“El lenguaje de la verdad debe ser simple y sin artificios”

Séneca

Por primera vez un dirigente de izquierda reconoce la derrota del 2 de octubre. En este caso es el líder progresista Gustavo Petro. En su escrito “Propuestas progresistas para un acuerdo nacional” publicado en su Blog plantea: “Lo cierto es que el 2 de octubre fuimos derrotados y fundamentalmente fue derrotada una concepción de la Paz en Colombia”. (http://bit.ly/2eEhfo3).

Así mismo reafirma: “He visto como de manera peligrosa en mi opinión, y movidos quizás por los sentimientos desatados, algunos sectores del SI de la mano del gobierno se han movido a no reconocer el resultado del 2 de octubre o a tratar de construir atajos fáciles que anulen en la práctica el mandato popular del día del plebiscito.”

Lastimosamente propone fórmulas que no cuentan con condiciones de ser realizadas como el “diálogo nacional” y el “proceso constituyente”. Ello porque las fuerzas democráticas y de izquierda no lograron posicionarse en este período. No se deslindaron de los actores protagónicos del conflicto: Santos, Uribe y las FARC. Es decir, se reconoce la derrota pero no se la asume.

Además, Petro pareciera no leer el mensaje enviado por las mayorías que en términos prosaicos podría ser: “Arreglen ese entuerto que ustedes crearon”; “Superen la guerra y perdónense”; “Reparen a las víctimas así la verdad sea sacrificada”; “No cansen más con una ‘paz’ en la que no creemos”. Y el remate lógico: “Ya veremos cómo les cobramos después”.

Tampoco tiene en cuenta las diversas manifestaciones sociales que exigen la resolución rápida de la situación generada por el triunfo del NO que, por lo inestable y peligrosa, pone en riesgo lo avanzado hasta ahora con las FARC. El reclamo general es: “Acuerdo YA” y “Fin a la guerra”.

Es fácil adivinar que tanto Uribe, Santos y las FARC (y algunos idealistas) no querían ponerle fin a este largo conflicto armado sin quedar inscritos en la historia. El primero como pacificador, los segundos como pacifistas. Pero todo lo ocurrido nos muestra una realidad poco reconocida y cruel: una guerra “sin espíritu y sin alma” termina siempre con más pena que gloria.

El peligroso camino que transita el gobierno

Santos no ha asumido la derrota del plebiscito ni reconocido sus múltiples errores. Seis años de negociaciones con las FARC generan solidaridad de cuerpo. El resultado imprevisto colocó contra las cuerdas al gobierno y a la insurgencia que ya habían celebrado juntos el fin del conflicto. Ambas partes se refugiaron automáticamente en los textos firmados. “Les haremos ajustes y precisiones” anunciaron al unísono desde La Habana.

Pero los resultados del 2 de octubre son inobjetables. Un sector importante de colombianos rechazaron los acuerdos y el mandato es modificarlos. Es un mensaje que no se puede desconocer sin violentar la precaria democracia existente. Lo ha planteado con precisión Rodrigo Uprimny en un artículo que debería ser lectura obligada para los asesores del gobierno. Ver: http://bit.ly/2eUV0O3

El camino de “buscar atajos” usando “astucias jurídicas” o jugadas políticas para modificar los acuerdos y llegar a Estocolmo el 10 de diciembre con una “paz remendada”, no solo es errado sino peligroso. No negociar con los sectores políticos que representan a quienes votaron NO en el plebiscito, no sólo deslegitima al gobierno como representante de toda la nación ante la insurgencia en esta nueva etapa de negociaciones sino que le da un enorme aire político a Uribe.

Además del peligro que señala Gustavo Petro de que surjan “vengadores anónimos” entre las filas fanáticas de Uribe, esa actitud le otorga grandes ventajas a la derecha extrema para tomar el gobierno en 2018. Así, se prepararía la derrota de las fuerzas democráticas que tendrían que jugar otra vez al lado del “santismo” pero ahora con la carga de unas FARC “legalizadas a la fuerza”.

El uribismo (o “uribo-varguismo”) quedaría como la única oposición a un débil gobierno que va a seguir desgastándose con medidas anti-populares como la reforma tributaria y otras que ya vendrán.

El diálogo nacional y el proceso constituyente

La propuesta del “diálogo nacional” planteada por Jaime Bateman en 1980, que aparentemente diez años después le dio vida al “proceso constituyente” de 1990-91, parecería ser una alternativa viable para buscar una solución al problema originado por la derrota del SI.

Sin embargo, son circunstancias diferentes. La propuesta de “diálogo nacional” tenía cierta validez en la década de los años 80s, en donde las insurgencias “subalternas” tenían apoyo popular y las nuevas fracciones oligárquicas estaban en proceso de construcción, especialmente la que iba a convertirse en hegemónica gracias a la acumulación del capital proveniente de la economía del narcotráfico como fue la burguesía transnacionalizada.

Se conformó en ese período la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, el movimiento popular estaba en ascenso con la creación de la CUT, la ONIC, la ANUC resistía, y fuertes movimientos cívicos aparecían a lo largo y ancho de la nación en lucha por servicios públicos, salud, educación, vías, etc. pero también exigiendo descentralización y democracia política.

Sin embargo, el propio diálogo nacional como lo planteaba Bateman nunca se desarrolló. La oligarquía utilizó en 1990 a los estudiantes universitarios para acelerar la convocatoria de la ANC y las fuerzas populares y democráticas llegaron a ese escenario sin claridad, dispersos, y hubo sectores importantes como el MOIR, las FARC y el ELN que decidieron no participar.

Hoy la situación es muy diferente como se pudo observar en todo el “proceso de paz” y se reflejó con toda nitidez en la campaña del plebiscito. Las fuerzas democráticas y populares están ahora más dispersas y confundidas. Mientras tanto, del lado de la burguesía transnacional existe una consolidada alianza con los imperios y con la “clase política tradicional” (burguesía burocrática).

Además, la derecha extrema está fuertemente centralizada alrededor de Uribe y con conexiones dentro del mismo gobierno, siendo una alianza mafiosa y conservadora en proceso de desclasamiento que aprovecha los enormes errores del gobierno y el vacío dejado por los demócratas y la izquierda que se ubicaron en forma dispersa y vergonzante a la “cola de Santos”.

La realidad es que las fuerzas contendientes en torno a la terminación negociada del conflicto devinieron en cúpulas aisladas de la sociedad que utilizan la consigna de la “paz” para luchar por el control del gobierno en 2018 pero no para construir en verdad una “paz estable y duradera”.

La izquierda se propuso lograr una “paz pura y simple” subiéndose “de ladito” en el carro de la “paz neoliberal” de Santos. Nunca se propuso con seriedad la batalla por una paz integral y plena. Un obstáculo para ese ejercicio era que una acción decidida por la paz se confundía fácilmente con un apoyo incondicional a las FARC. Eso inhibía a muchos demócratas e izquierdistas.

Además, las FARC aceptaron en la mesa de negociación los límites neoliberales impuestos por la burguesía transnacional porque estaban convencidas que el movimiento popular –con la ayuda de la izquierda legal– iba a poder romper esas talanqueras y lograr la “paz con justicia social”.

Pero ese proceso de conexión entre el movimiento popular y las negociaciones de La Habana nunca se produjo porque la guerrilla ya había sido derrotada políticamente desde 2002. En ese año Uribe les arrebató la bandera de la paz. Desde entonces su proceso de separación de las mayorías sociales se profundizó en medio de su fiebre insurreccional y ofensiva militar sin apoyo popular.

El “pacto de élites” y la autonomía del movimiento democrático y popular

Las fuerzas democráticas y de izquierda deben replantear su estrategia. Seguir a la sombra de Santos no nos sirve para defender con fuerza los acuerdos firmados ni para impulsar un verdadero proceso “destituyente-constituyente”. Para hacerlo se requiere una total independencia política del gobierno de Santos y en cierto sentido de las FARC.

La única solución a corto plazo, la que permite una salida coyuntural para despejar el camino, es obligar a Santos a negociar con Uribe, que era lo que había que hacer desde un principio.

Así lo afirmaba premonitoriamente Cristina de la Torre en mayo de 2014 en su columna del El Espectador: “Si se quiere conjurar todo factor de violencia política y propiciar el advenimiento de un país más justo, será preciso acometer la segunda fase de la tarea: negociar con la ultraderecha, representada en el uribismo duro”. (http://bit.ly/1h9QExK).

Es posible que en ese proceso las FARC tengan que renunciar a algunas conquistas obtenidas en el anterior proceso de negociaciones. Todo depende de la fuerza de la movilización social y de la presión autónoma e independiente que se ejerza sobre el gobierno y el mismo uribismo.

En realidad estamos pagando el precio de la equivocada estrategia de los demócratas y la izquierda (armada y desarmada) que creyeron que una alianza con Santos era el camino expedito para terminar la guerra. Y no fue así. Fruto de creer que el presidente era un “reformista” o “progresista”.

Hay que insistir el “diálogo nacional” puede ser aceptado formalmente por el gobierno para negociar con Uribe a espaldas de la sociedad. En parte ya lo hace obligado por las circunstancias. Mientras aparenta fortaleza y hace diplomacia, recibe las fuertes presiones contra los Acuerdos por parte de diversos agentes del uribismo que como las Cortes, el Fiscal General (puesto por Santos) y otros órganos de poder, conspiran en la sombra.

En vez de jugar a las escondidas debe oficializarse ese diálogo y negociación entre las cúpulas oligárquicas. Hay que forzar a Santos para que muestre sus verdaderas cartas y enfrente por fin a su “mentor plebeyo venido a más”, que durante todo este tiempo ha presionado impunemente desde adentro y desde afuera del gobierno y de toda la institucionalidad oligárquica.

Paralelamente, la tarea estratégica es construir un Nuevo Proyecto Político que unifique a los demócratas y a la izquierda, nos conecte con la juventud y con amplios sectores sociales en esta coyuntura de recesión económica y de crisis fiscal del Estado. Liberarnos las manos para enfrentar un gobierno neoliberal y fundir la lucha por la paz con las reivindicaciones sociales más sentidas.

Nota: A la oligarquía siempre les sirvieron los “pactos entre élites”, los “acuerdos entre cúpulas”, los “frentes nacionales” cuando los hacían a escondidas, en secreto, a espaldas del pueblo y lo presentaban como el "Gran Acuerdo Nacional". Pero si ahora, obligamos a negociar a Santos con Uribe, lo que hacemos es ponerlos de blanco, hacer evidente sus intereses, aclararle al pueblo que ellos son de la misma entraña, que son cómplices y socios, y que su pelea sólo es por garantizar sus propias impunidades o para controlar el aparato estatal y burocrático.

Popayán, 24 de octubre de 2016

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