A las cero horas con un segundo del lunes entra en vigor el cese al fuego definitivo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el Acuerdo Final para la Paz suscrito entre las partes, un texto de 297 páginas, en La Habana, y después de cuatro años de negociaciones realizadas en la capital cubana. Le anteceden tres intentos negociadores realizados por las autoridades y las FARC en 1984, 1991 y 1999, mismos que no lograron su propósito pacificador.

El de las FARC es el movimiento guerrillero más antiguo –surgió en 1964 tras una sublevación campesina–, numeroso –llegó a tener 20 mil hombres en armas– e influyente –hasta con la mitad del territorio colombiano bajo su control– de América Latina. Pero también es la guerrilla más calumniada por Washington, el principal habitante de Casa de Nariño de las últimas cinco décadas y los gobiernos aliados. “Criminales”, “narco-guerrilla”, “terroristas” y otras lindezas forman la lista que les endilgaron y que hoy se tragan los autores.

Una pieza bibliográfica que conservo se llama Diario de la resistencia de Marquetalia (Editorial Paz y Socialismo, Praga, 1969), y en el Jacobo Arenas, uno de sus fundadores junto a Manuel Marulanda Vélez, el célebre Tiro Fijo, reseña “el balance de un largo año de luchas en la selva y en la cordillera”. Un par de años antes, en Berlín oriental, hice amistad con un estudiante colombiano y siempre me llamó la atención su dentadura destrozada por un culatazo, por el simple hecho de portar ejemplares de Voz Proletaria, semanario del Partido Comunista de Colombia, en el que entre otros temas informaban del quehacer guerrillero. El joven no lo era, pero igual lo desgraciaron.

Con el Acuerdo Final para la Paz podría quedar atrás una confrontación entre las FARC, paramilitares de ultraderecha y fuerzas estatales, con un saldo de 260 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 6.9 millones de desplazados.

Podría porque nada está garantizado, apenas se abre un camino y es preciso construirlo entre las partes firmantes pese a la decisión de sus impugnadores, en primer lugar el expresidente Álvaro Uribe –del que fue ministro de la Defensa Santos Calderón–, su partido Centro Democrático y sus aliados paramilitares de trabajar febrilmente para que en el plebiscito a realizarse el 2 de octubre no se obtengan para su aprobación cuando menos 4.4 millones de sufragios por el sí, de los casi 35 millones de colombianos en condiciones de votar.

En tal caso, estima Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno de Manuel Santos, “sería catastrófico para Colombia que el acuerdo de paz no sea aprobado en el plebiscito”. Y las más recientes encuestas arrojan que la mayoría de colombianos que acudiría a las urnas votaría por el no, en un rechazo a los acuerdos y las FARC.

El Acuerdo Final incluye temas como el acceso a la tierra para los campesinos pobres, garantías para la participación en política de los guerrilleros desmovilizados, lucha contra el narcotráfico, justicia, víctimas, desminado, fin del conflicto y la implementación de los pactos.

Todo o casi todo está por construirse entre el gobierno y las FARC, los organismos defensores del derecho humanitario y la llamada sociedad civil, para empezar es indispensable ganar la voluntad ciudadana para convertir en ley y luego en realidad el Acuerdo Final para la Paz. Por ello, las comparaciones con procesos pacificadores previos en Colombia y hasta en El Salvador pueden ser muy útiles como referentes o para defender verdades doctrinales, pero nada más.

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