Once personas fueron condenadas el lunes a penas de entre 4 y 30 años de prisión por el tribunal del caso Curuguaty, matanza que además causó la destitución,  en un juicio parlamentario,  del Presidente Fernando Lugo, actual senador del Frente Guasu y ex obispo de la Diócesis de San Pedro, inspirado en la teología de la liberación.

El caso Curuguaty (este de Paraguay) se refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por varios centenares de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se aplicara la reforma agraria.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías.

Los once labriegos condenados fueron juzgados en relación a la muerte de los seis policías, mientras que la Fiscalía nunca investigó el fallecimiento de los once campesinos que perdieron la vida.

El editorial del diario “Última Hora” del día martes 12 de julio titula: “Curuguaty: dura sentencia tras una cuestionada investigación” y denuncia que "al no haber podido garantizar una investigación ecuánime sobre el más grave hecho violento en un conflicto agrario ocurrido en la historia reciente, la Justicia paraguaya deja un preocupante precedente: Se ha llegado a la etapa de juzgamiento y con altas penas tras un proceso de investigación de muchas inconsistencias."(1).

Los detalles de un proceso injusto

Ricardo Canese (2), parlamentario paraguayo del Mercosur, ha explicado al Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán) los detalles de un proceso que se está demostrando tan arbitrario e injusto. A continuación sus declaraciones:

“El juicio oral de Curuguaty se refiere al enfrentamiento entre policías y campesinos ocurrido el 15 de junio del 2012 que desembocó en la muerte de 11 campesinos y 6 policías, y que fuera el argumento principal del juicio político que destituyó al entonces presidente, Fernando Lugo.

Actualmente el juicio atraviesa su etapa final y desde su inicio ha estado plagado de graves irregularidades y de violaciones de una treintena de derechos. Desde la introducción de pruebas desconocidas por la defensa y el ocultamiento de otras, llamativas contradicciones por parte de los testigos y de la Fiscalía acusadora hasta su alegato final.

Los campesinos querellados son Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina y Rubén Villalba. Sobre este último, por su trayectoria de militancia en la lucha por la tierra, recaen con mayor saña todas las medidas arbitrarias y la mayor condena de la historia del país, exigida por los fiscales acusadores Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Juan Leonardi Guerrero.

Los campesinos han sido acusados por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. Sin ninguna prueba que sostenga legalmente su acusación, la Fiscalía ha pedido de 8 a 40 años de cárcel.

La masacre ocurrió en las tierras públicas conocidas como “Marina Kue”, usurpadas hasta hoy por la empresa Campos Morombí de la familia Riquelme, cuyo principal propietario, Blas N, fue presidente del Partido colorado y parte de los primeros anillos del stronismo, además de haber sido declarado por la Comisión de Verdad y Justicia en su Informe Final del 2008, como usurpador de tierras malhabidas. Marina Kue fue destinada por decreto presidencial como “objeto de la reforma agraria” en el año 2004. Los Riquelme hasta hoy no poseen ningún título de dichas tierras.

La propia Fiscalía en su alegato final reconoció que estas tierras son públicas.

Los campesinos estaban organizados en una Comisión vecinal denominada “Naranja Ty”, reconocida por el propio Estado a través del Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra (INDERT) desde hace 12 años.

En el momento de la ocupación se encontraban en litigio denunciando a Campos Morombí por usurpación de tierras públicas designadas a la Reforma Agraria.

La Fiscalía ha pedido la máxima pena de la historia nacional sin haber establecido de forma concreta y específica quién ni cómo disparó ni uno solo de los 12 acusados.

Se ocultaron casquillos de balas, el video del helicóptero policial y del Ministerio del Interior, no se realizó autopsias a los muertos, el Tribunal negó la necropsia y la Fiscalía declaró que se "perdieron radiografías", en medio de declaraciones contradictorias de los propios forenses.

El fiscal que inició la acusación, Jalil Rachid, amigo personal de la familia Riquelme, y hoy Viceministro de Seguridad de Cartes, afirma que no se puede probar quién disparó a los policías.

La acusación sostiene que los 50 campesinos -hombres, mujeres, ancianos y niños- “emboscaron” a 324 efectivos policiales del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada (FOPE), Antimotines y Montada, sin poder explicar semejante operación para llevar a cabo una simple orden de allanamiento, ni siquiera de desalojo.

Además, el organismo estatal reconoció que la policía sobrevoló la zona ubicando a los ocupantes horas antes. Además, la fiscala Alcaraz reiteró en su argumentación final que días antes del enfrentamiento, el principal acusado, Rubén Villalba, había trasmitido al comandante policial durante una conversación telefónica, que resistirían en “Marina Kue” hasta las últimas consecuencias.

En su alegato final, los fiscales emitieron una grave afirmación: los campesinos asesinados murieron a causa de disparos “de armas de uso reglamentario policial”. Sin embargo, ni una sola muerte campesina ha sido investigada. Es más, de manera fabulosa e incoherente, el Ministerio Público ha sostenido hasta el final que los 324 policías fueron sin armas.

El 15 de junio, el Senado Boliviano emitió una declaración exhortando a las autoridades nacionales a la realización de un juicio justo y el respeto al debido proceso de las once campesinas y campesinos de Curuguaty detenidos y enjuiciados arbitrariamente.

Una campaña a nivel mundial en la que se han incluido numerosas personalidades nacionales e internacionales (como el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel)  y cientos de personas del sector civil, reclama la absolución de los acusados, el esclarecimiento del caso y el castigo a los verdaderos culpables del asesinato de los 11 campesinos y 6 policías”, concluye Ricardo Canese.

Hay que recordar lo que se dijo en la 32ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso Marina Cue - Masacre de Curuguaty:

El Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Paraguay del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señala:

Página 21:

102.120 Velar por que se lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes y procesos penales de conformidad con la legislación vigente, en particular en casos como los acontecimientos ocurridos en Marina Cué en Curuguaty en junio de 2012, a fin de esclarecer las denuncias y enjuiciar a los autores (Alemania);

Página 26:

104. El Paraguay examinará las recomendaciones que figuran a continuación y les dará respuesta a su debido tiempo, pero a más tardar en el 32º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará en junio de 2016:

104.1 Establecer una comisión independiente para investigar todas las denuncias verosímiles de violaciones de los derechos humanos relacionadas con las medidas de aplicación de la ley adoptadas en 2012 en Marina Cué (3).

Obispo Medina acusa que masacre de Curuguaty fue un montaje

El obispo de San Juan Bautista, Misiones, Mons. Mario Melanio Medina, responsabilizó el pasado 22 de junio de 2016 de la masacre de Curuguaty al vicepresidente Federico Franco, a una parte del Parlamento y a Blas N. Riquelme. Aseguró que aquella tragedia, fue un “montaje” detrás del cual estaba el segundo de Fernando Lugo que quería ser presidente.

A su estilo, directo y sin pelos en la lengua, Mons. Medina dijo en el local de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) en Asunción, a donde acude todos los martes, que “la Justicia tiene una gran responsabilidad ante la historia en el caso Curuguaty, porque, por una parte, están los que presionan, y por otra, la verdad, y se debe fallar a favor de la verdad”.

Indicó que la masacre de Curuguaty fue hecha a pedido de la empresa Campos Morombí (fundada por Blas N. Riquelme –quien falleció en setiembre de 2012– y su familia heredó de él ahí más de 70.000 hectáreas) en medio de una disputa con los campesinos por un terreno de 2.000 hectáreas donado por la Industrial Paraguaya a la Armada Nacional, y por eso se denominó Marina Cue.

“Por qué se hizo esa matanza”, preguntó y agregó que la tesis de la emboscada a los policías no tiene sustento porque ahí estaban “300 policías armados, de la FOPE, y los campesinos eran solo 60, entre niños y mujeres, que estaban hace rato en ese lugar”.

Sobre el proceso judicial que se les lleva adelante a los labriegos sobrevivientes, indicó que fueron acusados por asociación para delinquir, homicidio en grado de tentativa, según el fiscal Jalil Rachid, e invasión de propiedad. “Todo el mundo sabe que fue un montaje contra el gobierno de Lugo, seguramente por Riquelme, algunos parlamentarios del Poder Legislativo e indudablemente el vicepresidente Federico Franco”, remarcó el religioso.

Cuando le preguntamos si se ratificaba en afirmar que Franco estaba detrás de la conspiración, indicó. “Claro, Franco estaba detrás de eso porque quería ser presidente y lo fue”. Agregó que mataron a campesinos y solamente se investiga la muerte de 6 policías y nadie se acuerda de esos 11 agricultores.

Expresó que ahora que se hicieron todas las declaraciones hay montones de contradicciones: “Los nuevos fiscales ponen homicidio doloso, cambiaron de carátula. Aquí lo que se quiere es condenar a toda costa a los campesinos para sostener las 3 tesis: asociación ilícita, atropello a la propiedad privada y homicidio en grado de tentativa que ahora cambió a doloso. Es una vergüenza para propios y extraños”.

Abogó por la inteligencia de los jueces para no faltar a la verdad: “Fue un crimen contra los campesinos; unos están presos más de cuatro años y otros con prisión domiciliaria y no pueden salir. Pido a los jueces que tengan ética, moral y la responsabilidad para un juicio justo”.

Preguntado quién o quiénes iniciaron la balacera, respondió: “Ellos dijeron los campesinos y la balacera vino de arriba. En estos días estuve en el lugar y vino de arriba y fue lo que mató al policía Erven Lovera y a otros. Eso se sabe porque las balas no son de los campesinos, que tenían rifles y un revólver. Entonces, la balacera vino de arriba (en alusión a un barranco), a tal punto que los policías pedían por radio que pare porque iban a matar a todos”, refirió.

Medina dijo estar seguro de que todas las pruebas fueron escondidas por el fiscal Rachid, pero que hay algunas personas que dijeron la verdad, como uno de los forenses porque luego hasta ellos mismos se contradijeron. “Erven Lovera murió con arma militar y ellos dijeron que los campesinos lo mataron. Los campesinos comenzaron, dijeron, cuando que atrás, adelante y a los costados tenían policías. Más de 300 policías para sesenta personas. Los campesinos fueron emboscados y ejecutados”, resaltó.

“Fue una conspiración del Parlamento, no sé si habrá otros terratenientes, pero lo cierto, el que estuvo allí, fue Riquelme”, concluye Medina en declaración con el diario ABC (4).

Iglesia católica califica de “injusta y aberrante” la condena en el caso Curuguaty

La Pastoral Social y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Amambay y Concepción expresaron que la sentencia representa un antecedente “nefasto y peligroso” ya que a partir de ahora cualquier ciudadano puede ser enviado a la cárcel sin ningún tipo de prueba en su contra (5).

Muchos religiosos y religiosas de la CONFERPAR llegaron hasta la vigilia frente al Palacio de Justicia, el día lunes 11 de julio, ocasión en que leyeron un comunicado repudiando la sentencia y pidiendo la ‪nulidad Ya. Además se ofició una misa a cargo del jesuita Pa'i Luna y el obispo del Chaco, Monseñor Lucio Alfert.

Galo Reinaldo Bogarín Alén, coordinador del Centro Antonio Guasch de los jesuitas de Asunción ha comentado al Observatorio SELVAS:

“Hoy 11 de julio es un día de mucho dolor, rabia, indignación, impotencia, desesperanza y de muchos sentimientos más por la condena efectuada por el Tribunal que debía impartir JUSTICIA a los compañeros y compañeras campesinos y campesinas del conocido caso de la “Masacre de Curuguaty”.

Si y es cierto que da mucho dolor, mucha rabia, mucha indignación, mucha impotencia, mucha desesperanza, y eso nadie lo puede negar. Y es justamente lo que busca este sistema perverso y deshumano. Buscan rompernos por dentro (personal y colectivamente) y así mantenernos inmovilizados, pero no lo lograrán, que se quiten de sus razonamientos perversos y de sus planes inhumanos de que esa situación será así.

Pero, en esta cuestión se han equivocado muy grande. El tiro de gracia que dieron hoy a la justicia paraguaya se volverá contra ellos en acciones transformadoras de esta realidad injusta que vive el Paraguay hoy día. De eso deben estar seguros y hacerse cargo de las consecuencias (los responsables de estos hechos desde hace 4 años atrás hasta ahora) de tener al país en esta situación y no sólo desde el Poder Judicial, sino también de los otros dos poderes (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo).

Hoy el Tribunal encargado del Caso de la Masacre de Curuguaty ha masacrado de otra manera, han actuado con la sentencia en una “invasión jurídica” sin pruebas, autoritaria e ilegal; se ha notado una “asociación criminal” para condenar desde el Ministerio Público y el Tribunal encargado de impartir justicia y por sobre todo han cometido un “homicidio de carácter doloso” de la justicia paraguaya, y ello no es poca cosa!

Este pueblo ya no cree que el infortunio se enamoró del Paraguay, este pueblo cree y sueña con gobernantes justos, honestos, con don de gente y capacidad de servicio a su pueblo, y está caminando en esa búsqueda, en esa construcción.

Y no lo impedirán los poderes, ni sus leyes, ni sus artimañas. El pueblo se levanta y aún más se levantara y va a caminar en la justicia, con paz y libertad.

Es el momento transformaciones personales y colectivas, de convertir nuestro dolor en una sana alegría, de pasar de la impotencia a la acción, de transformar nuestras rabia en pensamientos que liberen y unan, de generar desde la desesperanza un camino transformador lleno de esperanza de vida y de justicia!

Esto recién comienza y no matarán el sueño que tenemos los paraguayos y paraguayas de vivir en un país diferente, con justicia, paz y libertad.

Vamos que se puede, es la hora, es el momento! Es tiempo de libertad” (6).

Las religiosas y religiosos de CONFERPAR reunidos en Asunción en la Semana Nacional de la Vida Religiosa, el día 13 de julio han difundido un comunicado donde se señala que “Teniendo en cuenta las gravísimas irregularidades del proceso, denunciadas por diversos analistas, expertos juristas, personas notables de diversas organizaciones y medios de comunicación, según los cuales el proceso se ha manifestado parcial desde el inicio y en su desarrollo ha incurrido en ocultamiento de pruebas, intolerables omisiones, manipulación y argumentaciones no científicas; junto a muchos familiares, personas de buena voluntad que buscan la verdad y la justicia, nos sentimos indignados porque notamos con ellos que las autoridades judiciales del caso no han mostrado la necesaria objetividad y no han tenido en cuenta el derecho de los más débiles.

Con profundo dolor junto a toda la comunidad nacional expresamos que esperábamos que prime la racionalidad y la cordura, que no ocurra lo que repitieron nuestros obispos cuando advirtieron en sus dos comunicados del peligro de "condenar a inocentes y absolver a culpables". Sin embargo hemos asistido a la sentencia condenatoria de los 11 campesinos procesados, a pesar de que en base a la información con que cuenta la ciudadanía no existían elementos objetivos que puedan sustentar una condena y menos aún penas tan elevadas que en nada se compadecen del objetivo de las sanciones penales. Queda la terrible sensación de vulneración de los derechos de los policías y campesinos fallecidos, por ausencia de claridad respecto a la forma en que ocurrieron los hechos.

El estado tiene obligación de hacer recta justicia y debe dar a los ciudadanos la certeza de que actúa en estricto derecho; sin embargo esta certeza hoy no existe en la comunidad por lo que invitamos a la ciudadanía a acompañar este proceso de manera activa y pacífica, movilizándose para defender el derecho que todos tenemos a una justicia verdaderamente imparcial.

Instamos a los responsables del Poder Judicial a arbitrar los medios para que en adelante se instaure un procedimiento fiable que sane los vicios de este proceso. Nos preocupa seriamente el que esta sentencia pueda sentar el grave precedente de condenar a ciudadanos paraguayos sin pruebas, lo que consideramos como cristianos un grave pecado contra Dios y contra el hermano” destacan religiosos como P. Alberto Luna SJ, Hna. Maria del Carmen Barrios STJ, P. Néstor Ledesma SdB, P. Javier Francisco Irala SCJ, entre otros.

Comentarios de la sociedad civil

 “La condena de once campesinos paraguayos a penas de entre 4 y treinta años de prisión producto de un proceso penal viciado de irregularidades, reconocidas por los propios actores judiciales, marcará “un antes y un después” en la lucha por la tierra en el país sudamericano, dijo a Radio Mundo Real Diana Rivarola, integrante de Conamuri y de la Articulación Curuguaty, creada en 2012 para acompañar a los campesinos de la región de Marina Cué acusados por lo que se conociera como “Masacre de Curuguaty” (7).

El periodista del ‘Jornal Do Povo’ (Brasil) y autor del libro ‘Curuguaty: carnicería para un golpe’, Leonardo Wexell,  dijo que el instructor de la causa fue puesto en el viceministerio de Seguridad para proteger el negocio de los sojeros y las transnacionales.

El comunicador sostuvo que durante los cuatro años que duró su investigación pudo comprobar los inmensos errores del juicio: “Imputaron de forma criminal a inocentes”. (8)

Mercedes Canese, Vice-Ministra de Minas y Energía del Gobierno del Presidente Lugo (2008-2012) ha declarado al Observatorio SELVAS: Hago tres preguntas sobre ‪Curuguaty.

¿Miente Eduardo Galeano cuando dice que la justicia es como la serpiente que solamente muerde a los descalzos?

¿Podemos ser indiferentes? Y si lo somos, cuando nos toque una injusticia ya no habrá nadie que nos defienda, como sabiamente expresó Bertolt Brecht?

¿Alguien confía en la justicia de Paraguay? ¿O casualmente, en medio de tanta injusticia, ahora la justicia en un ataque repentino de honestidad, dio un fallo justo?

Nadie honesto en Paraguay, nadie con corazón, nadie que quiere dejar un mundo mejor para las futuras generaciones, tan siquiera para su propia familia, puede ser indiferente”.

Organizaciones internacionales piden justicia para campesinos

Las organizaciones de Derechos Humanos Oxfam y Amnistía Internacional emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que piden justicia para los campesinos condenados por la masacre de Curuguaty.

"El Ministerio Público no ha explicado de manera convincente los motivos por los cuales no investigó tales muertes, ni tampoco la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales de varios campesinos", señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

"En Paraguay, el 1,6% de los propietarios poseen el 80% de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma agraria, contemplada en la Constitución Nacional", puntualizó por su parte Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe.

"Oxfam y Amnistía Internacional instan a las autoridades paraguayas a investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial, todos los hechos relativos a la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de los hechos de junio del 2012.", señala el comunicado de ambas organizaciones.

Conclusión

Este injusto proceso tiene lugar en la misma fecha de aniversario de la visita del Papa Francisco al Paraguay, que dijo el 11 de julio de 2015 en el León Condou: "Para que haya una verdadera cultura en un pueblo, una cultura política y de bien común, debe haber juicios claros, juicios nítidos. Y no, no sirve otro tipo de estratagemas."

La presencia pastoral de obispos comprometidos en la opción preferencial de los pobres como el obispo del Chaco, Mons. Lucio Alfert, y el obispo de San Juan Bautista -Misiones, Mons. Mario Melanio Medina, debe abrir los ojos a toda la Iglesia de Paraguay como lo menciona el Papa Francisco. No se puede seguir tolerando graves errores como lo de la Conferencia Episcopal de Paraguay que ha apoyado el golpe parlamentario en contra del Presidente Lugo.

Hace un año, Magui Balbuena, candidata a la Vicepresidencia de la República para Kuña Pyrenda, miembro y fundadora de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay CONAMURI, me había comentado que “Realmente importante como mensaje de Papa Francisco y toque de atención para el Gobierno nacional. Por un lado la presencia del Presidente Cartes entre los movimientos sociales hace que se demuestre al Papa la indignación de nuestro pueblo en su cara. Sencillo pero aleccionador el mensaje del Papa a la sociedad. Desnudando una parte la realidad del país de la gente pobre trabajadora que sufre los golpes del capital.

Me gustó que el Papa dice que la corrupción es la” polilla y la gangrena en la sociedad” que me pareció muy acertada decir ante los representantes del gobierno y las organizaciones sociales, que es uno de los principales males del gobierno” (9).

Magui Balbuena, el día 11 de julio a las 12:50, ha denunciado desde Asunción: “Que los policías están cerrando las bocas. Abran las calles de acceso al Palacio de (in)Justicia. Dictadura nunca más. Libertad a los presos y presas por luchar”.

Concluyendo, recuerdo con emoción mi viaje a Asunción en agosto de 2013 en colaboración con el Europarlamentar Klute Jurgen (Gue-Ngl), recuerdo mi entrevista con el Presidente Lugo después del “golpe parlamentario”, que después ha servido para hacer una denuncia contundente en el Parlamento Europeo sobre narco-política del Presidente Cartes (10).

Como dice Ricardo Nicolás Canese Krivoshein, “El mundo debe saber que en este momento en Paraguay existen presos políticos, víctimas de un poder judicial corrupto y criminal y de este modelo excluyente e injusto”.

Notas

1. www.ultimahora.com
2. www.frenteguasu.org.py
3. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/075/52/PDF/G1607552.pdf?OpenElement
4. http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/obispo-acusa-que-masacre-de-curuguaty-fue-un-montaje-1491912.html
5. http://nanduti.com.py/2016/07/12/califican-injusta-aberrante-la-condena-caso-curuguaty/
6. https://www.facebook.com/galo.bogarin?fref=nf
7. http://radiomundoreal.fm/9186-un-antes-y-un-despues?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
8. http://nanduti.com.py/2016/07/12/leonardo-wexell-severo-rachid-criminal/
9. http://www.alainet.org/es/articulo/171062
10. https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2012/jun/29/fernando-lugo-paraguay-coup-development

Cristiano Morsolin, trabajador social e investigador italiano radicado en Latinoamérica desde 2001. Autor de varios libros, panelista internacional, analiza la relación entre políticas emancipatorias, derechos humanos y movimientos sociales. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán).

Blog: https://diversidadenmovimiento.wordpress.com/