El acuerdo de paz, es una conquista popular. Incompleta, si se tiene en cuenta que las elites no ponen nada en juego a cambio de evitarse la presión de las armas. Imprecisa si se parte de que su formulación está hecha en el modo neoliberal que todo lo mide y lo conduce a indicadores. En todo caso el acuerdo ya es un hecho, es real, no está en discusión y ya se viven, aunque azarosos en su comienzo, tanto los tiempos del posacuerdo, como la misma realidad, aunque distinta a la que el país parecía preferir.

El derecho a la paz, no está en juego, ni hace parte de la incertidumbre, lo que está en mitad de la tensión es la lucha por consolidar la existencia de condiciones materiales para que la sociedad entera pueda realizar tal derecho. Toda la sociedad en su diversidad de género, étnica, popular, cultural y política, sin exclusiones, ni limitaciones. Lo que estuvo en las conversaciones no fue el derecho humano a la paz, sino la forma de distribución de garantías y bienes materiales para realizarlo como derecho humano a la paz, atravesado por la urgencia de convertirlo en pilar necesario para la realización de los demás derechos humanos hasta ahora aplazados, negados o violentados, por una guerra evitable, provocada precisamente por los responsables de gestionar el modelo de acumulación capitalista basado en el saqueo que excluye, limita y coloca barreras donde debe fluir la democracia.

El acuerdo alcanzado, como toda construcción cultural, es una prótesis política y social para empujar la constitución vigente hacia su materialización completa, que esta conducida por cerca de 100 artículos de derechos humanos y una docena de garantías de participación de la sociedad en la organización, planeación y distribución de bienes públicos, políticas públicas, leyes y mecanismos colectivos de democracia participativa.

El acuerdo no está terminado en su totalidad, pero lo pactado sí, y será más completo con el valor agregado que resulte de las negociaciones con el ELN. El acuerdo podrá ser completado con otros acuerdos, pero no repensando lo alcanzado, lo pactado no puede ponerse en retroceso, y es allí donde tienen que parase las movilizaciones sociales, en condiciones de unidad de lucha y resistencia. Los tiempos para ser objetado pasaron para el gobierno que los llevo al congreso para su conocimiento y debate y para la insurgencia que cerró su ciclo de fuerza política-militar con la décima conferencia en los llanos del Yari, de donde salió convertida en organización política. El plebiscito no era para pedirle a la insurgencia desarmada que espere inmóvil y por efecto de dilatación del tiempo pierda una guerra que nunca perdió, ni tampoco para pedir consejo sobre qué hacer con las víctimas, el plebiscito era para definir la ruta del presidente, no para derrotar a los acuerdos, ni imponer las reglas y voluntad soberana del movimiento o partido de los ganadores.

El derecho a la paz como todo derecho humano, no puede ser cambiado, ni negado por virtud democrática, como tampoco sus garantías de materialización. Se actualiza en un tiempo y en un lugar concretos y en el contexto se determinan los bienes necesarios para satisfacerlo, pero aunque resulte incompleto ya está conquistado, razón por la cual no cabe renegociación alguna de los acuerdos, en ninguno de los puntos de la agenda. Salvo que el gobierno y la insurgencia rompieran el pacto y establecieran una nueva agenda, para lo que con toda seguridad no alcanzarían ni los tiempos del gobierno, ni los ánimos del pueblo que levanta como suyo el fin de la guerra, ni la inmovilidad de un ejército irregular en tránsito de abandonar sus fusiles, que en virtud de las dilaciones programadas de manera estratégica quieren reconducir el proceso hacia el pasado de guerra y jalonar hacia el aceitamiento de los fusiles en cambio de aceptar con respeto la organización de su proyecto político.

Los resultados del plebiscito no son para renegociar lo pactado, como lo pretende la ultraderecha colombiana, que por haber ganado la elección pretende hacer valer sus votos como garantía de destrucción de lo construido. El proceso, condujo a cesar la tragedia humana de la guerra en el país más violento y bárbaro del mundo según indicadores y, definió empezar la reparación de sus víctimas que ocupan una franja equivalente al 16% de la población, muy superior al porcentaje de votos ganadores del No, que no superan siquiera la cifra real de víctimas. Para llegar a los acuerdos hubo dos pactos. El primero se hizo entre enemigos que optaron por aceptar convertirse en adversarios, luego de concluir que ninguno de los dos podría ganar la guerra. El segundo pacto inicio con la determinación de la agenda y se selló el 26 de septiembre en Cartagena, con la firma de los acuerdos por las partes enfrentadas, que después de cuatro años de negociación actuaron como iguales en reconocimiento como contrapartes políticas y concluyeron de manera irreversible dar por terminado el conflicto armado entre el estado y la insurgencia de las Farc-EP y en consecuencia establecieron que: las Farc-EP, abandonan su accionar militar (el EP) y se convierten a insurgencia política y social con garantías para competir por el poder político y el control del estado; las víctimas son la base del acuerdo y la referencia central del tránsito del estado de cosas de la guerra hacia la paz, el estado garantizará que lo pactado se cumpla, para impedir un nuevo alzamiento armado sobre el derecho de rebelión; la sociedad en general será beneficiaria directa de las garantías pactadas para realizar el derecho a la paz y los demás derechos humanos, con perspectiva de inclusión de los sectores históricamente excluidos por discriminaciones étnicas y de genero especialmente.

A pesar de lo cuestionable e innecesario que resultaba se realizó el plebiscito, impuesto por el gobierno, que puso en evidencia un chantaje del Congreso temeroso de ser reemplazado por una constituyente y de las elites que no aceptan a un competidor político con capacidad para convocar el descontento e inconformidad de múltiples sectores de la Colombia marginada, canalizada electoralmente por ellos mismos y después del No por la visión de ultraderecha. Dicho plebiscito no era para validar ni invalidar los acuerdos. Seguramente el resultado del No en su accionar jurídico sirva para modificar ciertas actuaciones y tiempos del presidente, de quien valga decir tenía el mandato previo ganado con su reelección para firmar la paz y con una mayoría de votos muy superior a los votos de diferencia del No, pero no invalida el pacto. Los resultados del plebiscito no pueden ser interpretados como una capacidad especial ganada por un sector político que ya hace parte del estado (expresidentes, partidos, otros) para convocar a renegociaciones ni tampoco para pedir la inclusión de nuevos sectores y propuestas en la discusión política. Los acuerdos son un resultado del orden político y no pueden pretender ser refundados mediante decisiones jurídicas de libre intención.

 P.D. 1. Quizá el presidente Santos para evitarse un eventual saboteo a la ceremonia del Nobel, ante cualquier presumible acto de guerra, -de esos que históricamente han sido calculados por fuerzas oscuras para fomentar odios y venganzas sin fin-, extendió la fecha del cese bilateral hasta el 31 de diciembre. 2. La ultraderecha trata de juntar el No del plebiscito con el No a la reforma tributaria, para sumar inconformidad, acabar de confundir, dispersar, fragmentar, dividir y en síntesis dejar en claro -sin dejarlo claro- que su problema no son los acuerdos, ni tiene interés por renegociar nada, tampoco les importan los insurgentes presos ni las victimas desterradas, su único objetivo es el poder, su mirada solo ve hacia el poder total, su regreso al control total del estado es su único objetivo, si es en guerra mejor, pero esta vez con una visión ideológica más sólida, que eleva el reto a las movilizaciones sociales para derrotarla, o gobernaran sin límites en el largo siglo XXI.