un “voto crítico” por Kucynski como la forma mas efectiva de evitar la captura fujimorista del poder ejecutivo.

El Mal Menor

Si bien tanto Kucynski como Fujimori mantienen –en palabras del economista Francisco Durand-- “ relaciones muy cercanas con intereses corporativos multinacionales” y, desde el punto de vista económico pueden ser considerados como intercambiables, ambos mantienen también diferentes concepciones y entendimientos del ejercicio del poder político.

Siguiendo los pasos de su padre, la postura política de Keiko Fujimori tiene las características de un populismo autoritario, mientras que Kucynski favorece practicas democrático liberales (en la medida que estas sean posibles en un régimen neoliberal) que, según The Ecconomist, constituyen “un bienvenido antídoto contra tanto el sórdido pasado de la familia Fujimori como contra el autocrático desgobierno en curso en Venezuela.” De otro lado, las encuestas de opinión también encontraron que los votantes consideraban a Kucynski como menos falaz y mas sincero que Fujimori.

Dejando de lado el grado de certeza, o de credibilidad, de estas percepciones lo cierto es que Kucynski, graduado en las universidades de Oxford y Princeton, nunca ha ocultado sus posiciones neoliberales ortodoxas y siempre ha considerado sus credenciales como banquero de inversión en Wall Street y funcionario del Banco Mundial como indispensables para sus funciones presidenciales. Durante su campaña sin embargo nunca menciono que como ministro en el gabinete del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) fue uno de los mas entusiastas promotores de la reducción de impuestos, derechos laborales y regulaciones ambientales para incrementar la inversión multinacional y promover la expansión de las industrias extractivas.

Mas aun, poniendo de lado su profesado respeto por los principios liberales y las libertades y derechos democráticos básicos, en la peleada elección presidencial del 2011 Kucynski no dudo en apoyar la candidatura de Fujimori para evitar “una victoria del chavismo” presuntamente representado en la plataforma centrista y nacionalista de Ollanta Humala.

Fujimori del otro lado construyo su imagen pública a través de una operación de manipulación y cobertura de su propio pasado y el de su desacreditado padre. Como primera dama desde 1994, luego del controvertido divorcio de sus padres, Keiko fue participante y cómplice del régimen represivo y corrupto de su padre. Con mas fondos de campaña que cualquier otro candidato, el equipo internacional de consultores de Fujimori trabajo arduamente desde las postrimerías de su derrota en la elección del 2011 en presentarla como una candidata centrista y moderada. Fujimori invirtió también bastante tiempo y dinero en la construcción de una organización política sobre la base de las redes clientelares establecidas durante el gobierno de su padre tanto entre sectores mas empobrecidos, como entre sectores del empresariado emergente. En su afán de asegurar y expandir su base electoral Fujimori hizo énfasis en sus orígenes familiares de inmigrantes de modestos recursos, presentándose además como defensora de los intereses nacionales y populares en oposición a su contrincante a quien identifico como representante de intereses elitistas y multinacionales.

A medida que se intensifico el debate electoral y haciendo un esfuerzo para establecer una diferencia mas clara con un candidato con el cual compartía similares objetivos económicos, Fujimori puso énfasis en el combate a la criminalidad y corrupción asociadas al narcotráfico y al poder judicial que, según los medios habrían alcanzado niveles exorbitantes durante los meses previos a la elección. Para contrarrestar esta situación Fujimori ofreció una política de “mano dura” en contra de funcionarios corruptos, sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para combatir la delincuencia, e imponer la pena de muerte a aquellos acusados de crímenes violentos.

Su posición anti-crimen empero fue fatalmente remecida con la publicación de información periodística en la que se revelaba que Sergio Ramírez –secretario de su partido Fuerza Popular y el mas importante contribuyente a su campaña—estaba siendo investigado por la DEA por lavado de dinero y por sus estrechas relaciones con el trafico de drogas.

La tardía respuesta de Keiko y la renuncia de Ramírez a Fuerza Popular tres días después del escándalo trajo a la memoria de los votantes los días mas oscuros de la administración de su padre cuando contratos gubernamentales, concesiones a industrias extractivas, negociados de armas, sentencias penitenciarias, votaciones en el congreso, decisiones judiciales, líneas editoriales de periódicos y noticieros televisivos, y campañas en contra de opositores, se negociaban, acordaban y pagaban en fajos de billetes en la oficina expresamente creada para tales ocasiones por Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) y brazo derecho del presidente Alberto Fujimori.

Terror, Corrupción y Privatizacion

Las memorias de violencia y corrupción galvanizaron a la oposición anti-fujimorista temerosa que una joven Fujimori fuera nuevamente a recurrir a las políticas del miedo que caracterizaron los 10 años de gobierno de su padre.

Las políticas del miedo no solo constituyeron el sello distintivo del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) sino que además fueron el principal vehículo para la imposición de una de las modalidades mas dominantes y depredadoras de capitalismo salvaje neoliberal en América Latina. Para enfrentar la severa crisis económica, una inflación galopante, la creciente ofensiva terrorista del PCP-Sendero Luminoso, y un descontento social generalizado, Fujimori adopto una estrategia dual: un programa de “estabilización económica” inspirado por el FMI, y una contra-insurgencia bajo los lineamientos de la “doctrina de seguridad nacional” de la Guerra Fria y los preceptos de la Escuela Francesa de contra-insurgencia colonial.

A los pocos días de ocupar la presidencia a mediados del 1990 y siguiendo el patrón de lo que Naomi Klein describe como “capitalismo del desastre,” Fujimori anuncio un severo programa de austeridad que, conocido como el “Fujishock,” elimino de golpe los subsidios a productos básicos y el gasto en programas sociales; y redujo drásticamente impuestos y tasas de interés. Automáticamente la gran mayoría los peruanos fueron arrojados a la pobreza y solo el 8 por ciento de la población adulta mantuvo trabajo permanente. Sin recurso a créditos y/o precios subsidiados muchos agricultores en los valles tropicales de la vertiente oriental de los Andes optaron por el cultivo de la coca.

Fujimori introdujo además nueva legislación que autorizaba el despido de trabajadores en huelga, eliminaba el empleo permanente, y recortaba el derecho a la negociación de contratos colectivos. También revirtió la reforma agraria abriendo la puertas al establecimiento de nuevas e inmensas propiedades. Una nueva ley bancaria desregularizo las tasas de interés y abrió el sector financiero a la inversión extranjera y a los “fondos buitres.” Se privatizaron empresas estatales en minería y petróleo, puertos marítimos y aeropuertos, ferrocarriles, plantas de energía y aerolíneas públicas.

La arremetida legislativa se complementó con un radical viraje autoritario en la campaña contra-insurgente. En áreas rurales “caravanas de la muerte” violaron, torturaron, y ejecutaron ciudadanos; se desaparecieron profesores y estudiantes universitarios; comunidades campesinas enteras fueron acorraladas en “aldeas estratégicas;” miles de ciudadanos sufrieron maltratos policiales y detenciones arbitrarias; periodistas, abogados y familiares de presuntos terroristas fueron detenidos, desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente.

En respuesta el PCP-Sendero Luminoso escalo sus acciones de violencia vengativa en contra de todos aquellos que no se plegaran a su “guerra del pueblo.” Coches-bomba, sabotaje contra torres de alta tensión, ataques en contra de autoridades democráticamente elegidas, líderes populares y de izquierda, así como atentados sorpresivos en lugares de congestión urbana como medio para imponer los “paros armados,” se convirtieron en ocurrencia diaria. Inspirado por los “tigres Asiáticos,” Fujimori dio mas de 70 decretos eliminando todas las barreras al capital extranjero, desmantelo todo el sector estatal y privatizo todos los servicios públicos y programas sociales, incluyendo los fondos de pensiones. También se eliminaron todas las restricciones a la exportación de capital y ganancias de las compañías extranjeras y multinacionales, así como todos los derechos laborales básicos como las 8-horas de trabajo diario y el empleo permanente.

Para enfrentar la creciente insurgencia el gobierno de Fujimori redefinió el concepto de terrorismo como un crimen especial sujeto a jurisdicción militar. Cualquier acto considerado como “apología o apoyo” al PCP-Sendero Luminoso debería de procesarse judicialmente como una acción terrorista.

Envalentonado por el ocaso del movimiento popular y el colapso de la izquierda parlamentaria el congreso concedió a Fujimori poderes legislativos extraordinarios para reorganizar el estado y la economía del país.

Auto-Golpe

El 5 de Abril de 1992 en una sorpresiva acción con apoyo de las fuerzas armadas Fujimori lanzo un “auto-golpe.” En mensaje televisado a la nación anuncio el establecimiento de una “gobierno de salvación nacional de emergencia .” Culpando el “caos y corrupción” reinante en el país en la “partidocracia”, desbando el congreso, desmantelo los doce gobiernos regionales, reorganizo el poder judicial, y suspendió todos los artículos de la constitución considerados “incompatibles con los objetivos del gobierno.”

Si bien, la mayoría de líderes políticos desde la izquierda a la derecha se opusieron al golpe, Fujimori en cambio conto con el apoyo de los gremios y asociaciones de empresarios, industriales y exportadores. El presidente de la influyente Confederación Nacional de Instituciones Empresariales fue nombrado Ministro de Industria y Comercio en el nuevo gabinete de Fujimori.

Aprovechando el agotamiento ocasionado por la violencia de la insurgencia del PCP-Sendero Luminoso y la incertidumbre de una cada vez mas difícil e incierta situación económica, Fujimori tuvo amplio margen de maniobra para justificar la reorganización de los poderes legislativo y judicial con el fin de acabar con el terrorismo y la corrupción y, sobre todo, para dar a las compañías extranjeras las facilidades y concesiones necesarias para invertir en una economía desgarrada por la guerra interna.

Para cumplir con estos objetivos Fujimori estableció el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN) que, bajo la dirección del ex-capitán del ejército, ex-colaborador de la CIA y abogado de narcotraficantes Vladimiro Montesinos, absorbió los hasta entonces autónomas unidades de inteligencia de la policía y de las diferentes ramas de las fuerzas armadas.

Desde esta ventajosa e inmejorable posición de poder Montesinos financio la creación de una cadena de tabloides sensacionalistas para atacar a la oposición y celebrar los logros de la oficina presidencial. A través de negociaciones oscuras, acuerdos espurios, o mediante chantaje logro el control casi absoluto de las líneas editoriales de algunos de los periódicos y noticieros televisivos mas importantes del país. A través de un equipo de especialistas Montesinos estableció un departamento de operaciones sicológico-sociales. A través de video grabaciones amañadas mantuvo control de personajes de la oposición, celebridades televisivas, líderes populares, empresarios y aun altos oficiales de las fuerzas armadas. Cientos de informantes del SIN también infiltraron universidades, ministerios públicos, el poder judicial y hasta las fuerzas armadas con cientos de informantes.

Para dar un fachada democrática-liberal a su dictadura tecnocrático-militar neoliberal Fujimori convoco elecciones para una Asamblea Constituyente. Sujeta al veto presidencial, los 80 representantes de la asamblea fueron encargados con la redacción de una nueva constitución sujeta a aprobación mediante un plebiscito nacional. Los principales partidos de centro y derecha se abstuvieron de la elección a la asamblea mientras que la izquierda fue descalificada por no haber alcanzado el 5% del voto requerido en las elecciones anteriores.

Hecha a la medida para institucionalizar el poder autoritario de Fujimori adquirido con el auto-golpe, la nueva constitución creo un estado altamente centralizado, dominado por un poderoso ejecutivo y un congreso de cámara única con escaso de poder de vigilancia sobre la autoridad presidencial. La nueva constitución también legalizó los tribunales militares secretos para los acusados por terrorismo y autorizo la reelección presidencial abriendo así las puertas a la candidatura de Fujimori en las elecciones de 1995.

A pesar de su amplio triunfo electoral el segundo periodo presidencial de Fujimori enfrento un creciente descontento y movilizaciones populares así como una emergente oposición política. Movilización que alcanzo su clímax cuando Fujimori intento apoderarse fraudulentamente de la presidencia por un inconstitucional tercer periodo.

La forma por demás corrupta y fraudulenta de como Fujimori manipulo su propia constitución y removió a los magistrados del Tribunal Constitucional hicieron patente la forma en que este se consideraba encima de la ley. La caída de Montesinos de otro lado fue precedida por la divulgación de las video-grabaciones en las que este es visto pagando a congresistas para pasar de la oposición al apoyo al régimen. Las masivas movilizaciones populares y ciudadanas en rechazo a la fraudulenta elección de Abril del 2006 forzaron tanto a Fujimori como a Montesinos a huir del país.

La Normalización del Estado de Excepción

Luego de la caída de Fujimori ocupo el poder el gobierno provisional de Valentín Paniagua. Durante su breve administración se derogaron casi todas las medidas anti-terroristas incluyendo la pena de muerte y las cortes militares secretas. También estableció una Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional encargada de investigar “los hechos y responsabilidades” tanto de la insurgencia terrorista como de los grupos paramilitares y de las fuerzas armadas durante la década de guerra interna. Paniagua también dio de baja a todos los oficiales de las fuerzas armadas conectados con las operaciones de Montesinos. Asimismo instituyo también una comisión encargada de la reorganización del poder judicial y de investigar –y remover—a jueces y funcionarios corruptos.

Si bien todas estas fueran medidas bastantes positivas los aspectos fundamentales de la Constitución fujimorista se mantuvieron sin embargo intactos. Mientras todos los subsecuentes presidentes en mayor o menor grado han rechazado sus aspectos mas antidemocráticos tanto el centrista Alejandro Toledo (2001-2006), como el social-demócrata Alan García (2006-2011) como el mas reciente nacionalista Ollanta Humala (2011-presente) han adoptado como propias las fundaciones neoliberales del estado peruano establecidas por Fujimori.

Mas importante aun es el que todos estos presidentes hayan aceptado como permanente el estado de emergencia. Una condición que iniciada en América Latina con la dictadura de Pinochet en Chile encontró continuidad en la legislación anti-terrorista adoptada casi universalmente después de los atentados del 9/11 y normalizada en la idea de democracia como estado de excepción permanente.

Tanto para las elites liberales como autoritarias la Constitución fujimorista constituye el instrumento mas apropiado para legalizar las mediadas depredadoras y explotadoras requeridas para la expansión de los grandes capitales financieros y extractivistas nacionales y multinacionales, al mismo tiempo que criminaliza la resistencia democrática ciudadana a la perdida de sus derechos y libertades individuales, territorios y recursos comunales, y en ultima instancia de la soberanía nacional.

Esta continuidad --mas que ruptura-- del autoritario programa neoliberal de Fujimori complica la simplista narrativa de la elección presidencial del 2016 como la de un país nítidamente dividido entre fujimoristas y anti-fujimoristas. Moldeado por dos décadas de globalización, privatización y financializacion; y desgarrado por la violencia de una trágica década de guerra interna, el mapa de poder económico y la cartografía de conflicto político-social del país mantienen todavía alto grado de complejidad e inestabilidad.

Mucho antes que –en palabras del economista Francisco Durand—“el golpe económico de Fujimori acabara con la burguesía nacional,” el legado nacional-desarrollista del gobierno del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) – que tenía como pilares la reforma agraria y la nacionalización de sectores estratégicos como base para establecer una economía basada en la propiedad estatal, cooperativa y privada que favoreciera el desarrollo y expansión de una burguesía nacional—ya se encontraba extinto.

A la vez que profundizaron las seculares desigualdades existentes en el país, las políticas de Fujimori también beneficiaron a los descendientes de las antiguas clases dominantes oligárquicas, así como también a una nueva burguesía que se capitalizo tanto con la inversión extranjera, la privatización de la propiedad estatal, como con el comercio de narcóticos. La privatización, el comercio libre, la desregularización y la globalización desnacionalizaron y reestructuraron la economía peruana. Los doce mas poderosos grupos empresariales centralizaron su poder mediante el establecimiento de sus propios bancos e instituciones financieras, y la diversificación de sus inversiones en industria manufacturera, procesamiento de alimentos, cultivos de exportación y agro-industrias.

Grandes corporaciones multinacionales y conglomerados empresariales extranjeros (sobre todo chilenos) dominan los mercados urbanos de consumo de población de ingresos medios y altos en asociación con empresarios locales. Grandes corporaciones brasileras monopolizan los grandes proyectos de infraestructura: construcción de autopistas, gaseoductos y oleoductos, represas y plantas de energía. Las industrias extractivas, particularmente la minería –las fuerzas motrices del crecimiento macroeconómico—se encuentran bajo control casi absoluto de empresas multinacionales. A diferencia de otra era en la que el capital dominante era el de procedencia estadounidense, en la actualidad el sector minero es dominado por corporaciones Chinas, Mexicanas, Suizas, Canadienses y Estadounidenses.

La expansión de la demanda por servicios, construcción y bienes de consumo masivo en el interior del país crearon también oportunidades para la emergencia de un nuevo sector empresarial. A diferencia de sus pares en el sector mencionado líneas atrás, que son casi todos hombres herederos de familias oligárquicas o descendientes de inmigrantes europeos nacidos en Lima o en ciudades de la costa y educados en el extranjero, esta nueva burguesía emergente es de orígenes humildes, sobre todo Andino, e incluye un número significativo de mujeres.

La expansión de la demanda global de narcóticos y del comercio de bienes de consumo de lujo, asociada con la desregularización de controles financieros, laborales y ambientales, dio lugar a un crecimiento sin precedentes de las exportaciones de cocaína, maderas tropicales y oro aluvial. Las campañas de control de narcóticos auspiciadas por los Estados Unidos en Colombia, México, el sur de la Florida y el Caribe transformaron al Perú de país productor de hoja de coca país exportador de cocaína.

Ambiental y socialmente destructivas estas actividades son también altamente rentables y constituyen una importante fuente de trabajo e ingreso para un considerable sector de la población. Aunque consideradas “ilegales” estas actividades son complementarias a las economías y finanzas “legales” locales y globales. En declaraciones sobre la importancia de la industria de narcóticos Sonia Medina, la Procuradora Especial Anti-narcóticos, afirmo que la economía peruana es “una economía narcotizada al extremo que no se sabe que actividad económica es genuinamente legal y cual es una tapadera para la industria de narcóticos.”

Resistencia

Para las clases subalternas la intensificación de la economía peruana como “exportadora de naturaleza ha tenido consecuencias cataclísmicas. Impulsada por intereses financieros la “nueva minería” opera bajo la lógica de lo que David Harvey describe como “acumulación por desposesión,” una forma de apropiación altamente depredadora basada en la desposesión descarada de derechos, recursos y territorios. A diferencia de las operaciones mineras del siglo pasado la “nueva minería” requiere enormes explotaciones a cielo abierto, una reducida fuerza laboral no especializada, y la exportación de grandes volúmenes de minerales sin valor agregado alguno. Siguiendo una lógica colonial de “progreso,” las industrias extractivas (minería en las provincias andinas; petróleo, gas y madera en las amazónicas) han fomentado la comodificación de territorios indígenas y campesinos, reservas ecológicas, tierras comunales y públicas, agua y recursos bioenergéticos.

Con gran parte de sus territorios concesionados a industrias extractivas, las provincias en donde operan las grandes corporaciones mineras y petroleras son también las mas pobres del país. Durante las dos últimas décadas, los conflictos generados por la apropiación de recursos y territorios han sido cada vez mas frecuentes y militantes. Siendo junto con México y Chile uno de los países con mas conflictos socio-ambientales en América Latina, el Observatorio de Conflictos de América Latina, señala al Perú como el país con la minería mas militarizada y con la mayor criminalización de la protesta social en la región.

A pesar de su criminalización y la sistemática campaña de demonización en los medios de la derecha, los llamados movimientos socio-ambientales han reconfigurado el paisaje de la oposición popular. Estos movimientos no solo han luchado en contra de las industrias extractivas sino que también han jugado un papel importante en las movilizaciones en contra de tratados de libre comercio, en defensa de derechos y libertades democráticas, y en defensa de la soberanía nacional.

La reestructuración de la producción teniendo como eje las industrias extractivas con baja intensidad laboral junto con la eliminación de derechos laborales también han dado lugar a una radical reconfiguración de la naturaleza de la clase trabajadora.

La gran mayoría de la fuerza laboral la conforman trabajadores en el denominado “sector informal” de auto-empleados, jornaleros y artesanos en micro-empresas familiares o en pequeñas empresas con salarios debajo del sueldo mínimo y sin ningún tipo de beneficios. En el sector formal siete de diez asalariados trabaja con contratos temporales. El reciente intento del gobierno en normalizar el trabajo precario choco sin embargo con una imprevista, militante y multitudinaria resistencia.

Con el aparente propósito de hacer a los jóvenes “mas atractivos” para los empresarios y al mismo tiempo promover la creación de nuevos empleos a fines del 2014 el congreso aprobó la nueva Ley de Régimen Laboral Juvenil. Según el gobierno el objetivo de la ley era la de formalizar el empleo y reducir el desempleo entre jóvenes de 18 a 24 años. Los jóvenes empero consideraron la nueva legislación como un ataque a sus derechos laborales en beneficio de los grandes empresarios.

Después de cuatro meses de intensa campaña y cuatro multitudinarias marchas en Lima y las principales ciudades del país, organizadas y conducidas por estudiantes y jóvenes empleados y subempleados, el Congreso retrocedió y revoco la ley.

Inspirados en su éxito el movimiento se transformó en una red nacional de colectivos territoriales juveniles que en alianza con otros organizaciones de base independientes dieron nacimiento al movimiento ¡No a Keiko!

¿Nueva oposición de izquierda?

Pasadas las elecciones la discusión política gira en torno en las alianzas que el presidente electo tendrá que establecer para mantener un gobierno estable. Con una minoría parlamentaria en el congreso, Kucynski deberá enfrentar una doble oposición: la de la mayoría parlamentaria Fujimorista y la del Frente Amplio.

Habiendo surgido como una importante, y decisiva, fuerza en el resultado electoral, los movimientos populares y ciudadanos deberán también de ser considerados en las alianzas y compromisos que deberán establecer tanto el nuevo ejecutivo como los dos sectores de oposición. Con solo dos años hasta las elecciones municipales y regionales, quien enfrenta mayores riesgos y desafíos es el Frente Amplio así como también la heterogénea oposición popular anti-fujimorista. Dadas las condiciones políticas regionales y globales caracterizadas por la emergencia de una derecha recalcitrante y fascistoide, esta también emergente nueva izquierda peruana tiene ante si un difícil campo de batalla.

Bastante conscientes que la mas seria y militante oposición a su poder ha provenido de los movimientos de base surgidos en resistencia a su propia modalidad de capitalismo salvaje, las elites costeñas dominantes no dudaran en aliarse con los capitalistas mafiosos, narco-capitalistas, empresarios mineros y forestales ilegales, como única manera de preservar el poder.

El Frente Amplio y los movimientos de base en el amplio espectro izquierdista de otro lado deberán de hacer frente al desafío de cómo transformar un vibrante, creativo y heterogéneo movimiento de protesta en una coherente alternativa radical al capital adecuada para enfrentar las complejas y serias realidades del siglo veintiuno.

Con el Perú como uno de los escenarios críticos de la amenazadora y creciente crisis ambiental una alternativa de izquierda seria deberá también de superar el desarrollismo distributivo y la lógica productivista que durante la última década ha sustentado los ahora agotados regímenes progresistas sudamericanos.

- Gerardo Rénique

Departamento de Historia, City University of New York