Tal como lo hizo hace un año, el gobierno nacional vuelve a violentar la ley y las garantías constitucionales para intervenir por decreto en el campo de la comunicación a fin de favorecer la concentración y la cartelización de los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones.

Mientras prometen una nueva ley avanzan por decreto con los negocios de unas pocas empresas socias del oficialismo.

El nuevo decreto (1340/16) afecta más aún la libertad de expresión y promueve la consolidación de un mercado oligopólico que protagonizan las principales corporaciones en materia de servicios convergentes: el Grupo Clarín, Telefónica y Telecom.

Hace apenas un mes, en el documento “UN AÑO FUERA DE LA LEY”, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) denunció el desmantelamiento del orden jurídico, el incumplimiento de las promesas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y los peligros que acarrea gobernar por decreto, negando la comunicación como derecho ciudadano y de las audiencias.

En lugar de someterse al debate democrático en el ámbito parlamentario y al principio de no regresividad de derechos —ambos exhortos formulados por la CIDH en abril de 2016 en Washington—, el gobierno de Mauricio Macri vuelve a contradecir con hechos su discurso sobre el diálogo y la institucionalidad. La captura regulatoria del mercado de las comunicaciones, el sometimiento político de los órganos de aplicación y los negocios de grupos amigos, son los únicos resultados de su gestión en el primer año de gobierno.

El nuevo decreto permite al ENACOM disponer del espectro radioeléctrico —recurso natural patrimonio del pueblo argentino—a la medida de los grandes operadores del mercado, atribuyendo bandas de frecuencias y diseñando concursos a medida. También liberalizará las tarifas para que las corporaciones puedan llevarlas a los niveles de operación de sus otras filiales en América Latina. Asimismo autoriza la reasignación discrecional de frecuencias de servicios de comunicación audiovisual y servicios móviles para permitir el empleo por parte de Grupo Clarín —para su empresa Nextel— de posiciones en el espectro adquiridas para otros usos a precios de remate.

La norma clausura por quince años la obligación de Telefónica, Telecom, Cablevisión y otros grandes operadores, de abrir la red de última milla impidiendo en ese lapso que otros operadores ofrezcan servicios utilizando la plataforma existente. De esta manera se cristalizan las posiciones dominantes, impidiendo una mayor competencia. DirecTV tendrá su premio al serle permitido el ingreso al negocio de los servicios TIC (internet), limitación establecida en el texto original de la Ley 26.522.

El decreto también protege al Grupo Clarín, impidiendo hasta 2018 la competencia a Cablevisión de los prestadores de telefonía básica (Telefónica y Telecom) en los grandes mercados (AMBA, Rosario y Córdoba). El Decreto invoca una protección para operadores locales cooperativos o Pymes, pero la misma solo resulta aplicable en las pequeñas ciudades donde sean un único prestador, es decir, marginales en términos de mercado.

Así se convierten en letra muerta los criterios constitucionales y los Tratados Internacionales que definen a la comunicación como un derecho humano y que han establecido que el control de la concentración en medios y plataformas de distribución de contenidos es una vía razonable y necesaria para asegurar la libertad de expresión. Por el contrario, las autoridades actuales insisten en considerar a la comunicación como una simple cuestión mercantil que, en el peor de los casos, debe zanjar el área de Defensa de la Competencia, ignorando por completo el derecho de las audiencias.

Frente a este retroceso, la CCD ratifica los principios de defensa de la comunicación como un derecho humano, el debate público y participativo, la promoción de una política nacional que defienda el patrimonio tecnológico y audiovisual de la Nación y el trabajo local, fomentando la producción de contenidos argentinos y los medios con arraigo territorial, vocación social y de servicio público.