Honduras

Líderes de la oposición hondureña son asesinados mientras Washington le reparte dinero al gobierno represivo y a los militares

Mark Weisbrot

31/10/2016

Opinión

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Después del golpe militar contra el gobierno democrático del presidente Manuel Zelaya en 2009, Honduras se ha convertido en el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. El 17 de octubre, fueron asesinados dos organizadores destacados más, José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, en Colón. Flores era el Presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y George era un conocido líder de la misma organización.

Esto fue precedido el 9 de octubre por el intento de asesinato de Tomás Gómez Membreño, el coordinador general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de Alexander García Sorto, líder comunitario de COPINH.

Lamentablemente esta ola continua de violencia política no solo está ligada al gobierno corrupto y represivo de Honduras, sino también al gobierno de Estados Unidos. Washington jugó un papel primordial en la consolidación del golpe militar de 2009 y continúa suministrando decenas de millones de dólares anualmente en ayuda militar y de seguridad a ese gobierno.

El 2 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH y ganadora del Premio Medioambiental Goldman en 2015. Ella estaba luchando con cierto éxito contra proyectos que destruían el medio ambiente, los cuales proliferaron después del golpe de 2009. Uno de ellos era el de la construcción de la represa de Agua Zarca, proyecto que amenaza al medio ambiente y los derechos de la comunidad indígena Lenca. El movimiento que ella ayudó a organizar obligó al constructor más importante de represas a nivel mundial a retirarse del proyecto y paralizó la construcción desde el año pasado.

Posteriormente, un soldado hondureño le comentó a los medios de comunicación que Berta había sido blanco de asesinato por las fuerzas armadas.

El asesinato de Berta Cáceres generó tanta indignación internacional que 42 Miembros del Congreso de Estados Unidos patrocinaron el Proyecto de Ley Berta Cáceres de los Derechos Humanos en Honduras (HR 5474). Dicha Ley ordena la suspensión de toda ayuda militar y de seguridad a Honduras hasta que el gobierno hondureño pueda proteger a los activistas sociales y hasta que las fuerzas de seguridad del país dejen de cometer violaciones de los derechos humanos con impunidad, entre otras condiciones.

Para la consternación de los defensores de los derechos humanos en Honduras y en Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos certificó el 30 de septiembre que Honduras había cumplido con las condiciones de derechos humanos estipuladas para recibir ayuda militar y de seguridad en 2016, a pesar de la violencia que evidencia de lo contrario. Sin esta certificación, Honduras hubiera perdido la mitad de dicha ayuda.

El Proyecto de Ley Berta Cáceres probablemente no será aprobado en el Congreso controlado por el partido Republicano. Algunos líderes republicanos del Congreso estadounidense apoyaron abiertamente el golpe militar de 2009; la Administración de Obama se opuso oficialmente, pero tomó otras medidas para asegurar el éxito del mismo. La Secretaria de Estado, Hillary Clinton por ejemplo escribió en su libro de 2014 “Decisiones Difíciles” que ella trabajó para evitar que Zelaya, el Presidente destituido pero electo democráticamente, volviese al poder.

Zelaya había logrado frenar la expansión de megaproyectos ambientalmente destructivos; también presidió una economía que logró reducir la desigualdad, la pobreza y el desempleo, e incrementó el sueldo mínimo sustancialmente antes de ser destituido. Por otro lado también estaba trabajando en la resolución de reclamos por parte de los campesinos en regiones como la del Valle de Aguan, de que sus tierras habían sido incautadas ilegalmente por terratenientes poderosos

El presidente Juan Orlando Hernández ha rehusado reunirse con Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional, organización que condenó el asesinato de Flores y George. El 20 de octubre, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de fuerza para disolver una manifestación que protestaba por el mal manejo de las autoridades hondureñas de la investigación del asesinato de Berta Cáceres. Los movimientos sociales quieren que el gobierno identifique a los responsables de más alto nivel del asesinato, y no únicamente a los ejecutores. Como otra señal de que el estado de derecho no aplica para el asesinato de líderes indígenas, el expediente del caso de Cáceres fue reportado como robado a la magistrada que llevaba la investigación el 29 de septiembre.

La terrible situación de los derechos humanos en Honduras, incluyendo la destrucción ambiental de territorios indígenas y el flujo constante de refugiados huyendo la violencia, es un resultado natural del derrocamiento de un gobierno promotor de reformas electo democráticamente, y su sustitución por represión y militarización. Lamentablemente Honduras es percibido al más alto nivel del “Estado de Seguridad Nacional” de Estados Unidos, como un peón en el juego de ajedrez geopolítico de la Segunda Guerra Fría. Ahí se encuentra una de las pocas bases militares estadounidenses que aún quedan en América Latina. Por esa razón, los numerosos llamados de casi 100 miembros del Congreso a la vez, de suspender las ayudas militares y de seguridad hasta que el gobierno le ponga fin a la impunidad, habitualmente han sido ignorados.

Esto no cambiará necesariamente si los Demócratas ganasen el Senado el 8 de noviembre, pero en todo caso hay muchas cosas que el Congreso podría hacer, incluso ahora. De manera individual, en el seno de comités como el de apropiaciones o de relaciones exteriores, algunos Senadores podrían dificultar e incluso hacer imposible el desembolso de ayuda de seguridad de Estados Unidos a Honduras. Este tipo de obstruccionismo justificado podría ejercer una enorme presión sobre el gobierno hondureño para que respete la vida y los derechos humanos.