En lo que va de este 2016 las noticias escolares que se escribieron durante años en las páginas policiales de los diarios hegemónicos han dejado de tener espacio. El bullying ya no es tapa, las violencias en las escuelas se “pacificaron” mágicamente.

Claro que sabemos que esto no es así. Como hasta diciembre de 2015, quienes transitamos y seguimos transitando las escuelas, tenemos claro que no todo lo que sucedía en ellas era bullying y violencias, que las escuelas de nuestro país no eran territorios arrasados, hoy del mismo modo, seguramente seguimos lejos de la ilusión de la “armonía” y persisten diversas formas de violencias sin la amplificación mediática diaria. Pero evidenciar esta distancia en el tratamiento mediático de las situaciones de violencias en las escuelas no resuelve los problemas. Sí, quizás, contribuye a comprender su real dimensión. Ni en absoluto desborde, ni la nada misma.

Dicho esto, lo que realmente importa son las políticas educativas que (no) se despliegan desde un Estado que no se siente responsable de lo que sucede en cada escuela, sea del conurbano bonaerense, de Quimilí, El Soberbio o Puerto San Julián. De cada una de las escuelas de nuestro país.

Se pueden discutir posicionamientos, cambios de paradigmas, de hecho son las reglas de la política. Es decir, un cambio de gobierno puede significar pasar de construir políticas para la mejora de la convivencia escolar en perspectiva de derechos, ajustada a las leyes vigentes, a pegar un brusco volantazo hacia la reposición de un paradigma punitivo. Pero en todo caso, aunque no acordemos, discutimos políticas. La gravedad de la situación es que la discusión que se plantea es sobre las “no políticas.” La nada. Hay sobradas muestras que “construir sobre lo construido” suena respetuoso, pero es mentira.

El Observatorio Argentino de Violencias en las Escuelas se “discontinuó” como un jean en un outlet. Desde este Observatorio, que formaba parte de la Coordinación de Programas para la Inclusión Democrática en las Escuelas, se construyeron los únicos datos oficiales sobre la violencia en las escuelas. El último estudio publicado en 2015 se elaboró a partir de más de 26.000 encuestas a estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de todas las jurisdicciones del país.

Ese último estudio midió por primera vez el índice de “acoso entre pares” (bullying) en las escuelas. También incorporó en el relevamiento prácticas escolares que se desarrollan a partir de las nuevas normativas (consejos de convivencia, espacios de participación, desarrollo de centros de estudiantes) para conocer sus niveles de inserción en las escuelas y sus efectos respecto del clima escolar. Por primera vez se indagó cuantitativamente en la relación entre las propuestas de las clases y la convivencia escolar, por poner un ejemplo más sobre este estudio.

 El Observatorio ha sido referencia en la temática para los docentes, los directivos de las escuelas y los ministerios provinciales. Se ha trabajado con los más prestigiosos académicos especialistas en las temáticas de diversas Universidades públicas del país y también del exterior. Se produjo una innumerable cantidad de materiales para el trabajo en las escuelas, muchos de los cuales significaron la articulación con otros organismos estatales: INADI o RENAR por mencionar sólo algunos. Se capacitaron decenas de miles de docentes en los últimos años. Hoy ya no existe. Sus integrantes, especialistas universitarios en la temática, hoy reparten libros (que quedan de la gestión anterior) a cambio de una dirección de correo electrónico en plazas del conurbano.

Un gobierno que despliega su discurso a partir de la evaluación, de la importancia de la información, de los datos, disuelve el único espacio que construye datos oficiales sobre una temática que dicen es de su preocupación. ¿Será que saben que cuando aumenta la conflictividad social esa conflictividad se traslada a las escuelas? Como decía, el Observatorio de Violencia formaba parte de la Coordinación de Programas para la Inclusión Democrática en las Escuelas. Lo mismo que el Programa Nacional de Mediación Escolar. También “discontinuado” por la no renovación de contratos de su equipo.

Desde esta Coordinación se construyó la Guía Federal de Orientaciones, herramienta de trabajo para las escuelas construída a partir de un consenso unánime con todos los ministerios provinciales, los gremios nacionales; y que significó la articulación con otros organismos del Estado y que recibió los aportes de renombrados académicos. Junto a la Guía se recorrió el país (menos la CABA, por supuesto), se realizaron encuentros masivos en las provincias, en los que funcionarios y académicos debatieron mano a mano con los docentes, pensando, buscando respuestas, socializando las prácticas que se llevan adelante en las escuelas y van mejorando la convivencia y restituyendo derechos.

En esas jornadas se abrieron espacios de diálogo y formación en temas como acoso entre pares, discriminación por orientación sexual, maltrato infantil, acoso sexual, trata por explotación sexual o laboral, entre otros. Decenas de miles de docentes participaron en forma presencial de estos encuentros. Se realizaron innumerables talleres en las escuelas, por ejemplo trabajando a partir del arte y la literatura (junto con el Plan Nacional de Lectura que también se está desarticulando) en comunidades atravesadas por situaciones de dolor provocadas por casos de suicidio adolescente. Además, formó parte de la agenda de trabajo el problema de la patologización y medicalización de las infancias. También los derechos de los niños migrantes, el desarme en la sociedad civil, el acceso a la justicia, los derechos de los jóvenes contra la violencia institucional, el fortalecimiento de los equipos de orientación, la lucha contra la trata. Se llevó adelante junto al INADI la Campaña contra la Discriminación, con materiales escritos, video juegos y posters.

El gobierno dice que se preocupa por la violencia en las escuelas, pero su única política es la comunicacional a través de la reposición del discurso punitivo – demagógico.

En el marco del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, decenas de miles de docentes participaron de cursos que abordaron estas temáticas, cursos prestigiados por las Universidades nacionales oferentes y por las trayectorias indiscutidas de sus coordinadores académicos. Hoy, en una muestra de la ausencia de ética, vuelven a ofrecer los cursos con las clases “lavadas”, reformuladas para evitar términos como “inclusión”.

Desde el gobierno, en especial el ministro Esteban Bullrich, dicen que se preocupan por el problema de la violencia en las escuelas: su única política es la comunicacional a través de la reposición del discurso punitivo – demagógico, de elevación de penas de quien le pegue a un docente. No hace falta ser especialista para saber que el aumento de penas no resuelve los problemas ni los delitos. Pero queda bien en ciertos sectores. Dicen que “construyen sobre lo construido”. Como vimos, lo construido ha sido mucho, todo lo dilapidaron. Dicen que es un gobierno que respeta lo “federal”. Han abandonado a su suerte las políticas articuladas y el apoyo a los equipos técnicos provinciales. Dicen y no hacen. Sólo recortan.

 30 agosto, 2016

Gustavo Galli es integrante del colectivo pedagógico PRESENTE y ex Coordinador de Programas para la Inclusión Democráticas en las Escuelas. Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa. Ministerio de Educación de la Nación. (2013-2015).

Foto de tapa. Lugar: Escuela Gral. José de San Martín-Educacion inicial y primaria. Fotógrafo: Diego Levy. Libro: Presente. Retratos de la Educación Argentina.

http://presente.com.ar/2016/08/30/revolucion-educativa-no-hay-mas-bullying-ni-violencia-en-escuelas/