Cuando el país se hundía bajo un maremoto de ajuste, devaluación, despidos, inflación y nuevo endeudamiento macrista, el 3 de abril de 2016 emergieron las pruebas de la existencia de un país paralelo: la Argentina Offshore, sólo habitada por los grupos económicos oligárquicos y por bandas delincuenciales, destinado a “esconder” bienes, como lo expresó el propio presidente Mauricio Macri, alcanzados a través de variadas malas artes, que los Panamá Papers desnudaron a partir de esa fecha.

Hasta ese momento, para la mayoría de los ciudadanos, el concepto “offshore” solo remitía a un deporte náutico practicado “aguas afuera”. Desde aquel día de otoño, el concepto quedó adherido a empresas y compañías  creadas en centros financieros con una carga impositiva muy baja o nula -las guaridas fiscales-, utilizados para ocultar a los propietarios de esos bienes y capitales que son transferidos, en el mejor de los casos, para evadir impuestos en la peor y más común de las situaciones para disimular recursos obtenidos a través de otros ilícitos, como el contrabando, el tráfico de armas, la prostitución, la comercialización de drogas, el tráfico de diamantes y hasta el saqueo a los detenidos-desaparecidos de la Escuela Mecánica de la Armada.

Aunque los medios que imponen la agenda informativa nacional miran para otro lado, los “Panapapers” ubican a Macri y su Grupo usando la misma trama financiera de represores de la Marina, como Jorge E. Acosta, el “Tigre” que comandó el “Grupo de Tareas” de la ESMA; su segundo, Jorge Vildoza, que registra empresas a través de su hijo, Jorge Ernesto Vildoza; del represor Ricardo Miguel Cavallo o del administrador del botín, Jorge Radice, encubierto bajo la figura de su hermana, Norma Radice. Otro de los compañeros del “paraíso” que habita el jefe del Ejecutivo, es Carlos Octavio Capdevila, el médico con grado de capitán y apodo “Tommy” que asistió los partos clandestinos de la ESMA y está involucrado en casos de apropiación de menores paridos en tales circunstancias.

El “Colorado” Miguel Angel Egea, es uno de los ejes de esa trama de negocios ilegales de la Armada; murió en Miami en marzo y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, firmó una de las solitarias cinco condolencias de la sección de avisos fúnebres del diario La Nación y, un mes después, asistió a la misa que recordó al cómplice de los delitos de lesa humanidad.

Golpe al hígado

La situación complica al mandatario, además de mostrar que comparte escenarios delincuenciales con uno de los grupos más siniestros de la historia nacional, porque muestra que sus declaraciones juradas no reflejan el capital del que es poseedor y por el que debería pagar impuestos en el país y dejan en claro que, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad y Presidente de la Nación, se mantuvo en el staff de empresas y en la titularidad de cuentas bancarias internacionales no declaradas.

El 7 de abril, a solo cuatro días de la denuncia internacional del ocultamiento de bienes, Mauricio Macri fue formalmente imputado por el fiscal Federico Delgado, quien reclamó investigar su posible responsabilidad penal por la aparición de Fleg Trading y extendió la investigación a Kagemusha, otra offshore radicada en Panamá, en la que el hijo de Franco figura como vicepresidente. Arrancó así una línea de tiempo que no para, y es implacable en cuanto al registro de las marcas que van dejando las andadas de los evasores en Uruguay, Bahamas, Panamá, Reino Unido, Irlanda o Brasil…
 

Fuego que mata y lava

Filtraciones como las de Panamá, los Swissleaks o los Bahama Leaks, instalaron en la agenda del mundo entero el tema de la evasión impositiva, el lavado de dinero y la fuga de capitales, una de las causas estructurales de las recurrentes crisis económicas, verdadero atentado contra las posibilidades de desarrollo de los países de la región, incluida la Argentina, cuyo actual gobierno completa el círculo con un “blanqueo” permisivo de fondos de origen “ignoto”.

Confirmaron además la trama que une a las corporaciones, sus bancos -extranjeros y nacionales-, los funcionarios del gobierno de Macri y los beneficiarios de políticas que ellos mismos deciden cuando pasan de un lado al otro del mostrador. Por ejemplo, si se comparan los Papeles de Panamá con el listado de bancos y financieras contratados por el Estado para colocar los bonos de deuda externa por u$s 16.500 millones que emitió el gobierno de Mauricio Macri en abril de 2016, y las posteriores colocaciones que ya rozan un total de casi u$s 50.000 millones, se está prácticamente ante la misma nómina.

En el caso del endeudamiento destinado a satisfacer las exigencias de los fondos buitre, los encargados fueron, como “coordinadores globales” de la operación, el alemán Deutsche Bank, el británico Hong-kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), la estadounidense J.P. Morgan y el Santander Investment  Securites, de origen español, y como colocadores conjuntos el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el neoyorkino Citigroup Global Markets y la  Unión de Bancos Suizos (UBS).

El hilo es fácil de seguir. HSBC, Santander, BBVA y UBS, aparecen en la lista de bancos implicados en los Panapapers que también salpican al mandatario argentino, su familia extendida y muchos de sus colaboradores más cercanos. A su vez, JP Morgan y HSBC son dos de las tres empresas que tienen las causas más importantes por fuga de divisas de Argentina -la restante es BNP Paribás- y ambas “perdieron” archivos en el incendio intencional del depósito de Iron Mountian en Barracas, en la que murieron diez bomberos, voluntarios y rescatistas en 2014.

La propia Sideco Americana S.A., empresa insignia del Grupo Macri, admitió ante la Procuración General que en ese incendio se quemaron varias cajas repletas de papeles de su propiedad, entre ellas la KN100156447, etiquetada "VARIOS PARATY-PANAMÁ.-OMEXIL-UR", obvia demostración del vínculo entre los Macri y Omexil S.A., sociedad que les permitió beneficiarse ilícitamente de los seguros de cambio y la posterior estatización de deudas creadas ficticiamente, como lo demostró la investigación llevada a cabo por los auditores del Banco Central en 1985. 
 

Figuritas repetidas

Las siglas se repiten. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay representa en el gabinete los intereses del JP Morgan, al igual que Vladimir Werning, su secretario de Política Económica, el presidente Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra y su Secretario Finanzas, Luis Caputo, quien revistó también en las filas del Deutsche Bank, otro de los colocadores de deuda.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, además de haber trabajado para los grupos Clarín y La Nación, viene del HSBC, uno de los bancos encargados de “conectarnos con el mundo”, como afirma Prat Gay, que creó más de 2.300 de esas “cáscaras” financieras y está involucrado en los “Swiss Leaks”, que permitieron comprobar la existencia de más de 4000 cuentas de argentinos que fugaron u$s 3.505 millones a Suiza, tras consumar una trama de evasión fiscal.

Como último eslabón de esta cadena cabe agregar que la Unidad de Información  Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, era la encargada de investigar la fuga de divisas organizada el HSBC, creado en 1865 con el fin de administrar las enormes ganancias generadas por el tráfico de opio por parte de Gran Bretaña en China. Sin embargo, todo se paralizó cuando Macri impuso a Mariano Federici y María Eugenia Talerico al frente del organismo, a pesar de haber sido impugnados por haber defendido a acusados por el delito de lavado de activos, incluido la propia Hong Kong and Shanghai Banking Corporation.

Ese es el “clima de negocios” hacia el que el gabinete de la oligarquía lleva el barco de una economía argentina a la que le sustraen el capital generado por sus trabajadores y productores nacionales, de modo “legal” a través de las “fallas” diseñadas en los mecanismos de contralor y decisión o, directamente, por métodos ilegales, impidiendo en buena medida un desarrollo autónomo, basado en los enormes recursos generados en el país.

Cuando se juntan cuentas y empresas “off shore” es más fácil establecer y comprender la relación entre el delito y la apertura de sociedades y empresas ultramarinas, aunque alguno de sus propietarios insista en la legalidad de sus maniobras y la “pureza” de sus inversiones.

Carlos A. Villalba

Sicólogo, periodista e investigador argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico