La detención del expresidente Elías Antonio Saca y de varios de sus colaboradores cercanos en su ejercicio de gobierno ha generado una ola de opiniones que van desde los planteamientos más razonados y de fondo hasta los comentarios más ligeros e irrelevantes. Se ha dicho de todo, y seguramente quedan muchas más cosas por decir en torno a un caso que, en sí mismo, tiene aristas que en estos momentos no han sido tratadas debidamente (o quizás no lo han sido en absoluto) por parte de la Fiscalía General de la República.

Entre las muchas cosas se han escuchado, está la que hace énfasis en la “valentía” del fiscal, que destacaría por encima de cualquier otra consideración. Hay que decir que, bien visto el asunto, sólo hay valentía real en una acción (o en una decisión) cuando quien la toma no tiene poder (o el que tiene es mínimo) y pese a ello decide enfrentarse y desafiar a quienes si tienen poder y en virtud del mismo pueden doblegar (amenazar, aterrorizar, asesinar) a quien osa encararlos.

Definitivamente, no es esto lo que sucede con el Fiscal General de la República: no sólo tiene una enorme cuota de poder en sus manos, sino que la está usando contra quienes, aunque hayan tenido una importante cuota de poder en el pasado reciente, en estos momentos ya no la tienen y, más aún, han sido excluidos de las redes de poder que antes los cobijaron. Precisamente, al arremeter en contra de Saca y algunos de sus colaboradores, el Fiscal lo hace con la anuencia y aplauso de quienes en verdad tienen un poder intocable en El Salvador.

Valiente sería enfrentarse a estos grupos de poder, pero es presumible que este Fiscal no lo hará, como tampoco lo hicieron otros fiscales que también se presentaron con credenciales parecidas. Inmediatamente viene a la mente el nombre de Luis Martínez, pero también –sólo para mencionar a otro fiscal tristemente célebre— se puede recordar a Belisario Artiga.

El tema de fondo es si el Fiscal General de la República hace su trabajo y si lo hace satisfactoriamente de cara los intereses de la sociedad. Sobre lo primero, hay que reconocer que la captura de Saca y algunos de los suyos es parte del trabajo del Fiscal. Como ya se dijo no hay valentía en tal cometido, pero tampoco hay nada extraordinario: es tal el odio hacia Saca de los grupos de poder de derecha que su detención era algo anunciado. Es decir, Saca no sólo es alguien que ha sido expulsado de los círculos de poder de la derecha, sino que en estos círculos se desea su destrucción personal, familiar y política.

No es la primera vez que la derecha arremete en contra uno de los suyos, por considerarlo un traicionero. Y esto ha caído como anillo al dedo a un Fiscal ansioso de ser protagonista: tiene en sus manos a una figura importante –procesar a un expresidente no es algo de todos los días—, pero se trata de una figura sin el poder que lo respaldó en el pasado, porque en la dinámica de poder de una sociedad más que el poder propio lo que cuenta son las redes de poder: son esas redes las que se erosionaron para Saca.

Y una vez sin ellas, se quedó solo. Y solo debe dar cuenta de sus malos manejos, lo cual lo ha puesto ante una situación que nunca imaginó cuando fue electo presidente como candidato de ARENA y cuando era halagado y cortejado por los que ahora celebran su hundimiento.

Así las cosas, Saca y varios de sus colaboradores están en manos de la justicia, ante la cual tendrán que rendir cuentas por sus acciones (presuntamente ilícitas) durante su gestión en el gobierno. Ahora bien, de lo que se trata –desde los intereses de la sociedad— es que el “caso Saca” sea llevado hasta sus últimas consecuencias, de forma que no quede ningún cabo suelto en la trama de corrupción que la Fiscalía General de la República ha comenzado a revelar. Porque, en efecto, hay sobradas razones para pensar que, hasta ahora, sólo se ha mostrado una parte de la historia y, por lo mismo, a una parte de los involucrados.

Cabe sospechar que fueron más los funcionarios del gobierno de Saca que fueron parte de los malos manejos que se achacan a su administración. ¿Investigará la Fiscalía a todos los funcionarios del gobierno de Elías Antonio Saca, especialmente a colaboradores cercanos que por ahora no han figurado en las pesquisas fiscales? Desde los intereses de la sociedad, esa investigación se impone, lo mismo que la deducción de responsabilidades correspondiente.

¿Investigará la Fiscalía todos los contratos, acuerdos, negociaciones, donaciones, etc., realizados por el gobierno de Saca con instituciones y personas privadas a lo largo de los cinco años de gestión? Desde el bien público, esa investigación se impone irremediablemente, pues se puede presumir que en esos tratos hubo mucho dinero en juego y fueron muchas las personas involucradas.

Naturalmente que un gobierno –cualquier gobierno— establece contratos y convenios, efectúa donaciones y realiza negociaciones, y ello no supone que haya algo ilícito. Pero como se trata, en el caso del gobierno de Saca, de una administración a la que se atribuye una dinámica de corrupción inaudita, no carece de sentido determinar si en todos los tratos efectuados por ese gobierno con instituciones y personas privadas no hubo también prácticas corruptas. En ese sentido, a la sociedad salvadoreña le interesa conocer de todos esos contratos, convenios, donaciones, etc., así como de las personas e instituciones involucradas y los montos económicos en juego.

Definitivamente, mientras la Fiscalía General de la República no investigue a (e informe a la sociedad de) otros importantes funcionarios del gobierno de Saca que tuvieron una posible participación en actos ilícitos, y no investigue (e informe a la sociedad de) todos los contratos, convenios, donaciones, etc., realizados en la administración de Saca con entidades y personas privadas durante los cinco años de gestión, el “caso Saca” estará incompleto, con vacíos preocupantes de cara a los fueros de la justicia. Por ahora, el trabajo de la Fiscalía en el caso Saca es incompleto e insatisfactorio.

Cerrado el caso Saca, por razones lógicas e históricas deben seguir en el orden de prioridades el “caso Flores”, del cual no se han tratado todas las aristas en juego, especialmente las que tienen que ver con el paradero de los fondos de Taiwán y del papel institucional de ARENA esa trama de corrupción; es una deuda pendiente de la Fiscalía General de la República con la sociedad salvadoreña, una deuda suelen olvidar los aduladores del Fiscal, pero que genera serias dudas acerca de su voluntad de perseguir la corrupción sin reparar en la condición, la procedencia o el poder de los involucrados.

Siempre, por razones lógicas e históricas, siguen los gobiernos de Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani. Claro que sí. Las sospechas de malos manejos financieros se han acumulado desde aquellos años hasta ahora, y ningún fiscal se ha atrevido a investigar a fondo esas dos administraciones de ARENA. ¿Lo hará el actual Fiscal? Quién sabe. Pero está obligado a hacerlo, desde los intereses de la sociedad en su conjunto. Quizás aquí sí se ponga a prueba su valentía.

¿Y el gobierno de Mauricio Funes? También. Pero por coherencia lógica y urgencia, primero se debe cerrar (sin dejar ningún cabo suelto) el caso Saca, luego el caso Flores y posteriormente los gobiernos de Calderón Sol y Cristiani. Proceder de otra manera confirmará la apreciación de que las acciones fiscales, más que estar orientadas por criterios de justicia, lo están por criterios políticos, que tienen como finalidad demoler a quienes o han sido excluidos de las filas de la derecha (caso Saca) o se han enfrentado a ella de manera abierta (caso Funes), siendo sus presuntos actos ilícitos una buena excusa para su defenestración pública y si lo permiten las circunstancias para su procesamiento penal.

San Salvador, 8 de noviembre de 2016