De los 122 objetivos prioritarios de Enrique Peña Nieto frente a la delincuencia organizada, dicho llanamente, los capos de los entonces corporativos criminales a detener, procesar o de plano aniquilar bajo la explicación de voceros del Ejército, Marina y Policía Federal de “murieron en un enfrentamiento”, hasta el 13 de enero sólo faltaban por cumplimentar 24.

Un éxito en vías de consumarse al 100 por ciento es lo que puede festejar próximamente el gobierno con todo y las acostumbradas firmas presidenciales que acostumbran exhibir como si fueran estrellas de la pantalla grande que, con internet, también es chica.

Desgraciadamente este éxito no se refleja en las tasas de incidencia delictiva, en particular en homicidios dolosos que desde septiembre de 2015 las autoridades reconocen que repuntaron. Y en el primer cuatrimestre de 2016 lograron niveles que no se padecían desde hace 18 años.

Frente al peligroso repunte criminal, Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en seguridad de Lantia Consultores, sólo alcanzó a explicar en La Hora de Opinar (Canal 4 de Televisa) que “las autoridades se confiaron”. Lo peor, es el mismo disco rayado de hace 10 meses, como si lo principal fuera conservar presuntas asesorías con autoridades y no explicar fenómenos tan complejos como dinámicos.

Dicho de otra forma, la inerme población que fue colocada en medio de los ajustes de cuentas de los criminales y también de la acción de las fuerzas armadas (“daños colaterales”, les llaman los del generalato repitiendo la fórmula de los manuales de guerra del Pentágono), no obtienen ningún beneficio aparente de la exitosa tarea cumplida por los que actúan violentando en forma sistémica las garantías individuales y los derechos humanos, y hacen de la Constitución letra muerta al actuar en tareas policiales y hasta ministeriales.

Otro resultado a la vista es la extraordinaria fragmentación de lo que hace una década –con Felipe Calderón, el empleado de la trasnacional Iberdrola a la que tanto favoreció desde la Presidencia; como antes lo hizo Ernesto Zedillo con Union Pacific–, eran tres corporativos criminales y “descabezados” como fueron ahora son decenas de bandas de narcos, en permanente rivalidad por las plazas, y una agresividad y violencia sin precedente, que paga la inerme población y a los gobernantes parece interesarles poco.

De lo contrario no aplicarían una estrategia subordinada a los intereses y necesidades de Estados Unidos. Trabajaría más y mejor el grupo gobernante (mexiquense, como antes fue michoacano, guanajuatense, como pandilla) para desarticular las vigorosas finanzas e inversiones del crimen organizado. En este decisivo terreno no hay nada digno de registrar, salvo lo que hacen contados jueces estadunidenses y el fallido intento español contra el “ofendido” archimillonario Humberto Moreira.

En la Casa Blanca de Washington, no la de las Lomas, el presidente mexicano suscribió otro compromiso de subordinación a las necesidades imperiales sin recibir nada a cambio, como ya es vieja costumbre, “para evitar la expansión de la siembra del opioide en más zonas del territorio mexicano, y disminuir y evitar la creciente entrada de la heroína hacia Estados Unidos”, porque además “genera un problema de violencia en México”.

Sin duda, genera violencia en México pero ésta repunta en varios aspectos mientras se atienden tareas y funciones que competen a las agencias policiacas estadunidenses en su frontera sur, y no al Ejército, Marina y Policía Federal.

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