Todas las profesiones revisten una importancia especial para la sociedad. Los médicos ocupan un lugar preponderante, atienden aspectos fundamentales para el ser humano; sin embargo, aquí quienes trabajan en hospitales públicos tienen deplorables condiciones laborales y salarios que no son acorde a su función. Las ciencias exactas también son esenciales. Hay que preguntarle a los matemáticos, actuarios, economistas, ingenieros, arquitectos, quienes basan su quehacer en los números, y les dirán que el mundo gira alrededor de ello.

Las artes y las letras, que recrean el espíritu, son muy poco valoradas en nuestro medio, a pesar de su extraordinario aporte. Y la tecnología, que ha dado una visión impensable de la realidad a estas generaciones, facilitando los accesos a conocimiento, a la diversión, a la innovación, es otra área del saber indispensable hoy.

Cuando se habla de las ciencias jurídicas se están tocando fibras sensibles para la convivencia humana, con o la certeza en diversos sentidos, social, económico, laboral, legal, y por eso quienes han optado por vocación a ejercer alguno de los campos del Derecho — sean abogados, jueces o fiscales — deben tener un comportamiento ético impecable. Los preceptos jurídicos para normar la vida en sociedad deben expresar una escala de valores, para que ese marco tenga efectivamente el resultado virtuoso que esperamos.

El desmoronamiento que estamos presenciando de uno de los pilares fundamentales de la democracia y de la república, el sistema de justicia y su máxima representación, la Corte Suprema, quiebra en muchos pedazos uno de los mayores anhelos que tenemos: la debida aplicación de la justicia, incluso priorizada sobre el propio derecho.

Todo lo que ha sucedido en el país y que ha permeado también a los jueces y magistrados tiene, entre otras causas, una pérdida de valores y principios en esos servidores públicos que han extraviado el norte. Si el sistema jurídico se corrompe, ¿a dónde acudimos para encontrar una justa y equitativa aplicación de la ley?

Nuestra profesión, como abogados, se ha venido degradando, desprestigiando vertiginosamente. Señalamientos y acusaciones judiciales contra juristas, miembros del gremio encarcelados, otros denunciados por varios deli tos, temor de la sociedad de hacer negocios con abogados, que en muchos casos no son aceptados como fiadores; jueces señalados de corrupción, notarios responsables de despojo de bienes.

Pero lo que estamos presenciando ahora en la Corte Suprema de Justicia es antagónico con la recta aplicación de justicia, con la deontología jurídica, con la ética y la función del servicio público. Se han ignorado los postulados básicos de la doctrina jurídica, se omite el respeto a la Constitución y las leyes en general, se ignoran atributos como la probidad, la honradez, la responsabilidad, la competencia, la transparencia, la efectividad y la vocación de servicio, que es el privilegio y compromiso de trabajar para el Estado, como funcionario o empleado.

Como sociedad no somos ajenos a esa degradación que tanto señalamos, pues todos tenemos algún grado de responsabilidad. Dejamos que el agua nos llegara al cuello, hemos sido indolentes, apáticos, tolerantes.

Si no valoramos al servidor público, o sea a los trabajadores de los organismos del Estado, y no contribuimos a su buena selección, no podemos exigir transparencia, eficiencia, eficacia, honestidad, capacidad, honorabilidad y ética en su desempeño.

Los casos de magistrados hoy cuestionados deben ser diligenciados con urgencia para que, con observancia del debido proceso, se depure el Organismo Judicial. De igual manera debe procederse con los demás jueces involucrados en casos ilegales.

No debe haber doble rasero. Solo así recuperaremos la confianza y contaremos con el paradigma del Buen Juez(a).

Guatemala, 14 de enero de 2017.

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA