El caso de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS)

Introducción

El presente artículo sobre la “Gobernabilidad democrática del agua en Nicaragua” (a partir de la experiencia de los Comités de Agua Potable y Saneamiento -CAPS-), ha sido posible gracias a los insumos proporcionados en entrevista realizada por personal de la Asociación ADINA, a Margarita Gutiérrez, funcionaria de la organización no gubernamental “ONGAWA” (Ingeniería para el Desarrollo Humano). Este texto es una síntesis de sus respuestas y argumentaciones.

Desde hace varios años ONGAWA ha impulsado en Nicaragua distintos proyectos orientados hacia la gobernanza del agua, centrando buena parte de su trabajo en la potenciación del rol de las mujeres en los llamados “Comités de Agua Potable y Saneamiento” (CAPS), focalizando su trabajo de respaldo y acompañamiento en municipios de Chinandega, León y Jinotega.

A su vez, ONGAWA forma parte de la alianza de organizaciones incorporadas en torno a la denominada “Iniciativa Paragua”, la cual es un proyecto común de cinco oenegés de desarrollo españolas y varias organizaciones nacionales, centradas en impulsar estrategias conjuntas y coordinadas que coadyuven a garantizar el derecho humano al agua en Nicaragua.

Marcos jurídicos y normativos en torno al acceso democrático al agua y al saneamiento

La Constitución Política de Nicaragua reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano básico, estableciéndolos como elementos esenciales para una vida digna. La complementan la Ley 620 y la Ley 722.

La Ley 620 “establece un importante esfuerzo en clarificar y reorganizar las funciones de las diferentes instituciones con competencia en el acceso al agua”, mientras la Ley 722, “Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento” (CAPS), regula el funcionamiento de estos, tanto en aspectos jurídicos (su legalización), como en aspectos relativos al desarrollo de sus capacidades organizativas, técnicas, operativas, administrativas y económicas.

Por otra parte, existe en la actualidad una iniciativa de Ley de Reforma a la Ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), cuya modificación contempla que esta institución tenga la facultad de autorizar los proyectos que se desarrollen en materia de agua potable y saneamiento, tanto a las empresas públicas y privadas, como a las Alcaldías Municipales, lo cual daría mayor claridad a las competencias institucionales.

El entramado institucional en torno al acceso al agua y el saneamiento.

El país cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo Humano (2012-2016), una Política Nacional de Recursos Hídricos, una Estrategia Nacional de Agua Potable, y un Plan de Agua y Saneamiento.

Pueden citarse además, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), el Fondo de Inversión Social para Emergencias (FISE), el Ministerio de Salud y Asistencia (MINSA), el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), la Comisión Ambiental de la Asamblea Nacional (Congreso), las Unidades Municipales de Aguas y Saneamiento (UMAS), entre otras.

Es de hacer notar, de acuerdo con nuestra entrevistada, que a nivel de país existe en este momento un esfuerzo para direccionar globalmente el accionar de estas y otras importantes instancias gubernamentales, hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de agendas y planes nacionales.

Aspectos medulares clave identificados para una gobernanza democrática del agua en Nicaragua.

Pueden mencionarse, en primer término, el manejo integral de cuencas, la protección y restauración de áreas de recarga de las fuentes de agua (así como políticas de compensación y de incentivos correspondientes), la promoción del liderazgo de las mujeres y el cierre de la brechas de género en los CAPS, y los planes sistémicos de formación y capacitación, orientados hacia el mejoramiento de capacidades técnicas, administrativas, operativas, y de sostenibilidad financiera de los sistemas de agua potable y saneamiento (SAPS).

El nivel de avance y concreción de cada uno de estos aspectos clave es disímil, dada su complejidad y heterogeneidad. En varios de ellos las organizaciones sociales nacionales y la cooperación internacional, comprometen e involucran sus esfuerzos de acompañamiento y fortalecimiento conjunto, lo cual a continuación abordamos con cierto nivel de generalidad y detalle, haciendo énfasis en una experiencia particular e interesante encabezada por varias organizaciones extranjeras.

El rol de la cooperación internacional en los procesos de gobernabilidad democrática del agua (el caso de la “Iniciativa Paragua”).

A través de diversas organizaciones internacionales aglutinadas en lo que se conoce como “Iniciativa Paragua” (una alianza de la cual la organización ONGAWA forma parte),se han desarrollado esfuerzos conjuntos orientados hacia el fortalecimiento de las capacidades técnicas, organizativas y de incidencia, focalizados en los CAPS, en el acompañamiento a las instituciones estatales con competencia en la materia, así como también trabajo de incidencia y cooperación hacia los gobiernos locales, en particular, a través de las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS).

Este accionar está territorialmente delimitado en 17 municipios del país, que abarcan los departamentos de Jinotega, y las áreas del “corredor seco” en municipios seleccionados de León y Chinandega.

Una parte importante de esos esfuerzos conjuntos e inter-institucionales emprendidos por la “Iniciativa Paragua”, se han llevado a cabo a través de procesos de formación y capacitación, orientados hacia la reducción de las denominadas “brechas de género”, tanto en relación a la cultura del agua, al liderazgo femenino en la construcción y a la operación de los sistemas de agua potable (SAP), y en relación a su participación y acceso al poder en la gestión comunitaria del agua, así como en función del fortalecimiento de las capacidades y habilidades para el liderazgo en los niveles técnico y normativo.

De igual manera, estos procesos de formación y capacitación abarcan también aspectos relacionados con el fortalecimiento y desarrollo de capacidades técnicas, en temas de operación y mantenimiento, administrativos, y en asuntos legales y ambientales (ahora en la fase II de la “Iniciativa Paragua”, involucra a hombres y mujeres jóvenes de comunidades rurales).

En aspectos organizativos, durante la primera fase de esta alianza, la “Iniciativa Paragua” apoyó la legalización de 341 CAPS y de otros 600 comités en la fase II, así como la creación y desarrollo de espacios y vínculos de asociatividad en redes de nivel municipal y nacional.

Estas redes municipales y nacionales de CAPS se han fortalecido mediante un eje de incidencia, habiéndose llevado a cabo un diagnóstico con la participación de 750 CAPS de 43 municipios del país, estableciéndose su situación actual.

De acuerdo a la entrevistada, los insumos arrojados por ese diagnóstico servirán para generar una agenda con prioridades, la cual habrá de ser presentada a la Comisión Ambiental de la Asamblea Nacional (el Congreso).

Por otra parte, se señala también que ha habido esfuerzos divulgativos y de sensibilización con los medios de comunicación social (tradicionales y alternos), socializando mensajes en radios, medios virtuales, producción de documentales etc., orientados a generar conciencia sobre la importancia del cuido del agua y la preservación de sus fuentes.

Otro aspecto no menos importante es la promoción de talleres sobre temas estratégicos, tales como el derecho humano al agua y al saneamiento, género, masculinidad, crecimiento personal, orientado principalmente hacia la formación de un liderazgo nuevo y joven, buscando el gradual relevo de estilos de liderazgos conservadores, desde el punto de vista del enfoque de equidad de género.

Condiciones particulares de la mujer en la participación de la gestión comunitaria del agua potable en ámbitos rurales.

De acuerdo con la organización ONGAWA, además del machismo y los ambientes hostiles, las auto-limitaciones que las mismas mujeres interiorizan, la vergüenza, la falta de auto-estima, el apego a lo doméstico, el temor a los ambientes públicos y su rol en tareas y cuidados que las retiene o atrapa en los ambientes exclusivamente caseros, son algunos de los principales factores que se erigen como obstáculos a la participación plena y empoderamiento de las mujeres en la gestión democrática del agua potable.

Factores adicionales y concomitantes son los bajos niveles de escolaridad, la escasa capacitación técnica y administrativa, así como las limitaciones económicas y socio-ambientales propias del área rural nicaragüense. Para atajar parcialmente estos factores negativos, recientemente se ha creado la primera escuela de liderezas para la gestión democrática del agua potable, la cual desde la segunda mitad del año 2016 se encuentra operando en la ciudad occidental de Chinandega.

Algunos de los principales logros y avances en la gobernabilidad democrática del agua potable a través de los CAPS en Nicaragua.

Además del marco jurídico, el entramado institucional, el acompañamiento focalizado de la cooperación externa, el empoderamiento de la mujer por medio de procesos de formación y capacitación sistémica (tanto en aspectos jurídicos, técnicos, operativos, administrativos como en equidad de género), pueden citarse además, la legalización de aproximadamente el 30 % de los CAPS (sobre un universo de 5,800 a nivel nacional), y el apoyo a las Municipalidades a través de capacitaciones a las UMAS.

Ha habido también importantes esfuerzos de sensibilización a la población en torno a la importancia del cuido, preservación y restauración de las fuentes de agua potable, así como la creación de redes e instancias municipales y a nivel nacional.

Algunos retos y desafíos pendientes.

Dotar de un Plan que complemente la Política Nacional de Recursos Hídricos, lograr reformas legales a ciertas leyes específicas (como la de creación de ENACAL), el mejoramiento de la coordinación y articulación interinstitucional entre los entes estatales con competencia en la materia, gestionar y resolver el problema de la sostenibilidad financiera de muchos CAPS (por medio de políticas de subsidio focalizadas particularmente en los sistemas de aguas rurales pequeños y de escasos recursos), y dinamizar la operacionalización y funcionamiento de los llamados “Comités de Cuenca” previstos por la ley respectiva.

Adicionalmente, un aspecto importante es la creación de espacios o mecanismos de diálogo para dirimir de manera negociada conflictos entre sectores poblacionales y agentes productivos, dotar con asistencia técnica en temas de operación, mantenimiento y administración a los encargados de los sistemas de agua potable (SAPS), elevar la tasa de legalización y conocimientos legales de los CAPS (juntas directivas y su comunidades), fortalecer financiera e institucionalmente a los UMAS, y la creación de planes sectoriales de apoyo a la gestión comunitaria del agua en el ámbito rural.

Por último, son retos igualmente importantes la integración a los planes municipales de ordenamiento territorial la protección y restauración de las áreas de recarga hídrica, el respaldo financiero estatal a los planes de apoyo al área rural, y en especial, a la Costa Caribe, garantizar una efectiva implementación de la legislación ambiental, y diseñar y desarrollar campañas permanentes de sensibilización a la población en general, acerca de la importancia del uso racional del agua y la promoción de una cultura de pago, cuido y ahorro del vital líquido.

En síntesis, como refiere nuestra entrevistada, en Nicaragua están dadas las condiciones estructurales, legales e institucionales para la construcción de una estrategia nacional orientada hacia la buena gobernanza del agua.

Entrevista y síntesis realizada por Sergio Barrios Escalante, con la asesoría del Dr. Wilfredo Stokes y el apoyo de Víctor del Cid, colaborador de ADINA en Nicaragua.