1.- El chavismo como “hecho maldito”

El chavismo es, para decirlo con John William Cooke, “el hecho maldito de la política del país burgués”[i]. Cooke se refería, claro está, al peronismo, en un texto de 1967, pero la sentencia aplica para el caso venezolano.

Aluvional, policlasista, no es esto lo que lo define. Ni siquiera durante sus primeros años. El chavismo es, desde su gestación, un fenómeno “maldito” para la burguesía, porque aquello que le da cohesión no es su capacidad para aglutinar el descontento, sino su decidido antagonismo contra el statu quo. Antagonismo que adquirirá matices anticapitalistas con el paso de los años, al fragor de la lucha, y como lo asumirán de viva voz tanto Chávez como sus líneas de fuerzas más avanzadas.

Si a comienzos de los años cuarenta del siglo veinte, Acción Democrática significó el ascenso de la clase media emergente, que a su vez hizo posible la incorporación ordenada de las clases populares a la escena política, siempre subordinada a la burguesía nacional y sometida a la voluntad del capital transnacional, y con el propósito de sentar las bases de la democracia liberal burguesa (tarea que ya había adelantado Medina Angarita), en el caso del chavismo el protagonismo descansa casi siempre en las clases populares, bien por voluntad expresa de Chávez, bien porque el propio chavismo demanda mayor participación y más radicalidad. Ya no es el sujeto que interviene “ordenadamente”, sino uno que emplea sus fuerzas en la refundación de la República, empresa histórica que pronto se traduce en la imposición de límites a los poderes económicos, y en las progresivas conquistas de derechos, particularmente económicos, sociales y culturales.  

Ese chavismo está vivo y coleando, a pesar de su apariencia muchas veces espectral, y de estar ausente de muchos de los análisis que se hacen sobre Venezuela. Omisión que obedece, con frecuencia, a la intención deliberada de continuar ignorando a los invisibles históricos, hoy sujetos políticos de un proceso de cambios revolucionarios, y otras veces a la ceguera de cierta izquierda que, impedida de ver realizada la revolución que siempre soñó, despacha como pesadilla la revolución que hacen los hombres y mujeres de carne y hueso. De nuevo, aplica para el chavismo lo que escribía Cooke a propósito del peronismo: “existe, está vivo y no será sepultado porque le disguste a los soñadores de la revolución perfecta, con escuadra y tiralíneas”[ii].

Con sus errores y sus aciertos, con sus defectos y sus virtudes, el chavismo ha sabido orientarse cuando “los confidentes de la historia perdieron el rumbo, y siguen sin comprender cada vez que en lugar del análisis retrospectivo con incógnitas ya resueltas, tienen que resolverse en medio de los hechos presentes y sus enigmas, sus complicaciones, sus abanicos de hipótesis”[iii], para insistir con Cook.

A contravía de quienes lo señalan como el culpable de imponer un “modelo fracasado”, del cual sería único e ilegítimo usufructuario, el chavismo es expresión de la crisis del capitalismo rentístico petrolero, y en particular de su correlato político. En cambio, las fuerzas económicas, políticas y sociales legatarias del capitalismo rentístico petrolero, que colapsara a finales de los años setenta del siglo veinte (el núcleo militar de lo que, a mediados de los noventa, se convertirá en un potente sujeto cívico-militar, comenzó a gestarse a comienzos de los ochenta), no han cesado un segundo en su empeño de derrotar la democracia bolivariana.

2.- La rebelión de las fuerzas económicas que controlan el mercado

Desorientada y sobrepasada por las circunstancias, la burocracia política chavista ha abusado de tal forma del enunciado “guerra económica”, que se corre el riesgo de vaciarlo completamente de sentido, cuando lo que urge es producir sentido sobre el brutal ataque del que está siendo víctima la sociedad venezolana.

En parte, esta incapacidad para traducir políticamente la feroz avanzada de las fuerzas económicas contrarias a la revolución bolivariana, amén de los propios errores, explicaría el terreno ganado por la idea de que fenómenos como el desabastecimiento, la inflación o la escasez son responsabilidad del Gobierno nacional, cuando lo cierto es que la actual situación es consecuencia directa, en lo fundamental, del gobierno de facto que han impuesto las fuerzas económicas que controlan el mercado, fuerzas que tienen estrechos vínculos con la institucionalidad de un Estado que históricamente ha sido funcional a las elites.

La guerra económica no es un invento de Nicolás Maduro ni comienza con su gobierno (abril de 2013). De hecho, el término fue acuñado por el mismo Chávez. En una serie de trabajos claves para entender la realidad venezolana, la economista Pasqualina Curcio identifica “las dos principales estrategias” de la guerra económica: 1) “inflación inducida a través de la manipulación del tipo de cambio en el mercado paralelo e ilegal”; y 2) “el desabastecimiento programado mediante la manipulación de los mecanismos de distribución de bienes esenciales para la vida”. Estas estrategias son viables dadas las características de la economía nacional: 1) “concentración de la producción, de las importaciones y de la distribución de los bienes y servicios en pocas manos, es decir, la presencia de monopolios y oligopolios (especialmente en mercados de bienes de primera necesidad o requeridos en la producción y para el transporte)”; y 2) “la alta dependencia de las importaciones”[iv].

Curcio identifica el inicio de la escalada contra la economía nacional, a través de la manipulación del tipo de cambio paralelo e ilegal, en julio de 2012, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral presidencial. “A partir de agosto de 2012 se registró un cambio en la función de tendencia de la serie de datos, pasando a ser exponencial. Es decir, a partir de agosto de 2012 y de manera repentina se comienza a evidenciar un comportamiento atípico del tipo de cambio en el mercado paralelo, el cual no se corresponde con el registrado históricamente ni desde 1999, ni desde 1983”[v].

Si la variación promedio anual del tipo de cambio paralelo e ilegal entre 1999 (inicio del gobierno de Chávez) y 2011 había sido de 26%, entre 2012 y 2015 fue de 223%, comportándose de la siguiente manera: 31% en 2012 con respecto a 2011, 224% en 2013 en relación con 2012, 161% en 2014 respecto de 2013 y 475% en 2015 respecto a 2014.

Explica Curcio: “El tipo de cambio paralelo e ilegal muestra un patrón en su comportamiento. Resalta el hecho de que las variaciones intermensuales son positivas y cada vez mayores los meses previos a aquellos en los que se celebraron procesos electorales o en los que el pueblo venezolano vivió momentos de alta tensión política. Inmediatamente después del evento político o de haber acudido a las urnas electorales, se registran variaciones que se van haciendo cada vez menores, aunque generalmente positivas, y en algunos casos llegan a ser negativas… Desde mediados de 2012 este patrón se ha intensificado. A partir de ese momento las variaciones fueron, la mayoría de las veces, positivas, pero además muy elevadas. El dólar paralelo e ilegal aumentó 10.940% entre agosto 2012 y junio 2015, pasando de 9,42 Bs/US$ a 1.040 Bs/US$. Las variaciones más altas se registraron los meses de octubre 2012 (momento que coincide con las elecciones presidenciales en las que vence Hugo Chávez), diciembre del mismo año (cuando se realizaron los comicios para elegir gobernadores en los 24 estados del país), abril 2013 (al realizarse nuevamente elecciones presidenciales como consecuencia del fallecimiento del presidente Hugo Chávez), diciembre 2013 (durante las elecciones municipales). A partir de finales del año 2013 el incremento del dólar paralelo ha sido sostenido y desproporcionado hasta enero de 2016”[vi]. El 6 de diciembre de 2015 se realizaron elecciones parlamentarias, en las que el chavismo resultó derrotado.

Este patrón de comportamiento del tipo de cambio paralelo e ilegal se asemeja al observado en los índices de inflación: entre 1998 y 2011 la tendencia es lineal, con un mínimo de 12,3% en 2001 y un máximo de 31,2% en 2002 (año del golpe de Estado y del paro-sabotaje económico), hasta que inicia un incremento exponencial en 2012. Así, la inflación en 2013 será de 56,2%, en 2014 ascenderá a 68,5%, hasta alcanzar 180,9% en 2015.

Curcio no sólo demuestra que el comportamiento del tipo de cambio paralelo e ilegal no guarda relación con el nivel de las reservas internacionales, la liquidez monetaria o la supuesta restricción en el flujo de asignación de divisas. Además, constata que entre 1999 y 2014, del total de ingresos en divisas, 98% de los cuales depende del petróleo, 65% se dedicó a la importación de bienes, y del total asignado a importaciones, 94% fue al sector privado.

Entre 1999 y 2013, las importaciones representaron el 35% del PIB. “Alrededor del 20% de los bienes importados se dirige al consumo final”, mientras que “el 58% corresponde a importaciones para el consumo intermedio, las materias primas e insumos necesarios para los procesos de producción”. Esto quiere decir que casi el 80% “de los bienes que importamos se incorporan a los procesos de producción y forman parte de las estructuras de costos de las empresas”[vii].

Más grave aún, apenas un 3% de las unidades económicas registradas en el país controla las divisas para importaciones. Luego, “la referencia que tienen las empresas importadoras para fijar y convertir los precios a bolívares es el tipo de cambio. Es por ello que en Venezuela, el tipo de cambio es determinante sobre la economía real, ya que son los monopolios importadores los que tienen el poder de fijar los precios de los bienes, en su mayoría insumos para la producción. Aguas abajo en el proceso de producción los costos se van calculando con base en los precios de los bienes importados. El tipo de cambio sirve como marcador de los precios de los bienes que se producen y comercializan internamente”[viii]. La clave es: ¿qué tipo de cambio utilizan los monopolios importadores como referencia para fijar precios? El tipo de cambio paralelo e ilegal, que es 14,5 veces mayor que el valor real estimado de la moneda nacional.

En apretado resumen, de esta manera operan las fuerzas económicas que promueven activamente la guerra económica contra la sociedad venezolana, trayendo como consecuencia una drástica disminución del poder adquisitivo de la población. Además, Curcio demuestra que, contrario a lo que podría suponerse, la producción de los alimentos de mayor consumo no sólo no ha disminuido, sino que, al menos en el período que va desde el primer trimestre de 2012 al segundo trimestre de 2015, el consumo fue constante, tanto en los venezolanos de mayores recursos como en los de bajos recursos.

Curcio precisa que la práctica de desabastecimiento programado data de 2003, afectando a uno o pocos productos. Hasta 2013, en que la práctica se generaliza. “En el caso venezolano, desde 2003, los niveles de desabastecimiento no han guardado relación con los niveles de producción. Tanto la producción como la importación se han mantenido relativamente constantes. Por lo tanto, esa escasez, que se mide en los anaqueles de los establecimientos, está asociada a bienes que han sido producidos pero que no han sido colocados de manera regular, oportuna y en cantidades suficientes en los estantes de los establecimientos comercializadores… Los bienes, luego de múltiples dificultades e inconvenientes (largas colas o mayores precios en los mercados ilegales: ‘bachaqueo’) han sido adquiridos y consumidos por la población. En otras palabras, los bienes fueron producidos y también vendidos… las empresas han seguido produciendo, distribuyendo (con otras prácticas) y vendiendo”[ix].

La rebelión de las fuerzas económicas que controlan el mercado está encabezada por la burguesía comercial importadora, cuya liderazgo ostentan los monopolios y oligopolios del sector alimentos. Las penurias que ha debido padecer el pueblo venezolano durante los últimos cuatro años son consecuencia, en lo fundamental, del ejercicio de un poder tiránico, que nadie eligió, que siempre ha desconocido la voluntad popular, y al que poco le importa guardar las formas democráticas.

En su “Venezuela violenta”, Orlando Araujo se refería a “una oligarquía de comerciantes y banqueros” que va “prosperando y acumulando un poderío económico que se traduce en poderío político y que se refleja en la vida institucional. No es una clase creadora de riqueza como históricamente fue la burguesía en las primeras etapas del capitalismo. Esta clase no inicia el capitalismo en Venezuela, es sencillamente la proyección colonial de un sistema capitalista foráneo más avanzado. Su papel es el de agente de ese capitalismo, su función es intermediaria y su poder económico es derivado de otro fundamental y mayor. Sus ingresos no provienen de una combinación arriesgada de factores de producción sino de una comisión: la comisión del intermediario que compra afuera y vende adentro. No es, pues, una burguesía productora sino una burguesía estéril”[x].

En contraste, identificaba la emergencia (en 1968) “de una burguesía llamada con cierto optimismo ‘burguesía nacionalista’ constituida por un grupo cada día más numeroso de empresarios nuevos que, dentro de la agricultura y de la industria, están dedicados a la producción interna de bienes nacionales. Son los agricultores capitalistas y los industriales manufactureros. Su aparición es de reciente data y sólo puede estudiarse como un fenómeno de posguerra, aún en plena evolución y sin una fisonomía definitiva y precisa”[xi].

De acuerdo a la explicación de Curcio, el protagonismo en la guerra económica de eso que Araujo denominó “burguesía estéril”, y el consecuente aumento desproporcionado de los precios, ha obligado a la población a reorientar el gasto, dando prioridad a alimentos, salud y transporte, justamente sectores de la economía a merced de los monopolios y oligopolios importadores. Mientras tanto, la disminución de la demanda de bienes considerados no prioritarios ha repercutido en la baja de la producción de la industria manufacturera. “Las disminuciones en los volúmenes de producción por parte de estas empresas, y por lo tanto de sus niveles de ganancia, es una consecuencia de la guerra económica que no sólo está afectando a los hogares por la vía de la pérdida del poder adquisitivo, sino también, y especialmente a partir del segundo semestre de 2015, a las empresas de estos sectores no prioritarios. Hasta cierto momento, la guerra económica afectó sólo a los hogares venezolanos y a la clase trabajadora, no obstante actualmente ha repercutido sobre los niveles de ganancia de las empresas”[xii].

En otras palabras, la “burguesía estéril” no sólo atenta contra el pueblo venezolano: además, afecta severamente los intereses de lo poco que puede llegar a haber de “burguesía productora”.

3.-  Nicolás Maduro y lucha de clases

Además de la dependencia de las importaciones y del control que ejercen monopolios y oligopolios en sectores claves de la economía nacional, Curcio identifica una tercera debilidad: “La deficiente y baja intervención del Estado en la economía, como regulador de los monopolios”[xiii].

Con mucha frecuencia, con demasiada ligereza, y con muy poca rigurosidad en el análisis, suele atribuirse esta debilidad a la falta de decisión de Nicolás Maduro. En otras palabras, la deficiente intervención del Estado en la economía obedecería al deficiente desempeño del Presidente. Sin pretender desconocer sus obligaciones como Jefe de Estado, me parece que hay que comenzar por poner las cosas sobre la balanza.

En primer lugar, dejemos sentado una cuestión básica: como resulta por demás evidente, la guerra económica contra el pueblo venezolano arrecia con una intensidad sin precedentes justo cuando inicia la campaña electoral presidencial, en julio de 2012, con el claro propósito de favorecer al candidato de la burguesía, Henrique Capriles Radonski. Planteado en términos clásicos, la guerra económica no es otra cosa que una expresión nítida de la agudización de la lucha de clases.

Una circunstancia histórica a la que nos hemos referido en otra parte, y que suele soslayarse, suscitando toda clase de equívocos analíticos, es el giro táctico[xiv] que adoptan las fuerzas antichavistas, como consecuencia de su lectura de los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006, y en las que resultara vencedor Hugo Chávez con amplísimo margen (62,8% contra 36,9% del principal candidato opositor). Con tales elecciones culminó una etapa caracterizada por sucesivas y estruendosas derrotas del antichavismo, empeñado hasta entonces en recuperar el control del Gobierno por la vía violenta. A partir de 2007, se emplea a fondo en una “estrategia de desgaste”[xv], “reconociendo” la legitimidad del chavismo, haciendo énfasis en la crítica de la “ineficiencia” gubernamental, mimetizándose con el chavismo, apropiándose parcialmente de sus ideas-fuerza, resignificándolas. Su intención, muy clara, era horadar al chavismo desde dentro, y en esto consistía, a grandes rasgos, la repolarización antichavista (el reconocimiento, de hecho, de que constituía una minoría, y de que para llegar a ser mayoría tenía que conquistar o por lo menos provocar la desmovilización de una parte del antichavismo)[xvi].

Esta “estrategia de desgaste” casi llega al paroxismo justo cuando inicia la guerra económica: durante la campaña presidencial de 2012, con un Capriles Radonski autoproclamándose candidato “progresista”, repitiendo de manera textual frases empleadas frecuentemente por Chávez e imitando incluso su lenguaje corporal[xvii].

La victoria del comandante Chávez el 7 de octubre de 2012 (con el 55% de la votación) constituyó, al mismo tiempo, un importante revés para esta “estrategia de desgaste”, lo que sumió al antichavismo en un peligroso estado de “precariedad estratégica”[xviii]. Mientras Chávez, en su célebre “golpe de timón” (discurso del 20 de octubre de 2012), reafirmaba el carácter democrático, revolucionario, socialista y comunal del proceso bolivariano, predominaba la incertidumbre sobre las estrategias a adoptar por parte del antichavismo. La pregunta central era: ¿retomaría la vía violenta?

Cuando se afirma que el presidente Nicolás Maduro ha debido sortear en poco más de tres años el equivalente de los ataques que recibió Chávez en catorce años, no se está incurriendo en una exageración. Pronto, la referida “precariedad estratégica” se expresó en una profundización de la guerra económica (suerte de repolarización salvaje antichavista), como ya hemos visto, pero también en un rebrote de la violencia antichavista, primero entre el 15 y el 19 de abril de 2013, con saldo de 11 personas asesinadas[xix], y luego con las “guarimbas” entre febrero y junio de 2014, que dejaron un saldo de 43 muertos y 878 lesionados[xx]. Es decir, el empleo de todas las formas de lucha contra el Gobierno bolivariano, y fundamentalmente contra su base social de apoyo, como expresión de las disputas inter-burguesas por la dirección del antichavismo.

En la medida en que se desarrollaban estas disputas inter-burguesas, con su saldo de muerte, sufrimiento y destrucción, principalmente en el campo popular, y mientras la guerra económica suscitaba el enfrentamiento intra-clases populares[xxi], con la generalización del fenómeno del “bachaqueo”, tenía lugar un conflicto sordo, incruento, escasa y pobremente analizado: la agudización de la lucha de clases a lo interno del movimiento chavista, con sus respectivas expresiones en el Gobierno nacional, y en general en la institucionalidad del Estado.

Ser capaces de explicar, por ejemplo, cómo es que una parte de la burocracia actúa favoreciendo a los monopolios u oligopolios importadores, o a los intereses de la banca, es una deuda enorme que tiene consigo mismo el chavismo revolucionario, disperso a lo largo y ancho del país, en general desarticulado, sumergido en sus territorios, en buena medida impulsando dinámicas comunales, desvinculado de las iniciativas que promueve la burocracia política. Este chavismo está en la obligación histórica de producir un análisis que, por ilustrarlo conforme el hilo discursivo desarrollado en este trabajo, complemente el análisis de la actuación de las fuerzas económicas realizado por economistas como Pasqualina Curcio.

Hablamos de un chavismo que no se siente representado en partido político alguno, mucho menos en el autodenominado “chavismo crítico”, que no se identifica con casi ningún integrante del alto gobierno, y que de manera mayoritaria sigue expresando su apoyo, a pesar de todo, a Nicolás Maduro. 

Haciendo balance del “pensamiento económico chavista”, Alfredo Serrano explicaba cómo éste “evitaba copiar los intentos de cambio de matriz productiva desde la base del desarrollismo de la teoría de la dependencia. Quería algo propio, algo específico que aprendiera de los errores del pasado. El cambio de matriz productiva, para la economía chavista, consistía en sustituir productos e importaciones, pero siempre y cuando esto fuera acompañado obligatoriamente por una sustitución de productores. En otras palabras, si no se insertan nuevos productores, pequeños y medianos, asociaciones, cooperativas, poder económico comunal, también el Estado cuando sea pertinente, el cambio de la matriz productiva se trunca, o es sólo parcial, porque sólo se generarán nuevos productos pero con los mismos productores, perpetuando el proceso de acumulación injusta y mal repartida”[xxii].

Pues bien, esa base de “nuevos productores” no sólo existe, aunque dispersa, como ya hemos dicho, sino que constituye actualmente lo más lúcido del chavismo. Salvo el presidente Nicolás Maduro, ¿quién le habla a este chavismo? ¿Quién establece relaciones con él en términos de alianza y no de tutelaje, ni de manera clientelar?

Más allá de estas preguntas, e incluso al margen de las infelices declaraciones de funcionarios del alto gobierno evaluando negativamente las “expropiaciones”, sin el menor asomo de análisis sobre las causas de la improductividad de algunas empresas bajo control estatal o de los trabajadores, es necesario preguntarse: ¿cuál es la correlación de fuerzas que impera en el alto gobierno respecto de la orientación económica que debe asumirse para contener el ataque de las fuerzas económicas monopólicas u oligopólicas contra la sociedad venezolana? ¿Cuál es la correlación de fuerzas que impera aguas abajo? ¿Cuál es la posición de los cuadros medios o del funcionario promedio, digamos, en Petróleos de Venezuela, Banca y Finanzas, Industria y Comercio, y en general en las instituciones agrupadas en la Vicepresidencia de Economía?

De igual forma, más allá de las orientaciones generales dadas por Nicolás Maduro, e independientemente de la voluntad de individuos, ¿cuáles son las principales actuaciones y decisiones de las instituciones directamente relacionadas con el área económica? ¿Con qué actores económicos privados se establecen alianzas, acuerdos, negociaciones? En efecto, muchas de las actuaciones son públicas, pero no la mayoría. Esta opacidad de las actuaciones explica, en parte, la dificultad para hacernos una idea precisa de la correlación de fuerzas entre, digámoslo de una vez, las tendencias reformistas, que apuestan por la negociación con las mismas fuerzas que hoy desestabilizan la democracia venezolana, y las tendencias revolucionarias que, precisamente porque atravesamos por un período particularmente difícil en lo económico, se orientan por los principios del “pensamiento económico chavista”, antagonizan con la “burguesía estéril” y, para decirlo con las palabras empleadas por Chávez en su última alocución (8 de diciembre de 2012), actúan “junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo”[xxiii].

Dado el carácter cívico-militar del sujeto chavista, imposible dejar de hacerse la pregunta: ¿cuál es la correlación de fuerzas a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana respecto de los asuntos aquí expuestos?

Las más de las veces, y frecuentemente con manifiesta dificultad, el comandante Chávez tuvo la capacidad para arbitrar entre las distintas tendencias, logrando imponer el rumbo a seguir, valga decir, casi siempre el revolucionario. ¿Alguien puede ser tan ingenuo como para ignorar que, al margen de sus virtudes y defectos, de sus dotes como líder político, Nicolás Maduro no sólo se enfrentaría a mayores dificultades, sino que, inevitablemente, sería muchas veces presa de las circunstancias, un rehén de las luchas entre tendencias, con sus correspondientes efectos disgregadores, y muy a pesar de sus deseos?

Nicolás Maduro ha debido sortear dificultades, limitaciones objetivas, tanto a lo interno del movimiento chavista, como en la lucha contra el antichavismo, enfrascado como está éste en su propia lucha por el liderazgo, lo que, como ya hemos planteado, ha supuesto nada más y nada menos que violencia fratricida y una brutal guerra económica contra el pueblo venezolano.

4.- Defender la cultura política chavista

En “El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, Carlos Marx advertía sobre los peligros que implicaba creerse “por encima del antagonismo de clases en general” e incorporarse a la lucha sin “examinar los intereses y las posiciones de las distintas clases”. El resultado, explicaba, siempre es el fracaso, por demás inasimilable: “o bien ha fracasado todo por un detalle de ejecución, o ha surgido una casualidad imprevista que ha malogrado la partida por esta vez”[xxiv].

La situación por la que atraviesa la democracia venezolana, las extraordinarias circunstancias que ha debido enfrentar la revolución bolivariana, sobre todo a partir de agosto de 2012, la derrota electoral del 6 de diciembre de 2015: nada de esto obedece a detalles de ejecución o a casualidades imprevistas. Las causas hay que buscarlas en las estrategias de las fuerzas enfrentadas, en sus posiciones e intereses.

Poner el énfasis en la figura presidencial, que es lo que hace la mayoría de quienes se deslindan del “madurismo”, en los hechos de corrupción, en la “falta de gobierno” o en la “anomia” imperante, en la “descomposición moral” del pueblo venezolano, entre otros tópicos muy socorridos en los últimos tiempos, en el mejor de los casos nos limita a sacar conclusiones a partir de una valoración de los efectos de la guerra económica, y en el peor nos pone en la penosa situación de reproducir el sentido común antichavista, apenas cuatro años después de que su liderazgo se viera obligado a hacer todo lo contrario: reproducir (una mala copia de) la cultura política chavista.

En 2010, cierto estudio del Centro Gumilla aportó información clave respecto de la valoración que sobre la democracia tenía la sociedad venezolana, luego de once años de revolución bolivariana. Entonces, para casi dos terceras partes de la población, la democracia significaba: Estado fuerte, democratización política (Estado fuerte con participación popular activa), disminución de la brecha entre ricos y pobres, políticas sociales contra la exclusión, nacionalización de las industrias básicas, límites al poder de la empresa privada, respeto a la Constitución y a los derechos humanos en general, libertad de expresión y pluralidad política (libre asociación), elecciones libres, imparciales y periódicas, y amplio margen a la iniciativa económica privada (de nuevo, regulada por un Estado fuerte)[xxv].

Todo cuanto han hecho las fuerzas económicas rebeladas contra la democracia venezolana durante los últimos cuatro años, atenta contra esa cultura política chavista, producida por el pueblo venezolano, fraguada a pulso y en jornadas memorables.

Corresponde al chavismo revolucionario, ese “hecho maldito” para la burguesía, productor y legatario de esta cultura política, sacudirse todo vestigio de sentido común antichavista, corrosivo, tóxico, desmoralizante, y ponerse a la altura de las circunstancias históricas. Y hacer que prevalezca la democracia.