La señora Esperanza Huayana estaba embarazada cuando fue atendida por médicos que le prometieron dar vitaminas, sin embargo fue esterilizada. Perdió a su bebé y la posibilidad de volver a ser madre. Ese modus operandi se repitió en diferentes regiones. En el Cusco y Piura, por citar dos lugares, los médicos que respondían al gobierno de Fujimori hicieron exactamente lo mismo con miles de mujeres.

La campaña desplegada en casi todo el país tenía un patrón, una directiva. Los médicos y sus asistentes visitaban los lugares más recónditos ofreciendo atención médica gratuita. Sin importar edad, todas las que acudían a la consulta terminaban siendo esterilizadas sin que nadie les consultara. Producto de ese engaño, se registraron 2074 casos de mujeres que fueron privadas de elegir la posibilidad de ser madres.

En cualquier sociedad civilizada el caso ameritaría una sanción drástica e inmediata, pero la Fiscal Marcelita Gutiérrez, después de un largo proceso, consideró que en estos casos no hay autoría mediata y crímenes de lesa humanidad y solo existe siete casos individuales de lesiones graves que involucra a cinco médicos. Es decir, dispone que se archive 2067 casos.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) han apelado la decisión fiscal y el caso pasará a una instancia superior, siendo lo más probable que el fiscal superior Luis Landa sea quien evalúe el recurso presentado por las organizaciones que defienden los derechos de las miles de mujeres violentadas en sus derechos fundamentales.

Autoría mediata

El abogado de IDL Carlos Rivera cuestionó la decisión de la fiscal, afirmando que en las esterilizaciones forzadas a mujeres mayoritariamente campesinas y quechuahablantes sí existe la autoría mediata y sí puede ser considerado como crimen de lesa humanidad.

Las violaciones a los derechos humanos vía las esterilizaciones forzadas se presentaron en regiones como Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco, Piura, Cusco, lo que evidencia que no fue un proceso individual sino un programa estatal planificado y orientado a esterilizar a mujeres como una forma de combatir la pobreza.

Fueron procedimientos dispuestos desde el Ejecutivo. No se le ocurrió a una persona, sino fue el desarrollo de un programa de gobierno que fue presentado por el propio presidente de la República. Sobre esto hay evidencia incluso documental y eso no ha sido tomado en cuenta por la fiscal Gutiérrez.

Independencia

María Ysabel Cedano, directora de Demus, espera que el fiscal superior Luis Landa actúe con independencia y sin presiones de ningún tipo. Advirtió que los representantes del fujimorismo han visitado a la fiscal Gutiérrez y al parecer están haciendo sentir la presión de su bancada en el Ministerio Público.

Es necesario, manifestó, que el fiscal superior (Landa) realice un trabajo independiente y sin interferencias políticas. Que revise la teoría con la que ha investigado la fiscal Gutiérrez y que opte por una más integral que le permita llegar a la verdad.

Sostuvo que la fiscal no ha valorado las pruebas que tienen que ver con el consentimiento informado y concluye que de las 2074 denunciantes hay un universo reducido de mujeres (7) que han sido esterilizadas sin su consentimiento informado.

Las consejerías no se daban en su lengua materna y les hacían firmar (el consentimiento) sin que ellas supieran realmente lo que estaban firmando. Había presión, chantaje, engaño. Hay casos en que hubo maltrato físico y hasta secuestro. Si aparece una firma en un documento de consentimiento informado no es prueba de nada si no se mira todo el contexto.

Cedano consideró que otro punto importante que no ha sido tomado en cuenta es la valorización de los testimonios de las víctimas. Tras la apelación el caso pasa a la fiscalía superior y posiblemente sea el fiscal Luis Landa quien tendrá resolver la apelación entre 20 y 30 días. Se espera que el fiscal superior actúe con independencia y sancione como corresponde a los responsables de las esterilizaciones forzadas, que es uno de los peores abusos contra las mujeres en las últimas décadas.

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