Desde la revolución verde hasta nuestros días hemos visto la capacidad de expansión y desarrollo de la agricultura industrial y los negocios que mueve. Para alcanzar las cotas actuales se ha trabajado a fondo. A base de tratados de libre comercio se ha conseguido abolir cualquier frontera en favor del comercio agrícola, aunque sean transacciones innecesarias, insostenibles e ilógicas. Con los llamados ajustes estructurales se han desmantelado los sistemas agrarios nacionales aunque ello representara vulnerabilidad alimentaria para muchos territorios y sus correspondientes crisis. A partir de técnicas agrarias –como los transgénicos– y de leyes en favor de la privatización de las semillas, este mercado está concentrado en proporciones impensables, generando una inmensa pérdida de biodiversidad cultivada. De la misma manera se ha ido acaparando en muy pocas manos grandes extensiones de tierra fértil, junto con el agua de riego, que son la base del crecimiento de monocultivos –como la soja o la palma africana– que compiten ventajosamente frente a otros más necesarios. Y como estamos viendo en estos años, otro elemento fundamental para los negocios agrarios es asegurarse el control de la información sobre el clima, como pretenden desde Monsanto a John Deere.

Pero les queda una piedra en el zapato. La agricultura siempre acaba requiriendo mano de obra y trabajo de campo, aunque tecnológicamente pueda minimizarse y, siguiendo los mismos patrones descritos, ya estamos observando una verdadera carrera de las grandes transnacionales por ‘adueñarse’ del mayor número posible de campesinas y campesinos. Vendría a ser una suerte de acaparamiento de personas.

Siglos atrás esta necesidad se resolvía en forma de esclavismo agrario, unas maneras inhumanas que permitieron a las corporaciones de las metrópolis las grandes cosechas de productos de exportación como el azúcar, el caucho o los bananos. Ahora todo es, simplemente, más sutil. En Catalunya, donde yo vivo, conocemos bien la fórmula de la ganadería de integración, donde la implementación de modelos muy intensivos de engorde de cerdos y aves, con niveles de genética muy específicos, comporta que los otrora ganaderos independientes en sus propias fincas ahora son simples operarios de una cadena de montaje. Las compañías para las que trabajan les suministran los lechones o pollitos, les asignan un veterinario para que controle todo el proceso, les hacen comprar su pienso y su medicación y, finalmente, están obligados a vender a los animales engordados a la misma empresa. Súbditos en tiempos modernos.

Esta es una de las modalidades que podemos agrupar bajo el nombre de agricultura de contrato, que cada vez gana más presencia en todo el mundo y que desde instituciones como la FAO bendicen, pues dicen que evita riesgos para las y los agricultores. Es el caso también del programa Nueva Visión para la Agricultura, impulsado desde 2009 por el Foro Económico Mundial que, como explica el reciente informe de la fundación Grain, es una colaboración entre gobiernos y algunas de las compañías trasnacionales productoras de alimentos más grandes del mundo, como Nestlé, Pepsico, Cargill o Unilever, para implementar proyectos en África, América Latina y Asia que potencian la producción de un número pequeño de cultivos de alto valor comercial. El papel de los gobiernos y sus agencias públicas es convencer a las organizaciones campesinas para sumarse a estos programas e incluso apoyan económicamente la construcción de invernaderos, infraestructura de alta tecnología, semillas híbridas o agrotóxicos de las compañías en cuestión.

Es decir, le llaman Nueva Visión pero es un viejo paradigma. Logrando que las y los agricultores firmen contratos de exclusividad con ellas, las corporaciones ganan un mercado seguro y aseguran un abastecimiento de la materia prima que necesitan para la elaboración de sus alimentos procesados sin hundir, en ningún momento, las manos en la tierra.

Para las corporaciones sí que es un escenario seguro y será cada vez más habitual. De hecho aquí en México el programa Nueva Visión para el Desarrollo Agroalimentario se conoce como Vida y ya está en marcha con la participación de 40 compañías privadas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la parte pública. Según la información actual manifiesta tener 85 mil agricultores y agricultoras participantes en todo México, pero aspira a contar con la participación de 600 mil el próximo 2018.

A escala mundial, en los próximos tres a cinco años, se espera que formen parte de esta legión de agricultores esposados a compañías multinacionales un total de casi 10 millones de personas.

Imaginen en las granjas, los prados, los pueblos a todas sus gentes campesinas con el mismo logotipo en su indumentaria. Imaginen.

- Gustavo Duch Guillot es autor de Alimentos bajo sospecha y coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

http://gustavoduch.wordpress.com/

Publicado en La Jornada de México, 4 de febrero de 2017