Cada informe de gobierno derrocha autocomplacencia e incapacidad crítica. El informe del 14 de enero, el primer año de gestión del Frente de Convergencia Nacional, no es la excepción. El ejercicio remite a un ritual y una foto fija, donde nada se mueve, el Gobierno está pero no se le espera y el Estado no ejerce su papel rector.

Frente a esta imagen estática y photoshopeada, la percepción es de crisis sin retorno. En primer lugar, crisis de este gobierno, constituido como gobierno transitorio: pendiente de un hilo, apto apenas para sostener la inercia de la administración (del Estado, de los negocios, de los nichos diversos de poder y corrupción) mientras se apresuran nuevos acuerdos y pactos.

En segundo lugar, la percepción política (la política se construye con percepciones) apunta a la crisis terminal del actual Estado, también transitorio, cuestionado desde fuera y desde dentro.

De afuera hacia dentro, las visiones, dinámicas y propuestas de las comunidades se contraponen a un Estado construido desdearriba-paralaselites y reclaman una nueva organización social. La resistencia a proyectos extractivos, las demandas para la retirada de empresas y el resarcimiento por daños cometidos (Barillas, ríos Oxec y Cahabón), la solicitud del fin del monocultivo en Champerico, las denuncias por delito ambiental en el desvío y apropiación de ríos (Madre Vieja, Sis, Pacayá, Mopán, Coyolate, Pojom…) los juicios por violencia sexual y genocidio, entre otras muchas acciones recientes, impugnan en lo inmediato el poder constituido. El Estado y el modelo político desarrollado sin participación de pueblos y comunidades hace aguas.

Desde adentro, los desacuerdos entre sectores de poder (transnacionales, Estados Unidos, sectores reformistas, economía y actores tradicionales vs. economía criminal y emergente, partidos políticos, clases medias descontentas) pesan hoy tanto como los acuerdos. Las diferencias y disputas abiertas de elites se expresan en hechos como las reformas al sector justicia y los procesos judiciales para depurar la Corte Suprema de Justicia y el Congreso (en general los ritmos y las prioridades de las acciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad) el juicio contra el alcalde Álvaro Arzú, la disputa alrededor de la Terminal de Contenedores Quetzal, la depuración del Congreso, la captura del hermano del Presidente…

La hipótesis rupturista

La crisis implica cambios y rupturas. El futuro es ahora indeterminado e imprevisible: todo menos estático y predeterminado. Las luchas populares y las disputas internas debilitan el pacto intraelitario del 85 y por tanto la Constitución vigente. En la transición de lo viejo que no sirve pero todavía no encuentra sustituto, la Carta Magna actual, fruto de otro contexto, empieza a ser modificada (reformas al sector justicia) y cuestionada.

Las líneas y actores en intensa disputa se marcan con claridad, no así la definición de esta disputa: 1) reformas controladas que no cuestionen el modelo de acumulación; 2) continuidad sin reformas; 3) transformaciones estructurales. Las dos primeras coinciden en la defensa del neoliberalismo extractivista, el poder transnacional y una democracia con derechos limitados para los pueblos (autodeterminación) y difieren en la necesidad de reformas políticas; la primera y la tercera comparten una ruta de reformas inmediatas de carácter político, pero discrepan en la crítica al extractivismo y la propuesta de fundación de un nuevo Estado.

No se puede soslayar la fuerza de los sectores criminales y corporaciones en la conducción del Estado, que no logra ir más allá de un ejercicio personalista, individualista, violento y caprichoso del poder: nada nuevo bajo el sol de la institucionalidad. Aun así, avanza la hipótesis rupturista, es decir, el convencimiento de que solamente a partir de grandes transformaciones y nuevos pactos sociales desde abajo se puede solucionar la crisis actual.

¿Estamos hoy más lejos de la ruptura que durante las movilizaciones masivas que provocaron la caída del gobierno de Otto Pérez Molina? En mi opinión ni más lejos ni más cerca, sino de otra forma. Las movilizaciones de 2015 tuvieron la virtud de su carácter masivo, intersectorial e interclasista, y la debilidad de su dispersión de objetivos. Las movilizaciones actuales son menos frecuentes y numerosas, pero crecen en la claridad de que el problema no es el gobierno, sino el modelo de estado y de sociedad. En cualquier caso, el punto de llegada no será el mismo que el punto desde el que estamos partiendo: no hay boleto de retorno para el viejo orden.

Pueblos y comunidades: el desborde de la imaginación política

Las movilizaciones populares desbordan las fronteras políticas tradicionales. Frente al pragmatismo, la resignación, la aceptación, la invariabilidad (de leyes, instituciones, símbolos, prácticas políticas) la acción colectiva desafía hoy el Estado, como símbolo de continuidad, las formas de ejercicio del poder y los actores predominantes.

El régimen actual se enroca, los medios políticos y la política mediática invisibilizan las propuestas de los pueblos y no dejan que la realidad estropee algunos (¿buenos?) análisis y balances. Pero en el debate popular están presentes categorías políticas como lo común, la autodeterminación, la soberanía, el derecho de decisión en los territorios, la defensa y cuidado de la vida. Sectores de comunidades y pueblos organizados proponen en foros, asambleas, reuniones, documentos, libros, la transformación-refundación-fundación de un nuevo Estado y un nuevo modelo de vida, con asidero en demandas históricas y en la coyuntura inmediata.

El mensaje invita al dinamismo, de acción y de reflexión, no al estancamiento ni a la involución: la crisis solo se resuelve con la sustitución del Estado actual, fruto de un pacto de elites, por otro modelo de organización surgido de la decisión y el consenso popular.

18 de enero de 2017

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