Paraguay, Argentina y Brasil, la nueva triple alianza, desconocen la legítima presidencia pro témpore de Venezuela en el Mercosur y se confabulan para excluir del bloque a la nación bolivariana.

La normativa institucional del bloque creado hace veinticinco años, prevé, más allá de variaciones de orden político en sus integrantes, un mecanismo semestral de traspaso rotativo de su presidencia por orden alfabético. En Julio, Uruguay dejó la presidencia en término, pero, pese a considerarlo correcto, no logró reunir a los cancilleres para efectuar el traspaso a Venezuela. El bloqueo se produjo por la negativa cerrada del ministro de relaciones exteriores del Paraguay y el canciller interino de Brasil con la anuencia del gobierno argentino.

Los argumentos son variados y con poco sustento. Se considera que Venezuela no cumplió con las medidas de adecuación del Mercosur, por lo que no sería considerado miembro pleno. Esta falacia es indemostrable, toda vez que Venezuela ya ejerció la presidencia del bloque durante el 2013 y parte del 2014. Otra afirmación es que su situación interna le impediría ejercer con propiedad la presidencia rotativa. Aún más: en evidente consonancia con recientes maniobras del ex canciller uruguayo Almagro en la OEA, se acusa al legítimo gobierno de Nicolás Maduro de violar los Derechos Humanos, mantener prisioneros políticos y lesionar libertades democráticas.

Lo que se quiere, en realidad, más allá de toda declaración y propaganda, es neutralizar los aspectos soberanos del Mercosur, para posibilitar que algunos de sus miembros puedan adherir unilateralmente a la Alianza del Pacífico y al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), es decir, volver a ser furgón de cola de EEUU.

Lo que se pretende, también, es cimentar un bloqueo diplomático contra Venezuela y alentar todo tipo de acciones que coloquen a la Revolución Bolivariana contra la pared, alimentando la tesis de que la única vía posible es la caída del gobierno, para abrir paso al retroceso conservador y, nuevamente, al alineamiento unipolar.

No hay duda que esto es congruente con el objetivo mayor: debilitar el multilateralismo emergente y con ello, las posibilidades de confluencia soberana de las naciones del sur hacia un nuevo equilibrio mundial más justo.

Los farsantes

La injusticia es de por sí intolerable. Pero más indignante todavía es cuando el lobo se quiere disfrazar de oveja. Entre los promotores de este golpismo institucional, no hay uno sólo que pueda exhibir credenciales de ser un demócrata consumado. El gobierno del empresario Horacio Cartes, condenado en 1985 por estafa al Banco Central, es ciertamente un gobierno electo, legal, pero su elección se produjo luego que el Partido Colorado, que gobernó ininterrumpidamente el Paraguay durante más de 60 años, retomara con los subterfugios habituales las riendas del dominio del país al pergeñar con la complicidad del Partido Liberal un golpe parlamentario contra el presidente Lugo en 2012.

Exactamente el mismo diseño tiene el actual golpe parlamentario-mediático en curso contra Dilma Rousseff en Brasil. Un vicepresidente, ex aliado, que traiciona su mandato y se ofrece como transición usurpando la presidencia, para que en las sombras el partido de la socialdemocracia brasileña de Fernando Henrique Cardoso y Aecio Neves puedan intentar ganar en las próximas elecciones, volviendo a un Brasil con hambre, privatizado y con derechos menguados. Todo ello de la mano de un acoso judicial al ex presidente Lula, quien mantiene una altísima estima en la memoria del pueblo, convirtiéndose en un escollo difícil de sortear para las apetencias del tándem coyuntural PSDB-PMDB.

En Argentina, un gobierno de funcionarios provenientes de las corporaciones de negocios ha ganado las votaciones por una mínima diferencia, luego de años de batalla mediática contra un gobierno popular. Un montaje – caso similar al de Peña Nieto –, un fraude mediático, una escenografía y un arsenal de guerra psicológica armados desde y a través del monopolio de la comunicación, han permitido en este país que un personaje representativo del interés minoritario, pudiera ocupar la presidencia con la mayoría de los votos. Es interesante preguntarse qué hubiera ocurrido si Macri hubiera perdido por el estrecho margen por el que ganó. Sin duda que se hubiera intentado impugnar la elección primero, pero luego, confirmada su validez, el escenario en Argentina presentaría símiles características al Brasil de Dilma o al Paraguay con Lugo. Es decir, asistiríamos a diarias andanadas de argumentos para enjuiciar políticamente y destituir a un gobierno de continuidad kirchnerista.

Para completar este panorama de degradación política y democrática de los promotores de una fingida moralidad institucional en el Mercosur, ampliemos algo más el currículum de sus actores.

El canciller paraguayo se desarrollaba ya como funcionario en la cancillería del dictador Stroessner en los años 70’, al par que impulsaba con fervor la Liga Anticomunista en su país. En Brasil, un gran número de los diputados y senadores que han votado para que prosiga el proceso de apartamiento de la presidenta Rousseff, están sospechados o procesados en la megacausa de corrupción estructural conocida como Lava Jato. Desde las declaraciones del senador Jucá Romero, se ha hecho explícito lo que ya se sabía: que el impeachment contra Dilma persigue el objetivo inmediato de sumergir las investigaciones y condenas que develaron la profunda dependencia del sistema político brasileño del soborno y la cooptación empresarial.

Por último, el nuevo gobierno argentino ha logrado – luego de iniciar a decreto partido su período – forzar cierta gobernabilidad parlamentaria torciendo la voluntad soberana que había otorgado mayorías a la actual oposición. Presiones a diputados y senadores sumadas a la amenaza de desfinanciar a los gobiernos provinciales o a organizaciones políticas que no se avengan a apoyar, han dado vuelta los contrapesos parlamentarios que una democracia en buen estado debería ofrecer. No menos grave ha sido la selección arbitraria de dos jueces de la Corte Suprema (luego “legalizados” por esta nueva “mayoría”), la anulación de facto de una ley soberana y vigente de Servicios de Comunicación Audiovisual devolviendo favores al pulpo mediático Clarín y la violación flagrante de los derechos humanos con el encarcelamiento sin proceso previo de la militante social y diputada del Parlasur Milagro Sala, junto a otros diez compañeros de su organización.

La farsa democrática

Sin embargo, los farsantes no son los creadores de la farsa democrática sino apenas un subproducto de ella. Son los gestores visibles de una decadencia que se extiende a nivel mundial, dando claras muestras del ocaso de una forma de democracia y de la necesidad de su profunda renovación paradigmática.

A modo de ejemplo reciente, recordemos el quebranto institucional que ejerció la Unión Europea sobre la soberanía griega al ignorar el claro voto plebiscitado en el que el pueblo griego se opuso a acuerdos de ajuste con la tecnocracia de Bruselas. O en el ámbito mundial, el corte de fondos de los EEUU a la Unesco por incorporar como miembro a Palestina. O las mismas Naciones Unidas, en las que 5 países, miembros permanentes del Consejo de Seguridad  se arrogan derecho al veto, y ejercen en la práctica una suerte de gobernanza global sobre las más de 200 naciones restantes. No parece ser un mundo ejemplarmente democrático, sino uno en donde todavía impera la ley del más fuerte.

Pero la falta de democracia y de imposición violenta se verifica con extremo rigor también en otros campos de actividad humana, claramente incidentes en la corrosión política.

Pensemos en el ámbito económico, donde la riqueza se concentra en apenas el 1% de la población, ejerciendo de facto un poder que condiciona la supervivencia y por tanto, las elecciones del resto de la humanidad.

Otro tanto sucede en el campo de las comunicaciones, donde un puñado de empresas domina a voluntad las agendas que diariamente son transmitidas a las poblaciones, generando e imponiendo como verdad única la ilusión de relatos acordes a sus propios intereses.

¿Qué clase de democracia puede ser ejercida en tamaños entornos? Sin duda, la degradación democrática es un fenómeno estructural, transversal y mundial.

La democracia del siglo XXI, una renovación imprescindible

Para avanzar en la soberanía y la integración de los pueblos, para oxigenar un mundo que se vuelve cada vez más asfixiante y despiadado, se hace necesario iniciar un nuevo ciclo, impulsando un nuevo estilo de democracia, una democracia acorde al Siglo XXI.

Esta renovación democrática requiere llevar como bandera central, la efectiva descentralización del poder a favor del empoderamiento popular. Tal empeño está ligado a las posibles garantías de participación que pudiera ofrecer una democracia más directa, ya que en general es más difícil manipular a una multitud que corromper a una casta burocrática a través de las hoy instaladas prácticas de lobbismo, soborno y financiamiento electoral para que favorezcan las ambiciones de los grandes mandantes corporativos.

Pero lejos de apuntar meramente al estrecho campo institucional o estrictamente político, dicha transformación democrática deberá necesariamente ser económica, deslegitimando la posibilidad de explotación del otro y reemplazándola por mecanismos guiados por un espíritu de cooperación y solidaridad, hoy ya existente pero salvajemente sometido. En el mismo sentido, los problemas suscitados por la tan mentada degradación climática y medioambiental podrán ser resueltos sólo desde esa democratización económica, tendiente a posibilitar la vida y el bienestar en común, supliendo a la depredación del lucro como orientación social.

En el mismo sentido, habrá que consolidar una efectiva democracia en las comunicaciones, entendiendo éstas como derecho humano y bien social. De esta manera, al promoverse la expresión popular como centralidad, podrán ser cotejados nuevos sentidos comunes en el espacio social, alejando la imposición de la vigente propaganda desinformativa de agendas sesgadas  y hegemónicas.

La misma lógica ha de trasladarse a alcanzar una genuina democracia cultural, en la que no se persiga la instalación de modelos de civilización uniformes. La aspiración de una democracia regenerada incluirá como una cuestión elemental la región de los géneros, habilitando su paridad complementaria. Del mismo modo y en coherencia con lo anterior, tenderá a crecer una democracia moral, posibilitando la libre elección personal y colectiva de formas de vida diversas, sin la inhibición de dogmas o posturas censoras.

Es decir, la democracia del siglo XXI será necesariamente una democracia integral y plena o no será.

Acaso alguno opine – con justa razón – que soñamos despiertos. En todo caso, las consecuencias de continuar durmiendo están a la vista.

- Javier Tolcachier, Pressanza, Córdoba, Argentina

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