Si en el año 2011 los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” marcaron el debate en Cuba y fijaron la hoja de ruta para el cambio económico, 5 años después en el marco del VII Congreso del PCC, la “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista” es el principal documento de análisis colectivo. Un texto de importancia vital ya que se ponen sobre el tapete aspectos estructurales del sistema cubano, es decir, del socialismo autóctono, y se plantea una reflexión político-filosófica que no se daba probablemente desde los años setenta, cuando se aprobó la Constitución del país.

El otro documento que acompaña a la “conceptualización” es el “Plan Nacional de desarrollo hasta 2030”, que de facto no es todavía un Plan sino más bien sus principios y sus ejes estratégicos. Estos dos textos están siendo debatidos por decenas de miles de personas en centros de estudio y de trabajo y serán enriquecidos con los principales aportes que se vayan realizando a lo largo de una reflexión colectiva que se prolongará, probablemente, hasta fin de año.

El debate en torno a la “conceptualización del modelo” sin duda resulta el más apasionante y obviamente también el más polémico, ya que está permitiendo discutir acerca de los grandes temas que históricamente marcaron la disputa entre los dos grandes sistemas de la modernidad: el socialismo y el capitalismo. La “conceptualización” está estructurada en cuatro capítulos principales que abordan temáticas estructurales como los principios del modelo, la propiedad de los medios de producción, la dirección planificada de la economía y la política social.

Más allá de esta división formal, a lo largo del texto destacan dos grandes debates: uno en torno a la propiedad y el otro acerca de la relación entre Estado y Mercado. De estos dos principales debates se derivan otros de gran relevancia como los modelo de gestión, el papel y potencialidades del cooperativismo, la redefinición de la política social para que sea sostenible… En síntesis, sitúa a las y los cubanos en la tesitura de conceptualizar el nuevo proyecto socialista para el siglo XXI.

La propiedad. En el primer capítulo de la “conceptualización” se fijan los “principios de nuestro socialismo que sustentan el Modelo” y se afirma con rotundidad que “la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción” es la forma principal de la economía. Se agrega que este tipo de propiedad garantiza la “condición de propietario común” a toda la sociedad cubana. En el capítulo 2 dedicado a la propiedad sobre los medios de producción, se concibe a la propiedad estatal como “la propiedad socialista de todo el pueblo”.

Se establece, por tanto, una divisoria clara entre propiedad “estatal” y propiedad “no estatal”, considerando que el mayor grado de socialización se logra a través de la primera. El citado capítulo 2 indica que la “forma estatal constituye la columna vertebral de todo el sistema de propiedad de la sociedad socialista”. La novedad, según José Luis Rodríguez, ex ministro de Economía y uno de los intelectuales más respetados, es que en esta nueva etapa del socialismo se reconoce el papel funcional que puede jugar la propiedad no estatal.

Una propiedad que, de todas formas, “está sujeta a temporalidad”. Esto significa que en un futuro podría revertir de nuevo a estatal, como ocurrió, recuerda Rodríguez, con la compañía de teléfonos ETECSA, que en 1995 era mixta y en 2008 fue recomprada por el Estado.

A pesar de la prioridad que se otorga a la propiedad estatal, la expansión de la propiedad no estatal es un hecho, como lo evidencian los datos del empleo, ya que si en 1989 solo el 6% de las y los trabajadores trabajaban en empresas no estatales, en el 2016 ya suponen casi el 30% de la fuerza laboral. Sin embargo, el peso de la economía no estatal en el PIB es apenas de un 12%, ya que su presencia se restringe a pequeñas empresas y a sectores no estratégicos. Los sectores estratégicos, las grandes industrias como la electricidad, las telecomunicaciones, la minería, etc., seguirán indiscutiblemente bajo control del Estado, asevera Rodríguez.

El documento de la “conceptualización” reconoce que la propiedad privada “cumple una función social”, tanto la nacional como la extranjera, ya que coadyuva en la mejora del “bienestar”, “tributa al desarrollo local” y contribuye a la “eficiencia” económica. Pero a su vez, deja claro que solo se permitirán pequeños emprendimientos y que se limitará la concentración de la propiedad y la riqueza privada.

En la práctica, es reseñable el modelo de financiación de los nuevos negocios privados, ya que según académicos norteamericanos el 50% de las remesas provenientes de EE.UU. se transforma en capital para crear o impulsar empresas privadas. Las lecturas, dentro de la propia intelectualidad económica cubana en relación a los proyectos privados son diversas. Rodríguez destaca que en la actualidad estas empresas están sub-declarando y por tanto pagando menos de lo que les corresponde, lo cual es innegable. Everleny Pérez, por su parte, considera que es necesario permitir más actividades profesionales privadas (bufetes, arquitectos, consultorías económicas…) y agrega que si se frena la iniciativa la gente seguirá yéndose del país, lo cual es una evidencia empírica.

En este nuevo contexto que se está creando en torno a los nuevos negocios privados, se cruzan variables contradictorias que muestran con claridad los aspectos positivos y negativos que están experimentando en primera persona los y las trabajadoras contratadas. Por una parte, los sentimientos de “explotación” emergen en las narrativas de esta franja incipiente de la clase trabajadora cubana; pero por otra parte, manifiestan que sus ingresos son muy superiores a los de cualquier empleo público. El testimonio de algunas empleadas de cafeterías o restaurantes privados es paradigmático en este sentido.

Las cooperativas. Otro de los grandes debates que se están dando en relación a la “conceptualización del modelo” y que son trascendentales para el Socialismo en el siglo XXI, es el de la autogestión y su materialización en Cuba a través del cooperativismo. El primer aspecto crítico a destacar es la desconfianza que sigue generando en capas importantes del Partido, de la dirección política y sobre todo de la burocracia intermedia. La cooperativa la siguen considerando una forma inferior de socialización de la propiedad en comparación con la propiedad estatal, lo cual evidencia la hegemonía del imaginario del socialismo real del siglo XX.

En parte, existe un temor comprensible respecto al riesgo del cooperativismo, ya que fue la forma encubierta de los negocios privados en la transición al capitalismo en la URSS, como advierten algunos analistas cubanos. Sin embargo, para los sectores favorables a la autogestión en Cuba la apuesta por el cooperativismo permitiría una mayor socialización de los medios de producción porque posibilitaría que los y las productoras pudieran, sin intermediación de ningún funcionario, gestionar directamente la empresa.

El cooperativismo ha tenido presencia en Cuba desde 1959 pero sólo en el sector agrario. No será hasta el 2011, con la apuesta por el nuevo modelo, cuando se impulse el cooperativismo en industrias y servicios (prioritariamente en este último). Actualmente hay casi 500 cooperativas en proceso de prueba y evaluación, la gran mayoría en el sector de gastronomía, comercio agropecuario y construcción. Hay previsión de que en los próximos años más de 12.000 pequeñas empresas estatales de servicios (la mayoría gastronómicos) se conviertan en cooperativas. Para los grupos pro-autogestión el proceso de cooperativización se está dilatando excesivamente y teniendo incluso más trabas que los negocios privados, lo cual podría interpretarse como una contradicción del proceso de cambio.

La gestión. Más allá del debate acerca de la propiedad existe otro trascendental y complementario: el modelo de gestión. A veces las disputas se circunscriben a la forma “propiedad”, cuando la forma “gestión” puede resultar más importante en algunos casos. De hecho, el criterio de eficiencia está siendo determinante a la hora de modificar el modelo de gestión en algunas empresas, aunque la propiedad siga siendo estatal.

El primer caso relevante es el del cooperativismo, ya que el 70% de las cooperativas en experimentación, son antiguas empresas públicas que ahora pasan a ser gestionadas por sus trabajadores/as, aunque parte de la propiedad puede seguir siendo estatal: los vehículos en el caso de las cooperativas de transporte público, los almacenes en el de las cooperativas textiles…

El otro caso paradigmático es el de la gestión privada extranjera en empresas de titularidad pública. El sector hotelero es quizás el más conocido, ya que desde los años 90 se conoce este modelo de propiedad pública o mixta y gestión privada, en el que los rendimientos económicos han sido positivos. La exportación de ron es otro referente y más recientemente la apuesta ha sido abrir a otros sectores, como el de los aeropuertos. La firma con una empresa francesa de un contrato de gestión del aeropuerto de La Habana y la intención de generalizarlo al resto de aeropuertos del país, es el ejemplo más destacado.

El Mercado. En el tercer capítulo de la “conceptualización”, el dedicado a “La dirección planificada de la economía”, se afirma categóricamente que “las leyes del Mercado no ejercen el papel rector”, siendo el Estado el gestor y regulador principal. Sin embargo, se perciben dos cambios importantes. Por un lado, el impulso a la descentralización, lo que implica dar mayor capacidad de decisión a las provincias y municipios y conceder mayor autonomía a los órganos de dirección de las empresas públicas.

Por otro lado, el “reconocimiento del Mercado”, esa institución que el socialismo real quiso suprimir por decreto pero que nunca desapareció. Como agudamente plantea el ex ministro Rodríguez, el mercado siempre existió aunque se trató de manera idealista de suprimirlo. Como la ley lo prohibió entonces se manifestó a través de la economía informal, del mercado negro. La lectura cubana actual plantea la existencia de un mercado regulado, no de un mercado libre, y por tanto la construcción de una economía “con mercado” y no una economía “de mercado”, que sí es la propia de los países capitalistas.

Rodríguez pone un ejemplo muy gráfico para entender la nueva relación que hay que establecer con el mercado. Afirma que los precios de muchos productos no se pueden regular administrativamente sino a través de un flujo suficiente de oferta, porque si no “la tendencia que se impone es a que se venda en la economía sumergida a un precio superior”.

Política social. La “conceptualización” culmina con el capítulo referido a la “política social”, donde se proclama la gratuidad de los derechos sociales básicos. La novedad la encontramos en la apelación a las “posibilidades objetivas de la economía”, reconociendo las limitaciones presupuestarias que puedan existir. Además, se indica que “se cobrarán” los servicios “complementarios y de carácter no fundamental”, advirtiendo que la gratuidad absoluta y generalizada ya no será viable.

El debate estrella sobre política social de los últimos tiempos es acerca del futuro de la histórica cartilla de abastecimiento, ya que a día de hoy sigue siendo totalmente universal. Cada vez parece más claro que tarde o temprano se asignará de forma focalizada a los sectores más vulnerables, y por tanto será un instrumento de combate a la desigualdad, un problema creciente desde la década del noventa.

El futuro del socialismo en Cuba nadie lo puede decretar. Lo único que está claro es que el modelo tradicional deudor de las experiencias del siglo XX se agotó y que será sustituido por otro modelo que necesariamente debe ser autosustentable. La pluralidad de propiedades, modelos de gestión e instituciones económicas será la clave sobre la que descanse el nuevo ensayo de socialismo para el siglo XXI.

Luismi Uharte

Grupo de investigación Parte Hartuz (Universidad del País Vasco)