La representación de las Naciones Unidas en nuestro país publicó recientemente el libro Voces de El Salvador. A 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz. El texto reúne la reflexión y las propuestas de sectores poblacionales diversos; personas que no siempre tienen la oportunidad de participar en los debates nacionales, pero cuya voz permite mirar la historia reciente desde perspectivas alternas y valiosas. A través de estos participantes, el estudio recoge información para interpretar el proceso histórico de posguerra desde los planos objetivos y subjetivos. Los primeros están vinculados a la relación con el Estado y las instituciones, mientras que los segundos nos hablan de los procesos personales o comunitarios. Para los autores, un cuarto de siglo después de la firma de los Acuerdos de Paz, la lectura de este suceso ha transitado, según el sector al que se escuche, entre la alegría y la esperanza, o la incertidumbre y la desilusión.

En esa línea, cuando se consulta a las víctimas del conflicto armado, estas recuerdan las deudas del país con respecto a verdad, justicia, reparación y reconciliación. De ahí que se plantea la necesidad de escucharlas y acompañarlas en el continuo camino de la construcción de la paz. Por otra parte, la perspectiva se torna más positiva cuando los consultados pertenecen a los pueblos indígenas, la niñez, las juventudes, las mujeres, las personas con discapacidad y la población lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual e intersexual (LGBTI). Estos sectores estiman que su aparición en la escena política como actores sociales importantes durante la primera década del proceso de paz fue posible gracias al clima —derivado de los Acuerdos— que fortaleció el trabajo por el respeto y defensa de los derechos humanos.

Ahora bien, hay aspectos del estudio que merecen especial atención porque remiten a la necesidad de consolidar la paz desde los retos del presente. La población consultada considera que los desafíos que enfrenta hoy la sociedad salvadoreña tienen que ver con reformas del Estado (constitucionales, educativas y fiscales); el quiebre de la polarización partidaria; la lucha contra la impunidad; la justicia para las víctimas; el trabajo para disminuir la violencia mediante la creación de fuentes de empleo y oportunidades para los jóvenes; la necesidad de transparencia y lucha contra la corrupción; y la disminución de la pobreza y la emigración, entre otros.

Al plantear algunas recomendaciones para consolidar la paz, se analizan especialmente tres: la reforma del Estado, la memoria y la reparación, y la solución de la violencia. En el primer tema, la representación de los jóvenes considera que la primera reforma debe ser constitucional, porque desde esta pueden establecerse nuevas formas de participación ciudadana, como el plebiscito o el referéndum. Las organizaciones de mujeres, las comunidades LGBTI y los pueblos originarios también creen que con una modificación de la Carta Magna será posible enunciar sus ciudadanías de forma plena. Otros sectores consideran que las reformas más urgentes son la educativa (“educación de calidad”) y judicial (“contra la corrupción y la impunidad”). En todo caso, las ideas de reforma están encaminadas a la construcción de un país más justo e incluyente, que pueda consolidar el proceso de paz epara la diversidad de ciudadanías de El Salvador.

Al hablar de reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos, tanto en el aspecto material como moral, se comienza reconociendo que la aprobación de la ley de amnistía impidió que miles de familias, viudas y huérfanos tuvieran acceso a la verdad sobre el paradero de sus seres queridos. Pero en el ámbito positivo, destaca la mayor conciencia sobre la necesidad de justicia y de reparación. Entre los grupos participantes en el estudio es común la solicitud de aplicar justicia y reparación, conocer la historia y custodiar la memoria. Además, son enfáticos en enunciar tres maneras de articular la reparación: la derogación de la ley de amnistía, el acceso a la justicia efectiva y la historia como herramienta contra el olvido. En este plano, se habla también de la salud mental en la posguerra, que ha de implicar pasar de un estado de confrontación crónica a uno de convivencia tolerante. Y desde la perspectiva de las víctimas, la recuperación de la salud mental supondrá restituir su vida familiar, laboral y ciudadana.

Finalmente, para contrarrestar la violencia, se formulan propuestas de carácter comunitario. Los jóvenes, por ejemplo, dicen que uno de sus principales compromisos con la paz es recuperar a sus pares en riesgo. Y desde una perspectiva más amplia, hablan de atacar la violencia desde la educación y el desarrollo.

Según las voces del texto, la consolidación de la paz requiere diálogo nacional sobre los temas que hoy más afectan a la población; luchar contra la pobreza y por la consecución de una convivencia segura y pacífica; fomentar el acceso a la justicia y profundizar los esfuerzos para acabar con la impunidad y la corrupción; identificar la forma apropiada de garantizarles a las víctimas verdad, justicia y reparación, y de proporcionarle a la sociedad, en especial a las nuevas generaciones, la oportunidad de conocer lo ocurrido para asegurar la no repetición del pasado.

Este coro de voces y sentires no solo merece ser escuchado, sino imitado en su aporte y voluntad para construir nuevas realidades que consoliden la paz.

17/01/2017

Carlos Ayala Ramírez

Profesor de la Escuela Jesuita de Teología, Santa Clara, EE.UU.