Me considero más ambientalista desde que conocí el humedal-laguna Matusagaratí, en Darién, Panamá. Lo he visitado tres veces durante mi estancia de un año en Panamá. Ahí me hice miembro de la organización Alianza por un Mejor Darién y soy uno de sus cronistas y archivero de sus documentos. Por eso quiero relatar una parte de la historia de su lucha por salvar ese ecosistema, ahora que su vida pende de un hilo. Me centraré en la parte primera, cuando se cometió la mayoría de irregularidades y robos.

Matusagaratí es la reserva de agua dulce más grande de Panamá y uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. O, al menos, lo era hasta hace poco. Hasta 2007 este gran humedal era refugio de aves y de animales como el jaguar, águila harpía, oso caballo, especies protegidas, y de multitud de helechos y plantas gigantes, caracoles, vestigios de otras eras. Además es el criadero de especies valiosísimas de peces de las que se ha ido alimentando la República de Panamá pues desde la laguna pasaban al gran río Tuira y de allí al Golfo de San Miguel.

En marzo de 1999 la Autoridad Nacional del Ambiente (a partir de aquí ANAM), aprueba un Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial de Darién, respecto a los Humedales de Canglón, Matusagaratí y Río Balsas. En él se lee que “Consiste en un área de 49.429 has. en su mayor parte inundable todo el año y sujeta a variaciones periódicas del nivel de agua…El área incluye territorios pertenecientes a los corregimientos de Yaviza, El Real, Río Iglesias, Camogantí y Chepigana entre Yaviza y Canglón…Son tierras no aptas para el aprovechamiento agropecuario o forestal, son suelos bajo condiciones hidromórficas permanentes, sujetos a inundaciones permanentes y a un proceso permanente de sedimentación”.

El carácter de humedal, su extensión -aunque fuera protegida una parte solamente-, la vocación de territorio virgen, la no aptitud como terreno agropecuario, quedaba claramente establecido por ANAM. Las personas que vivían y trabajaban en su área de amortiguamiento antes de la declaración de la Reserva Forestal Canglón eran las únicas que tenían derecho a una titulación condicionada de tierras.

Como tal joya fue protegida y delimitada sólo en la mitad de su espacio natural. En realidad eso fue dejarla toda entera desprotegida de los ataques depredadores de seres ávidos de riqueza. No me refiero a indios, afroamericanos o colonos que desde ya antes de los setenta se instalaron en las cercanías del humedal, que sembraron su ñame, su yuca, que tenían sus vacas y sus caballos. Durante décadas convivieron esos moradores con el humedal-laguna de manera amigable.

Yo me refiero a otros. A foráneos que vinieron de lugares donde habían ya devastado y arrebatado tierras a campesinos en Colombia. A gente que en otras provincias de Panamá se habían dedicado a talas extensivas y a crear potreros, a substituir el bosque por tierras de “pasto mejorado” para venderlas. Y me refiero, sobre todo, a los que urdieron todo un plan para apoderarse de tierras que ni eran agrícolas ni podían serlo jamás por su vocación y según las leyes nacionales e internacionales: los humedales son inadjudicables.

Si hablo a veces en pasado es porque el futuro de Matusagaratí es incierto. Aunque la resiliencia de un humedal es muy grande según los científicos, me pregunto si tras haberse desaguado en gran parte, haberse estado fumigando durante años, talado, quemado, matado su vida silvestre, desviado o taponado sus ríos… ¿cuántos años más puede seguir así sin morir completamente? Porque hay un punto de no retorno. Tristemente hay que decir que muchos humedales en el mundo han muerto así.

Creo pues que la clave para salvar el humedal está en ir al origen, a la raíz de cómo empezó esa destrucción y ver qué medidas deberían tomarse, y de si pueden o no tomarse ajustándose a la ley y a la defensa de la vida y la naturaleza.

Cómo empezó todo

Habría que situar el año 2007 como el inicio de la destrucción…una destrucción detectada y denunciada. Ahora está en boca de algunos que se hacen llamar empresarios, diputados, de abogados y hasta de algunos periodistas, clamar sobre la importancia de la “seguridad jurídica”. Pues bien, habría que recordar que fue en ese año que la ciudadanía empezó a poner las primeras denuncia por compraventa ilegal de tierras en el humedal Matusagaratí.  La primera ciudadana que denunció a ANAM la situación fue Martina Bejarano en octubre de 2007. En ella expresaba su preocupación ya que “una empresa está comprando la laguna de Matusagaratí…también piden la cédula para sacarle copia. También me han informado que la hectárea de la laguna la están comprando a 100 Balboas”.

La segunda denuncia la realizó la periodista y ambientalista Ligia Arreaga el 13 de noviembre de 2007 a la Fiscalía de Darién. En ella relata que “había recibido innumerables testimonios de campesinos próximos al humedal de que estaba entrando mucha gente a trochar cientos de hectáreas de tierras de la laguna y muchos lo hacían con agua al pecho o al cuello. Luego daban la fotocopia de su célula argumentando que eran dueños de esas supuestas tierras, vendiéndolas a colombianos y políticos, entre ellos Sixto Sanjur, alcalde de Pinogana y Matías Amores”, representante del corregimiento de Río Iglesias.

Así pues tenemos que en los primeros meses fueron informadas por las denuncias la Fiscalía de Darién y la Dirección de ANAM de Darién. ¿Qué pasó con la seguridad jurídica de los que denunciaron cuando empezó la ilegal compra-venta de tierras? ¿Qué pasó con esas denuncias de 2007? ¿Se quedó todo oculto en Darién y por la corrupción de los funcionarios locales no prosperó ninguna investigación, ni sanción, ni se pararon esas compraventas ilegales?

Un informe de técnicos de Áreas Protegidas y Cuencas Hidrográficas corrobora las denuncias

Las preguntas anteriores podrían dar a entender que la corrupción lo tapó todo. Sin embargo no es así. Siempre hay funcionarios que cumplen con su deber y se arriesgan a decir la verdad desde su profesión. Ese fue el caso de los técnicos que participaron en una gira realizada casi inmediatamente después de la primera denuncia.

Los licenciados Kelly de León, microbiólogo de Áreas Protegidas, junto a los Técnicos Ramiro Barría y Noé Vega, de Cuencas Hidrográficas, y tres guardaparques del área, recorrieron el 30 y 31 de octubre de 2007 la zona por encargo de la ANAM y escribieron el siguiente informe:
“Durante la gira sostuvimos conversaciones con algunos moradores de la comunidad de Lirial, quienes pidieron reserva de sus nombres, en que se nos comunicó:

1. Que en constantes ocasiones ven pasar grupos de personas por sus predios con la finalidad de llegar a la laguna para demarcar con trochas, parcelas que luego ponen a la venta a personas que, según ellos, cuentan con mucho dinero

2. Que en la Comunidad de Santa Librada se llevan a cabo reuniones con los intermediarios y los compradores de las tierras de la Laguna

3. Que los compradores ofrecen el 10% del valor total de la compra a los vendedores y el saldo cuando se consolide el negocio

4. Que ofrecen un monto de 100 B. por hectárea comprada…

Conclusiones:

1. Que en la gira realizada se pudo comprobar la ocupación e intervención de terrenos dentro de la Reserva Forestal Canglón (Laguna de Matusagaratí), lo cual contraviene las normas ambientales que la Protegen
2. Que como muestra del mayor humedal de agua existente se debe conservar tal y como está, para que así se pueda conservar la biodiversidad que allí habita, así como las fuentes hídricas que la alimentan…

Recomendaciones:

Además de realizar otra gira vía acuática…

1. Citar a los señores mencionados por los moradores del área protegida: Nicolás Huerta, Néstor Amores, Anel Gonzáles, Roberto Gonzáles, Roberto Marín, Octavio Vázquez, Francisco Rodriguez, para que rindan declaraciones como presuntos vendedores de tierras dentro de la Laguna Matusagaratí

2. Remitir el expediente a la agencia especializada en delitos contra el ambiente

3. Continuar con los trámites legales y administrativos para deslindar responsabilidades por las acciones ilegales detectadas.”

Sobran los comentarios. La Autoridad Nacional de Ambiente sabía perfectamente lo que ocurría desde 2007.

Se organizan los vecinos y se constituye el grupo ambientalista AMEDAR
 
Ante la pasividad absoluta de las autoridades, en particular de la ANAM, que no hacían nada para detener lo que se veía venir, los moradores se empezaron a organizar. El desfile de personas, atraídos por las falsas promesas de conseguir dinero fácil y plantones de palma aceitera, chocaba con el respeto y equilibrio que habían mantenido durante decenas de años los que convivían con la naturaleza de la Laguna. Sus propias tierras eran codiciadas y estaban bajo la presión de vender.

Al cabo de casi un año, en setiembre de 2008, una denuncia encabezada por el campesino Julio Daniel Vásquez a la Dirección de ANAM de Darién y firmada por nueve campesinos más, advierte “la venta de la laguna Matusagaratí porque sabemos que es un recurso natural del Estado y es agua para la gente del área, de las comunidades de la carretera panamericana y para la agricultura”. Dicen que les dieron su cédula y luego no les pagaron. Menciona como implicados a Juan Castillo y Anel González. Y terminan diciendo el firmante junto a los demás: “aclaro que no he vendido ninguna hectárea de la Laguna Matusagaratí porque me enteré que las lagunas, ríos y quebradas no se las puede vender porque son áreas restringidas y de beneficio general tanto para el ambiente como para las personas”.

En agosto de 2009 se constituye en el pueblo de Metetí la organización ambientalista y defensora de derechos humanos, Alianza por un Mejor Darién (AMEDAR), con personas de diversos corregimientos. Uno de los resultados de esa asociación es precisamente organizar la acción del conjunto de la provincia y adoptan un escrito que dirigen a la Asamblea Nacional. El escrito data del 12 de octubre de 2009, se dirige a la Comisión de Medio Ambiente, con copia a Áreas Protegidas. En él denuncian que “ninguna autoridad ha hecho nada respecto a las denuncias de 2007”. Lo firman el presidente de AMEDAR y el presidente de la Junta Comunal de Río Iglesias.

El 1 de diciembre de 2009 AMEDAR junto a representantes de más de cinco comunidades, envía una carta firmada donde dice que “conocedores de que se va a desarrollar un gran proyecto de CULTIVO DE ARROZ BAJO SISTEMA DE RIEGO por la empresa Agricultura y Servicios Panamá empresa AGSE SA, que cultivaría 2007 has….y que además ese proyecto empleará agroquímicos y otros elementos inorgánicos contaminantes…pedimos que toda la Laguna Matusagaratí y el humedal que la rodea sea declarada área protegida por el Estado panameño.” Esta carta la dirigen al Director Nacional de Áreas protegidas, Edgar Araúz, con copia a todas las autoridades de Darién (Geovanny de la Rosa-ANAM; Novel Castro-A.Protegidas; Maribel Peña-D.del Pueblo; Dorindo Moreno- Gobernador; Consejos de Chepigana y Pinogana, Comités de Agua).

Denunciar es peligroso

Muchos campesinos afectados por la rápida transformación del humedal, o engañados y estafados por su participación en el crimen del trochamiento y venta por los que actuaban como cerebros del plan de apoderarse del humedal, no se atrevían a hablar. El informe de los técnicos sólo refleja pálidamente el grado de temor que existía. No era para menos. Algunos de ellos se fueron de sus tierras bajo amenazas directas a la vida de su familia. Alguno apareció muerto, como el hijo de una de las denunciantes que apareció su caballo atado cerca del lugar de donde solía comprar y su cuerpo a kilómetros. Otro hombre que se resistió en no vender fue encontrado ahogado. Pero ni denuncias ni crímenes jamás fueron investigados ni esclarecidos.

Pero hay quizás un caso que ilustra mejor que ninguno lo ocurrido desde esos años.

Ligia Arreaga, periodista y portavoz de Alianza por un Mejor Darién, promotora de la organización y de las primeras denunciantes del 2007, dio un impulso a su primera denuncia el 10 de diciembre de 2009. En esta nueva denuncia presentó como prueba un documento llamado “CONTRATO DE CESIÓN DE TIERRAS, en el cual aparecen como compradores de tierras que se constituyen en los humedales que rodean la laguna MATURSAGARATÍ el colombiano José Javier Daza Pretelt y la panameña Elisabeth Fernández”. Añadía que desde que puso la denuncia de noviembre de 2007 debía haberse investigado y paralizada la venta. Por último que se estaba analizando en estos momentos un Estudio de Impacto Ambiental de categoría II para la siembra de arroz y que, de aprobarse, supondría un grave riesgo para la vida de la flora y la fauna de Matusagaratí así como para los acueductos de las comunidades próximas. Terminaba recomendando que se llamara a declarar al señor Matías Amores.

Según documentos probatorios, el colombiano Daza Pretelt era quien aportaba el dinero con el que se pagaba. Sixto Sanjur, Alcalde de Pinogana, estaba en conexión con Daza para la venta de tierras. Hacía de intermediario entre Daza y los campesinos y se quedaba con una sustancial suma. Subordinados suyos, como Anel González y otro llamado Juanipa, eran los que buscaban campesinos y cédulas para presentar a la autoridad de titulación de tierras –ANATI- “compras” de centenares de hectáreas de supuestas tierras que, en realidad, estaban bajo el agua.

No había pasado apenas una semana y ya el núcleo duro del proyecto de apoderamiento de Matusagaratí estaba planeando asesinar y hacer desaparecer a Ligia Arreaga. El crimen pudo abortarse gracias al arrepentimiento de uno de los sicarios quien, gravemente maltrecho por la golpiza, lo explicó a un sacerdote de Yaviza, quien avisó y escondió a la periodista. Los sicarios tenían cuatro días, del 24 al 27 de diciembre, para realizar la acción. Según el sacerdote que puso la denuncia estaban implicados más de seis hombres. Son nombres que se repiten una y otra vez en los testimonios. El sacerdote se marchó a otro país al cabo de un mes.

Siete años más tarde Ligia Arreaga ha tenido que salir de Panamá para no terminar como Berta Cáceres. Ni las denuncias que puso en 2009, ni en 2015, ni en 2016 le valieron para que fueran investigadas ni ella fuera protegida.

Funcionarios, políticos, supuestos empresarios : las “puertas giratorias” de la corrupción

Convertir tierras intitulables en titulables fue una operación compleja. En la transmutación para dar una apariencia de legalidad tenían que implicarse no una sino varias instituciones públicas: la autoridad del ambiente (ANAM), la Autoridad de Titulación de tierras o Reforma Agraria (ANATI), la Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP). La ANAM es la primera responsable y quien debía certificar en primer lugar a ANATI si eran tierras que reunían los requisitos para ser titulables o no.

El Director de la ANAM en Darién Edgar Pertuz, contesta el 19 de febrero de 2008 al funcionario de la oficina adjunta a la Fiscalía de Santá Fe que ”certifica que la Laguna Matusagaratí forma parte de la Reserva Forestal Canglón y además es un humedal”.

Sin embargo la titulación de tierras y su compra por la empresa AGSE SA siguió adelante. La fórmula que se encontró para saltarse la ley fue la de decir que “Matusagaratí no forma parte de ninguna área protegida”. Así el Ministerio de Desarrollo Agopecuario, la incluyó en el “Programa de Desarrollo Sostenible” de Darién.

El 20 de setiembre de 2011 el Administrador Regional de Darién de la ANAM, Félix Magallón, contestaba en una carta al requerimiento de Naydu Rudas, Jefa de Asesoría Legal: “2.La Laguna Matusagaratí en toda su extensión y como tal no está establecida como un área protegida de la ANAM ni Municipal. Dentro del listado de áreas protegidas de la ANAM no aparece como humedal protegido” Esta definición era matizada en el siguiente punto: “3. Alrededor del 50% de la superficie de la Laguna (según Mapa adjunto) está dentro de la Reserva Forestal Canglón…” Y respecto a la empresa: “En relación a la empresa AGSE SA está preparando partes de sus terrenos (que poseen títulos de propiedad) para efectuar un proyecto de cultivo de arroz para lo cual tiene aprobado el Estudio de Impacto Ambiental Nº 1ª-324-2010, aprobado mediante resolución de la ANAM el 14 de mayo de 2010. El área posee canales y está en preparación de terrenos para inicio de siembra. El área total de la Empresa es 7.000 hectáreas”. El crimen y los desagües ya estaban en marcha desde hacía dos años.

Reforma Agraria también debía haber parado el proceso. Y la Autoridad de Recursos Acuáticos. Todos visitaron el humedal-laguna y sus técnicos hicieron informes. El 23 de febrero de 2010 la Defensoría del Pueblo en Darién recibía una denuncia de AMEDAR en la que al final de denunciar la compraventa de tierras y peligro del proyecto de la empresa AGSE, solicitaba “a la Defensoría del Pueblo la deficiente y tardía actuación de los funcionarios públicos de Reforma Agraria, ANAM y ARAP a fin de salvaguardar los Derechos Humanos”.

Todas estas denuncias empezaban por recurrir a las instituciones de la provincia. Al cabo de unos meses, en vista de que no hacían el menor caso, se elevaban a nivel de la Dirección Nacional. En el plazo de tres años, entre noviembre de 2007 y diciembre de 2010 AMEDAR -a veces sola y otras veces acompañada de Juntas comunales- hace llegar sus denuncias sobre compraventa de tierras, desagües y proyecto de plantaciones que comportan tratamientos químicos en Matusagaratí, a las siguientes instituciones: Fiscalía del Ambiente de Darién; Asamblea Nacional de Diputados, Comisión de Ambiente; ANAM Darién; Diputado del distrito; Dirección Nacional de Áreas Protegidas;  Reforma Agraria de Darién; ARAP de Darién; Presidente Comisión Anticorrupción; Presidencia de la República; Procuradoría General de la Nación; Procuraduría de la Administración; Presidente de la Comisión Anticorrupción; Defensoría del Pueblo de Darién; Dirección General de la ANAM; Comité de Humedales de Panamá; Monseñor Pedro Hernández Cantarearo, Vicario de Darién.

Por arriba las principales instituciones sabían pues lo que ocurría. El pueblo panameño, en cambio, ni siquiera sabía de la existencia de Matusagaratí.

Funcionarios que participaron en la conspiración se convirtieron luego en políticos. Y luego empresarios. El nexo entre unos y otros era facilitado desde los que tenían mayor poder. Las “puertas giratorias” reforzaban el poder del grupo destructor inicial. Como ejemplo la Directora de ANAM en Darién en el periodo 2010 hasta 2012, Maria Sujey Blanco tuvo varios escándalos por tema de venta de madera de cocobolo, por instigar a colonos a invadir tierras del corredor biológico de la serranía del Bagre junto al político Milcíades Arauz. La denuncia de “corrupción de servidor público” por parte Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción a Blanco (primero por permitir a la empresa de teca GKM talar más de 27 hectáreas de bosque y luego por imponerle una multa ridícula) acabó con su carrera en ANAM. Pero luego esa mujer se propuso junto con Araúz como candidata a diputada por el CD.

Junto a Blanco trabajó la Asesora legal de la ANAM Zahilis Vega, quien también fue afectada por el caso de la tecalera. Salió de la institución y trabajó… ¡para la empresa de los colombianos AGSE SA! Luego con el gobierno Varela se introdujo de nuevo como Directora de ANATI en Darién hasta que, gracias a las denuncias de nuevos funcionarios ingresados en el Ministerio, fue sacada de la institución.

Sixto Sanjur fue Alcalde de Pinogana en ese periodo de corrupción. Para estar en mayor sintonía con el gobierno de turno se cambió del PRD al CD. Recordemos que Martinelli tuvo negocios con Daza Pretelt.  Tras la titulación de tierras Sanjur se ha quedado con importantes extensiones y con una cantera de piedra que, aunque es de baja calidad, consigue ser la elegida para la reparación de la carretera Panamericana.

El papel de abogados, fiscales y jueces

No habría corrupción ni impunidad en la sociedad si en ellas no estuvieran también implicados abogados, fiscales y jueces. Forman siempre parte del crimen organizado.
Después del primer intento de asesinato Ligia Arreaga tuvo protección de la policía durante cuatro días. En medio de ellos fue a poner la denuncia correspondiente a La Palma, capital de la provincia de Darién. Por ser la fecha cercana a Navidad el fiscal no estaba ya de servicio y se tuvo que ir sin poder tener la copia de la denuncia, por falta de firma. Cuál no fue la sorpresa cuando después de diez días que anduvo escondida, volvió a recoger la copia pero ésta… ¡había desaparecido! El Fiscal de Darién era el Lic. Omar Pitti.

Los dueños de la empresa AGSE Panamá SA y todos los demás implicados en la venta y destrucción del humedal tuvieron siempre como aliado el tiempo que le dieron abogados, fiscales y jueces. Ninguna denuncia paró su metódica devastación. Por más pruebas que aportó AMEDAR, como fotos, firmas de denuncias, cartas, informes de organismos oficiales contrarios a la desecación, al cambio de uso de las tierras, videos de campesinos que explicaban los fraudes y estafas, nada sirvió. Todas esas pruebas o fueron anuladas, o no presentadas, o no utilizadas. Soy testigo de pruebas que se entregaron a abogados del Centro de incidencia Ambiental CIAM que representan a AMEDAR. Pero es duro decir que no sabemos aún qué ha pasado esas pruebas, si se han utilizado o no.

La amplitud de la confabulación para la destrucción del humedal Matusagaratí se puede ver en la actuación de fiscales y jueces. La denuncia presentada por Ligia Arreaga en 2007 y luego ampliada en 2009 fue remitida por la Fiscalía General de Darién al Juez de Distrito en setiembre de 2010 con la propuesta de “Sobreseimiento provisional” pese a los testimonios que dieron campesinos en sus declaraciones al Fiscal, con nombres y apellidos de los que vendían la laguna, y que son citadas por el Fiscal Pitti.

Por ejemplo el señor Julio Saniel Barrias dice en dicho documento que “compró parte de la Laguna el señor José Javier Daza Pretelt, prácticamente colombiano con nacionalidad panameña, y ellos lo tienen todo devastado y hasta han prohibido la entrada y lo tienen todo lleno de equipo; y los que encabezan la venta de la Laguna de Matusagaratí son Anel González y cuando se declaró esto se metió el Alcalde Sixto Sanjur y un tal “Pollo”…también metieron a menores de 15 y 16 años…muchos vendieron tierras sin vivir en las áreas y muchos vinieron de fuera a vender esas tierras”…

También explica ese mismo documento que “Rinden declaración los señores Roger Raúl Coba Batista, Domingo Aparicio Ureña, Isabel Coba Quintero, Martina Bejarano García, José Félix Aparicio Ureña (a) Chefe, Luis Eduardo Vasquez Vega, Mathias Amores Arroyo y Ernesto Quintero (a) Néstor Baules, explican que los que están vendiendo estos terrenos son SIXTO SANJUR y un tal CHIQUIN, el documento se entregó en la casa de MATHIAS AMORES y el señor JAVIER DAZA le dio un dinero como obsequio porque estaban orillando la Laguna, es decir, que por cuidar la Laguna…el señor Daza compró esas tierras para sembrar palma aceitera”.

Con tales pruebas declaratorias e inculpatorias, narradas en el mismo documento, el Fiscal General Enrique Omar Pitti propuso…¡“sobreseimiento provisional”!! Esta actuación en otros países tiene un nombre: prevaricación. Pero la actuación del Fiscal se completa con la actuación del Juez adjunto de Darién, Lcdo. Carlos Barragán, quien, con todos estos antecedentes y declaraciones, sin investigar nada, deja dormir el caso durante tres años al cabo de los cuales… ¡¡SE INHIBE!! y lo declina al Juzgado de Pinogana, de ámbito inferior, en agosto de 2013.

O sea, de 2007 a 2013…sin hacer nada, dejando actuar a los criminales y destruyendo la naturaleza. Durante ese tiempo la empresa AGSE Panamá SA realizó canales de desagüe, taponó ríos y quebradas, desvió cursos de otros, fumigó, y secó tanto el humedal y la laguna que en 2015 y 2016 ha habido las sequías más intensas en años, lo que ha conllevado declarar la emergencia por falta de agua en La Palma y poblaciones de alrededor, así como la salinización de pozos y fuentes.

En 2014 AMEDAR presentó a través de abogados del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) una nueva denuncia: “Desde el año 2007 en el Humedal Matusagaratí…se está destruyendo, degradando, a causa del desagüe o desecación de forma intencionada, por acciones humanas. En el área se evidencia movimiento de tierras, cambios de uso de suelo, tala, cacería ilegal, vertidos agroquímicos, riesgo y/o daño a especies acuáticas por envenenamiento de agroquímicos, destrucción de vida silvestre, algunas amenazadas y/o protegidas y/o en peligro de extinción protegidos por normas nacionales y convenios internacionales ratificados en Panamá”.

En una entrevista de TVN del 26 de abril del año pasado, la periodista Castalia Pascual pregunta al empresario Francisco Hurtado acerca de los canales de desagüe. Y Hurtado y su abogado repiten una y otra vez que ellos no están en la laguna pues no hay agua en sus tierras, que “el agua está a 20 ó 25 kilómetros”. Esto es como una profecía autocumplida: como desaguaron la laguna por más de 7 años, ahora ya no hay casi agua, ni el humedal parece humedal. El tiempo que ha transcurrido sin hacer justicia se ha convertido en el principal aliado de los criminales.

“Matusagaratí, Refugio de vida silvestre”: ¿será de verdad?

He intentado ofrecer un resumen de cómo empezó la destrucción del humedal Matusagaratí para que se vea la relación que tiene con la actualidad. Los dos gobiernos anteriores de Panamá guardaron silencio ante la destrucción de Matusagaratí. No lo digo yo, lo dice el “Diagnóstico Socio Ambiental Matusagaratí” de mayo 2015, encargado por el gobierno Varela a los institutos CREHO, CEASPA y ACD (pág. 54):

“En el mapa elaborado por el estudio se observa una multiplicidad de predios superpuestos entre Yaviza y la zona del polígono, internándose en ella. Ello confirmaría los comentarios que indican que durante los tres últimos gobiernos, en particular el último, buena parte de las tierras en la zona y otras áreas, han sido parceladas y vendidas con el programa de titulación de tierras. La impresión que se tiene en la zona es que gran parte de la laguna ya está bajo propiedad particular. Será necesaria una revisión completa de la tenencia real, fuesen títulos de propiedad o derechos posesorios. Se aduce que en la propuesta de titulaciones, hubo muchos pseudo propietarios que se adelantaron para adquirir títulos o prestanombres en beneficio de terceros.”

Al final de la página incluye parte de otro análisis, del proyecto “Desarrollo Sostenible” de 2011, en el que se dice: “existe el riesgo que parte de la tierra titulable en Darién quede en manos de personas externas a la provincia”. Desgraciadamente esto es lo que está pasando.
La acumulación de pruebas es evidente. Todas concuerdan. En las denuncias salen una y otra vez las mismas personas implicadas. Pero ¿es acaso una confabulación de un grupo que quiere desprestigiar a una empresa, a unos empresarios, o a determinados políticos? Eso es lo que dicen los representantes de AGSE Panamá, apuntando hacia AMEDAR.

Pero la verdad es la real y verdadera confabulación que existe: una estrecha asociación entre políticos panameños y  “empresarios” colombianos. Ellos sí actúan como lobby, como grupo de presión hacia el gobierno, en defensa de sus exclusivos intereses. Son una asociación que actúa en la sombra (aunque con descaro). Son quienes logran tumbar proyectos o leyes protectoras del ambiente porque les impiden o minimizan sus negocios destructivos.

Un ejemplo de cómo se concreta ese grupo de presión en la sombra es la manera en que se está actuando ante la propuesta de crear el área protegida “Refugio de vida silvestre de Matusagaratí”. En la consulta pública celebrada el pasado 12 de abril de 2016 todas las voces (excepto una) se pronunciaron a favor de la creación y del mapa que incorporaba las tierras desaguadas de AGSE Panamá. Aunque el empresario Francisco Hurtado declinó su asistencia fue el Representante político de Río Iglesias, Martín Alvarado, quien defendió punto por punto todas las tesis de la empresa. Pero no contestó la pregunta que se le hizo sobre si los canales desaguaban la laguna o, por el contrario, aportaban agua al arrozal. Fue el Director del Ministerio de Ambiente, Hermel López, quien contestó, ratificando que eran canales de desagüe. Francisco Hurtado no acudió pues sabía que no tenía un terreno favorable. Todas las personas se manifestaron muy críticas con las actuaciones de AGSE Panamá y con la corrupción de ANAM, de las autoridades y gobiernos.

Pero he aquí que el día de poner en marcha el Edicto que iniciaba la creación de área, éste desaparece de la página web del Ministerio de Ambiente a las pocas horas. ¿Era legal echar atrás un proceso ya iniciado? ¿Era legal desconsiderar la casi unánime opinión de la consulta pública donde intervinieron representantes de la mayor parte de asociaciones ambientalistas, campesinos, pescadores, profesores, estudiantes, universidad ISAE, gobernador?  ¿Por qué desapareció ese edicto?

Los hechos son los que mejor responden. Tras esa consulta que había demostrado el verdadero sentir del pueblo darienita y sus ansias de salvar el humedal Matusagaratí, se redobló la presión hacia el gobierno por parte de los destructores de Matusagratí. Vinieron entrevistas con medios de comunicación en las que se presentaban como “víctimas”.  Vinieron visitas a Ministros, a Diputados, funcionarios. Y algunos recibieron amenazas.

Aparecieron noticias en medios escritos, electrónicos, televisivos, sobre su “victoria” judicial ante una de las denuncias de AMEDAR por desagüe de la laguna y mortandad de peces por fumigación. Ya hemos hablado antes del papel destacado de complicidad de los jueces: aquí el juez suplente Orlando Henríquez Sánchez consideró que no se produjo ningún daño ecológico al evaluar el expediente a pesar de que aparecieron millares de peces muertos en el río Tuira, “como nubes de plata que no se veía su fin” en palabras de los pescadores, ni que la desecación produjo ya la salinización de algunos ríos y pozos. La denuncia la puso AMEDAR en 2013; la vista se hizo en 2015. ¿Qué pruebas de la fumigación se podían encontrar?

En agosto de 2016 dimite el Director de áreas Protegidas, Samuel Valdés. ¿Cuál fue el motivo de tan grave decisión precisamente en el momento que se estaba creando una de las áreas protegidas más importantes? La conclusión no puede ser otra que las presiones de AGSE. En octubre de 2016 el Ministerio de Ambiente presentó una nueva propuesta e hizo una segunda consulta ciudadana. En esta propuesta había variado considerablemente el mapa: se le restaban más de 11.000 hectáreas al área protegida: precisamente tierras que se ha apoderado AGSE Panamá. O sea, lo que Francisco Hurtado había defendido en una entrevista en TVN. Esta vez, Hurtado sí que se presentó a la segunda consulta. Pero a pesar de llevar sus apoyos, la asamblea se abalanzó contra tal nueva propuesta del Ministerio y contra el colombiano, acusándolo de intentar asesinar a la ambientalista y periodista Ligia Arreaga por su defensa del humedal y denuncia del negociado de tierras, hasta el punto que tuvo que contestar que él no sabía nada.

El grupo de presión de los destructores de Matusagaratí ha seguido trabajando entre bambalinas. En la Asamblea Nacional cuentan con aliados de su condición, defensores de los monocultivos, de la palma aceitera, y de más cosas. Como el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Raúl Pineda. Este diputado ha sido señalado en diversas ocasiones por los medios de comunicación por aparecer envuelto -sin estar nunca condenado- en casos de droga, atentados y compra de votos.

El 27 de diciembre de 2016 la Comisión Agropecuaria se reunió para tratar dos temas: las ayudas a los productores de palma aceitera de Barú y… las ayudas a los productores de palma aceitera Matusagaratí. En el segundo punto, Matusagaratí, estaba convocada la Ministra de Ambiente, Mirei Endara, a una sesión donde todo estaba previsto para atacarla por la prevista creación del área protegida de Matusagaratí “refugio de vida silvestre”.

Las intervenciones de los diputados no dejaron lugar a dudas que ellos se posicionaban al lado de la empresa AGSE.  Acusando a la Ministra de “ofender” al colombiano por estar a favor del humedal, Pineda retó al gobierno a que demostrara la ilegalidad de la apropiación de las tierras: “El que cometa un delito que se le ponga la denuncia y que se le atienda con las autoridades pero no podemos decir durante tres años que es usted corrupto y ya pasó tres años y no le han puesto una denuncia.” La cerecita de ese apoyo fue la propuesta de que la ley para apoyar los productores de palma aceitera para hacer frente a la plaga de la “Flecha seca” sea nacional, no sólo de Barú, y sea también para Darién. Es decir, un apoyo a fondo a los que destruyen, fumigan y desaguan Matusagaratí para plantar palma aceitera.  

Último capítulo: la propiedad mal habida debe volver al Estado

Todo el entramado de intereses, de complicidades, de corrupción de funcionarios, jueces, fiscales, abogados, políticos, de asesinatos, de robos, de delincuencia paralela con drogas que ha envuelto el caso Matusagaratí…tiene un origen: el apoderamiento ilegal de las tierras del humedal. Los colombianos eran tan conscientes de que su intentona podía salir mal si no colaboraban todos los políticos e instituciones implicadas, que en el llamado Contrato de cesión de tierras introducen una cláusula para no pagar el restante 90%:”su efectividad (del pago completo al campesino) está condicionada a la adquisición del título de propiedad por parte de los cesionarios”.

El origen del dinero de los colombianos está claro. Hombres con mucho dinero, como Daza Pretelt, habían reunido capital gracias al narcotráfico y al robo de tierras en Colombia y muchos de ellos fueron juzgados ya en su país. Hay que recordar que Daza tuvo negocios directos con Martinelli. Algunos políticos denunciados, como Sixto Sanjur, se pasaron del PRD al CD de Martinelli.

La invasión del dinero sucio para lavarlo ha traído muchos males a Panamá y a Darién. Pero cuando las propiedades así adquiridas, que no son apartamentos de lujo, ni yates, ni empresas, sino tierras de humedal, del principal humedal de agua dulce de Panamá, entonces el crimen es todavía mucho mayor. Afecta la vida presente del ecosistema, de la vida animal y vegetal, distorsiona y pudre la vida social y, sobre todo, prepara la miseria y la muerte para las futuras generaciones. Sin agua no  habrá vida.

El gobierno Varela está entre la espada y la pared.  Como se ha visto con el caso de los “Panama Papers” todo intento de poner transparencia es mal visto en las esferas más corruptas del poder, calificado de “ataque a Panamá”. Pero a la vez el gobierno tiene que rendir cuentas ante la comunidad internacional y los Estados con los que comercia. Y no puede firmar tratados en París de defensa del ambiente y luego dejar que su principal humedal sea desaguado y destruido.

La contradicción se manifiesta en el propio documento de propuesta que presentó el Ministerio de Ambiente en octubre, titulado “Estudio Técnico Justificativo”. En él dice (pág. 58): “De acuerdo a información suministrada por ANATI… gran parte de las tierras del humedal han sido parceladas y vendidas, pese a que la Constitución de la República indica que aguas lacustres y esteros, así como sus riberas son de uso público y no pueden ser sujeto de apropiación privada”. ¿Entonces?
Esa es la cuestión: no puede por más tiempo dejar que las tierras del humedal sean sujeto de apropiación privada. El Estado, y el gobierno como su representación, deberían reapropiárselas y sancionar a aquellos que conspiraron para apoderarse de ellas con todo el peso de la ley.

Todos los funcionarios que participaron en tal plan, en la medida que sea, deberían ser inmediatamente cesados y enjuiciados. Además no deberían poder ir a trabajar a empresas privadas con las que mantuvieron relación durante su etapa de funcionarios. Y los cerebros que planificaron desde el principio todos los pasos y crearon el grupo de presión, deberían pagar con cárcel y con sus bienes para contribuir a restaurar más rápidamente la vida del gran humedal Matusagaratí.

La conspiración se puede resumir así: colombianos con mucho dinero procedente de negocios sucios necesitaban invertir en Panamá para lavar ese dinero. Darién era la zona de expansión natural de sus negocios después de hacer lo mismo en el Chocó, en la vecina Colombia. Contactaron con políticos de Darién. Estos pidieron información a funcionarios de Reforma Agraria y de la Autoridad del Ambiente. A partir de ahí se tramó el plan y conpincharon a algunos campesinos y a interioranos que se prestaron a dar sus cédulas para titulaciones falsas (prestanombres).

AMEDAR ha aportado pruebas suficientes de testimonios -y algunos de sus miembros han arriesgado su vida por ello- como para que la justicia actúe. Hemos dado nombres. Tenemos videos de testigos, de afectados, de personas robadas y estafadas. Tenemos documentos probatorios. Los hemos aportado. Los podemos volver a aportar, si hace falta. Lo mostrado aquí no es más que una pequeñísima parte. ¿Qué más hace falta para que se haga justicia sobre Matusagaratí y las tierras del humedal vuelvan al Estado?

Lo más importante ahora: devolver las tierras al Estado es el primer paso obligatorio para iniciar ya la protección integral. Esa es la única posibilidad que tiene Matusagaratí de sobrevivir y recuperarse.

Alfons Bech
Ambientalista, miembro de AMEDAR

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