Sérgio Amadeu, profesor universitario, habla sobre el combate al terrorismo en el contexto de los Juegos Olímpicos.

La realización de los Juegos Olímpicos en Brasil hizo emerger en el país el debate acerca del terrorismo. Relacionada a esta cuestión, existe una discusión en torno de los mecanismos utilizados por el Estado para realizar investigaciones criminales. La reciente y confusa prisión de supuestos terroristas en Brasil, el último 21 de julio como la primera acción anti terror de la Policía Federal, coloca en el centro de la vida política un tema ya presente en otros países: la vigilancia en masa.

Brasil de Fato entrevistó a Sérgio Amadeu, profesor de la Universidad Federal del ABC (UFABC), para conversar sobre estos asuntos. Según dijo, el poder que el Estado viene adquiriendo pone en riesgo el carácter democrático de nuestra sociedad. “Lo que estamos viviendo en Brasil es un Estado de excepción”, afirmó Amadeu, que también opinó que la vigilancia en masa en Brasil se relaciona con la aplicación de la Ley Antiterrorista.

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Brasil de Fato – ¿Cuál es la relación entre mecanismos de vigilancia en masa y los Juegos Olímpicos?

Sérgio Amadeu - La verdad, ya hace algún tiempo que en Brasil se viene siguiendo la doctrina de vigilancia en masa que fue lanzada por los Estados Unidos. Ella llegó antes, el propio [Edward] Snowden mostró eso en el 2013 [cuando reveló los espionajes del gobierno norteamericano a millones de llamadas y e-mails de brasileños]. Es que no lo sentíamos.

Una de las grandes justificativos para esa observación masiva de la vida de las personas son los grandes eventos – Mundial de Fútbol, ahora las Olimpíadas. Brasil creó un centro de ciberseguridad, organizado por el Ejército, que hace algún tiempo persigue aquello que es considerado “peligroso”, aquello que es considerado, en cualquier momento, un enemigo del Estado.

¿Cuáles son los riesgos de ese modelo?

El problema es que, para la doctrina de seguridad norteamericana, usted tiene una serie de gentes que son indistintamente vigilados como si fuesen de alta peligrosidad, como si fuesen efectivamente terroristas. Se incluyen: activistas ambientales, defensores de comunidades tradicionales e indígenas, movimientos sociales –tradicionales y nuevos activistas–, defensores de la libertad en internet, estudiantes que protestan contra las políticas educativas y que entienden que, muchas veces, es preciso ocupar la propia escuela para evitar su cierre. Todo eso pasa a ser su objetivo.

Eso no es específico de Brasil, está en textos de pensadores de la vigilancia masiva que escribieron desde los Estados Unidos. Sin duda, eso es agigantado cuando ocurren determinados atentados terroristas. Ahí se crea una situación muy difícil, un momento hobbsiano, en alusión a Thomas Hobbes, autor de [el libro] Leviatan, y que dice que las personas tienen que abrir la mano de su libertad en función de su seguridad.

Eso es lo que estamos viviendo, y hay una exageración. Recientemente, las detenciones de los supuestos terroristas en Brasil tienen un grado de exageración muy grande. Sólo que, ahora, en esa doctrina que está siendo aplicada, hay instrumentos gravísimos contra la ciudadanía que es, por ejemplo, la Ley Antiterrorismo. Una norma desacertada, que fue aprobada aun en la gestión de Dilma Rousseff [PT], y que será aplicada por los golpistas, esa es la cuestión.

¿Cuál es la relación con la Ley Antiterrorismo?

Esa ley es muy peligrosa. Todo lo que contiene ya es crimen: depredar patrimonio público, interferir en la comunicación de entes públicos, matar una persona, por ejemplo. Ahora todo eso está reunido en un tipo penal específico, llamado de terrorismo, pero que no es claramente identificado. En ningún momento, por ejemplo, está encuadrando la acción de grupos paramilitares. ¿Por qué? Porque ello chocaría con la extrema derecha brasileña, grupos agresivos, milicias. Eso quedó fuera. Eso no fue contemplado como terrorismo.

Se abrió un espacio muy grande para criminalizar, a partir de la interpretación de un juez más retrógrado, personas que no tienen nada que ver con el terrorismo y que la verdad son activistas de movimientos sociales. El problema es quien es considerado sospechoso por los grupos de vigilancia del Estado.

Durante el Mundial de Fútbol, ellos capturaron algunos activistas – Sininho y otros [gente que participaba de protestas y que fue detenida de manera preventiva antes de la final del Mundial] – y consideraron aquello un grupo terrorista. Si tuviésemos la Ley Antiterrorismo en aquel entonces, nosotros tendríamos mucha dificultad. Esas personas podrían haber sido procesadas a penas de 15 o 20 años de prisión. Es extremadamente grave.

¿Qué hay de nuevo en relación a la vigilancia con relación de las Olimpiadas?

Existen varios tipos de equipamientos. En general, algunos analizan metadatos, otros son tecnologías que permiten invasiones en las computadoras personales, otros quiebran criptografía. Son elementos que van agrupándose, pero ya estaban en uso en Brasil. Particularmente, no tengo informaciones sobe los últimos equipamientos adquiridos, pero nosotros imaginamos lo que son: especialmente softwares que permiten la vigilancia. Programas como los de la NSA, que Snowden denunció. No es que Brasil tenga los mismos. ¿Cuál es el objetivo? Capturar informaciones, realizar interferencias en celulares y computadoras, quebrar criptografía cuando ella existe.

Hace más de un año, se filtraron datos de una gran empresa, que hace ese tipo de trabajo de seguridad de informaciones, pero también de espionaje. La compañía se llama Hacking Team. Por la información filtrada, quedó claro que agencias del gobierno brasileño, probablemente la Policía Federal o, tal vez, el centro de ciberseguridad del Ejército han adquirido soluciones de esa empresa.

¿Esa doctrina va a permanecer después del fin de los Juegos?

Ella va a permanecer. El problema es el objeto de eso. El Estado compra equipamientos, rastreadores, analizadores de paquetes de internet, dispositivos de intrusión, contrata empresas que invaden las máquinas de las personas, como Hacking Team. Ella hace eso de un modo que yo creo que tiene un grado elevado de ilegalidad. Eso va a continuar.

Más allá de la cuestión de los activistas, usted mencionó la prisión de sospechosos de terrorismo. Esas detenciones fueron complicadas hasta desde el punto de vista de la Ley Antiterrorista. ¿Cómo evalúa esa cuestión?

Hace algún tiempo, principalmente después del 11 de septiembre, que lo que ha avanzado en el mundo entero, en gran escala, es el llamado Estado de Excepción que, como propone Giorgio Agambem, es caracterizado, por esos vacíos jurídicos creados sobre la justificación de garantizar el bien común, como “la defensa de la sociedad contra el terror”. A partir de eso, se violan derechos, se crean áreas completamente oscuras de uso de poder descomunal del Estado contra los individuos, que son acusados y no tienen derecho a defenderse.

Lo que estamos viviendo en Brasil es un Estado de Excepción. Yo releí la Ley Antiterrorismo y observé que no hay un dispositivo similar al Acta Patriótica [de los Estados Unidos, firmada por el ex presidente George W. Bush tras el 11 de septiembre], que permite que ciertos individuos queden sin derechos, sin abogados y sin comunicación por un determinado número de días. Eso no está en la norma, en la ley de Brasil, [y las prisiones en la operación anti terror] es completamente ilegal. Esas personas están sin abogados, en un presidio de máxima seguridad en el cual las celdas no tienen siquiera energía eléctrica. Es un abuso.

Todo indica que muchas de esas personas fueron presas porque si decían, en las redes sociales, simpatizar al Estado Islámico. Eso es complicado. Yo puedo exigir, entonces, la prisión de apoyadores del Golpe Militar, que dicen que tiene que matar personas, destilan violencia. ¿Por qué esas personas no están presas como los terroristas de extrema derecha? Porque es muy confuso, no se puede detener a las personas como terroristas porque ellas tengan determinadas ideas, se debe actuar sobre las acciones. Por lo que yo vi de la declaración del ministro de Justicia, casi que confiesa que algunos de esos supuestos terroristas fueron presos por una intención, o simpatía, que no podría cambiar en acción. Eso es gravísimo. Ellos no fueron detenidos con el automóvil cargado de dinamita, con la prueba de que serían terroristas. Es un absurdo y extremadamente grave.

¿La vida de “ciudadanos comunes” puede sufrir con ese modelo de vigilancia?

Nosotros ya aprendimos, observado la historia, que la maquinaria del Estado es grande, existen muchos funcionarios de los aparatos de represión que, cuando tienen una facilidad enorme de violación de derechos, pasan a usar eso para chantajear a personas comunes, para obtener pequeños beneficios propios. Eso va a llegar al ciudadano común, de una forma o de otra.

Lo que hoy está sucediendo es una inversión de valores. En la democracia, el poder debería ser completamente transparente y la vida de los ciudadanos tener grandes espacios de privacidad. Hoy ocurre lo contrario: el Estado y las corporaciones están tornándose cada vez más opacos y la vida de las personas son cada vez más transparentes. Es una inversión de los principios democráticos, que deberían regir nuestra sociedad.

¿Cómo es posible enfrentar tal situación?

Es preciso denunciar, crear una ola en la opinión pública que exija un límite a esa vigilancia, que recoloque la perspectiva de que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario y no, como está sucediendo con la doctrina norteamericana, de que todos somos potencialmente culpados hasta que se pruebe la inocencia. Tenemos que cambiar el aparato legal que garantiza eso, con movilización, que no tiene que ser de un u otro movimiento, es de interés de toda la sociedad.

4 de agosto de 2016

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Traducción: María Julia Giménez