Instalada la mesa política en la Secretaría de Gobernación entre el subsecretario Enrique Miranda y los representantes de la Coordinadora Nacional con dos sesiones realizadas, y en la víspera de que comience la de asuntos educativos (el 19) y la de cuestiones sociales (el día 21), en la negociación entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación todo se resolvió con rapidez en reuniones encabezadas por Otto Granados –salinista de hueso colorado que desconoce los temas educativos–, y el ahora humilde y hasta solícito Aurelio Nuño y Juan Díaz para la firma de los acuerdos e imágenes que divulguen una operación que no es para subestimarse.

Parece insuficiente la postura expresada por el vocero de la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE, Adelfo Alejandro Gómez, cuando dice: “Nuño y el SNTE, para nosotros, no son interlocutores válidos y de ahí no nos vamos a mover”.

Pueden no moverse, pero lo que está en curso es un movimiento que va más allá de la CNTE por más que sea eje o vanguardia –como era enunciado hasta los 70 del siglo pasado–, en buena medida por los errores cometidos por la soberbia de Nuño y su equipo en la aplicación de la reforma educativa. Equipo en el que abundan los todólogos de la política a la mexicana.

También está en curso una batalla por la opinión pública y publicada. Y para avanzar no sirven los actos vandálicos como los realizados el día 13 por enésima ocasión en Chilpancingo, atribuidos a la Coordinadora Estatal en Guerrero contra la sede del SNTE, sin que la primera se deslindara como ya es costumbre y podría terminar por aislarse de la mayoría magisterial.

Razones pueden no faltarles como es el despido de cuatro de sus dirigentes, pero cuando está abierto un proceso de diálogo y de negociación no existe problema vedado, como lo indica el traslado por resolución judicial de Rubén Núñez, del penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, al Centro Federal de Readaptación Social de Mengolí Miahuatlán, Oaxaca.

Nuño Mayer y Díaz de la Torre –harto enriquecido dicen sus críticos con datos en la mano–, desarrollan una operación política para “cercar el fuego” de la resistencia magisterial que hasta en la práctica de los bloqueos llegó para quedarse en Coahuila, Nuevo León y Sonora; también Hidalgo y Morelos, cuando eran característicos de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y con menos frecuencia Tabasco.

Operación que contempla que en máximo 45 días se hará un “rediseño global del proceso de evaluación que prevé la reforma educativa”, con la finalidad de garantizar que sea “pertinente y más útil”. También se comprometió la SEP a construir “un mecanismo de análisis y revisión de todos los componentes de la evaluación”, tras reconocer que “existe la percepción (sic) de que la reforma educativa tiene una orientación punitiva”. Incluye el acuerdo de buscar la “diversificación de los instrumentos de evaluación docente”, que tomen en cuenta “los contextos sociales, culturales, urbanos y étnicos”.

Pareciera que podría quedar atrás la intransigencia de Enrique Peña Nieto (“La reforma educativa se mantiene inalterada”, jura), por medio de su amigo y precandidato Nuño. Falta que muestren voluntad política para resolver el litigio y no sólo administrarlo.

“No se ve una vía clara que conduzca a la solución pronta del conflicto. Por momentos vemos una estrategia dilatoria, mucha plática y pocos avances”, postulan líderes de la CNTE, pero la vía se construye por las partes.

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