La prisión preventiva que sufre Gregorio Santos ha generado el rechazo no sólo de los sectores de la izquierda sino de sus rivales políticos que consideran como un exceso que se le haya ampliado 7 meses la carcelería, pese a que lleva 25 meses en prisión sin que el fiscal haya podido sustentar una acusación en su contra.

La prisión preventiva es una medida excepcional y, de acuerdo al artículo 268 del Código Procesal Penal, debe haber fundados elementos de convicción que vinculen al acusado con el delito; que la pena probable a imponerse sea superior a los 4 años de cárcel y que exista peligro procesal, ya sea de fuga o de obstaculización de pruebas.

Cualquier otro argumento que no se ajuste a esos requisitos no puede servir como motivo para dictar la prisión preventiva y los fundamentos del Ministerio Público para tener en prisión a Gregorio Santos no soportan el menor análisis. Sostiene que el caso es complejo y están pendientes diligencias, y por eso privan a Santos de su libertad. Si esto fuera una regla general, entonces todos los procesados deberían estar en prisión.

No es posible que tenga que estar preso 32 meses esperando un juicio porque el fiscal no encuentra las pruebas para acusarlo por los presuntos delitos de asociación ilícita y colusión, y utilice el pretexto de la “complejidad” del caso para mantenerlo privado de su libertad. El derecho nunca puede servir a la venganza sino a la justicia.

Por si fuera poco, antes que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decida ampliar la prisión preventiva a Gregorio Santos, la Corte Suprema se pronunció en contra de que se le extienda su encierro.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) emitió un comunicado en el que califica la prórroga de la prisión preventiva de Santos como un abuso y un exceso, pues no hay razones suficientes para justificar su permanencia en la cárcel.

Evidentemente hay un uso indebido de la prisión preventiva y diera la impresión que se está utilizando no para hacer justicia sino como un arma para el ajusticiamiento político.

El proceso judicial debe ser imparcial, ajustado al debido proceso y garantizando el respeto de los derechos humanos que viene siendo vulnerado. Desde un principio Gregorio Santos se sometió al proceso judicial, asistió a las diligencias y el mismo pidió que se le investigue y manifestó que si hay responsables que sean sancionados con lo que establece la Ley.

El caso de Santos hace recordar el abuso cometido contra muchas personas en el régimen de los 90, cuando eran encarceladas y pasaban años esperando un juicio que se prorrogaba con ampliaciones sin sentido, tal como sucede hoy con el gobernador de Cajamarca.

Corresponde que Santos sea investigado en libertad o con prisión domiciliaria. En este caso la prisión preventiva está afectando el derecho a la presunción de inocencia y la justicia está cometiendo un abuso de autoridad.

Es hora que las diferentes organizaciones, los colectivos y los partidos políticos se pronuncien exigiendo que en el Poder Judicial se respete el debido proceso, se aceleren las investigaciones y se lleven adelante procesos justos y que no se vulnere los derechos de los litigantes y de quienes buscan justicia.

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