Todo indica que las conversaciones entre Gobierno y FARC tienen todavía aspectos pendientes que deben resolver las dos delegaciones, antes que se pueda hablar de la existencia de un Acuerdo Final definitivo. Pero al tiempo, miembros del Gobierno parecen mostrar una prisa excesiva por convocar el plebiscito refrendatorio y todo indica que el adagio popular que dice "de la carrera no queda sino el cansancio" es algo que deberían tener en cuenta; de hecho el ex presidente Cesar Gaviria eso planteó en días pasados: "yo diría que el gobierno debe negociar sin afán".

Pero, ¿qué aspectos están pendientes? Por lo que se conoce hay varios aspectos no precisados por las dos delegaciones o no dados a conocer y que no son de poca monta. Voy a referirme a los más relevantes:

a) el tema de reincorporación política -lo relacionado con favorabilidad política, esto es que representación política tendrán en las corporaciones públicas y cuáles el movimiento político que decidan crear las FARC; no olvidar que la esencia de un proceso de este tipo es cambiar el uso de la violencia por la participación en política con garantías- económica y social de los miembros de la organización insurgente, de acuerdo con sus propios intereses -es decir, que va a suceder con los guerrilleros a partir del día 181 posterior a la firma de los acuerdos, donde se ubicarán, de que van a vivir, etc-,

b) el tema de la amnistía para la base guerrillera y los presos, procesados o condenados por ser acusados de pertenecer o colaborar con las FARC -es decir los que no van a comparecer ante la Justicia Especial para la Paz- lo cual requiere prepara el proyecto de ley y definir qué tipo de delitos van a ser considerados como conexos al delito de rebelión -de hecho, dirigentes de las FARC han dicho que el proceso de concentración en las 'Zonas Veredales de Transición hacia la Normalización' está condicionado a que este tema se encuentre definido y el Gobierno señala que dicha ley solo se presentaría posterior a la realización del plebiscito-, ahí está un tema complejo que requiere una solución;

c) tres temas pendientes que son claves, uno, el mecanismo de nombramiento de los miembros de la Comisión de la Verdad, dos, el mecanismo de designación de los veinticuatro magistrados de la Justicia Especial para La Paz y tres, el número y la ubicación de las circunscripciones especiales transitorias para Cámara de Representantes que llevarán la vocería en el Congreso de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y que se suponen deben ser áreas de alto impacto negativo del conflicto armado;

d) ligado al último tema anterior está las zonas en las cuales se adelantarán los programas de desarrollo agrario integral, acordados en el punto agrario y que serán donde se concentrará la acción y la inversión del Estado -pensar en que estos programas se fueran a adelantar en todo el territorio no tiene sentido y el costo de eso desbordaría las capacidades estatales-;

e) el sistema de verificación, nacional e internacional, del cumplimiento de los acuerdos -la misión del Consejo de Seguridad de la ONU y CELAC solo tiene como fin verificar el proceso de cese al fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo, así como la dejación de las armas de las FARC-, pero se requiere un mecanismo de mediano y largo plazo, nacional e internacional en su composición, que verifique el cumplimiento de lo acordado, tanto en el actual Gobierno como en los que lo sucedan-

f) los mecanismos institucionales de implementación de los acuerdos y de seguimiento a lo anterior.

Todo lo mencionado señala que no hay duda que aún se van a tomar varias semanas las dos delegaciones para poder llegar a acuerdos y cerrar estos puntos. Por lo tanto la conclusión obvia sería: ¿porque no se puede hacer el plebiscito en el mes de noviembre o aún a comienzos de diciembre como en el año 1957 cuando se dio nacimiento al Frente Nacional? Esto podría favorecer una buena campaña de difusión y explicación de los acuerdos, que le dé mejores elementos a los colombianos para tomar su decisión.

Y la prisa del Gobierno en convocar el plebiscito parece estar asociada a que quiere inmediatamente tramitar en el Congreso la reforma tributaria, que como sucede con todo lo relacionado con impuestos no tiene buena acogida en los ciudadanos, porque claramente no se trata de una reforma tributaria para disminuir los impuestos, sino para aumentarlos, especialmente uno que castiga a todos los colombianos como lo es el del IVA (impuesto al valor agregado); ahora si esto se combina en hacer que la tributación sea más equitativa para todos -el que más tenga y más gane, sea un particular o una sociedad, más tribute-, no habría dificultad en defenderla ante todos los colombianos.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional