Dirigentes agrupados en el Movimiento Indígena Nacional (MIN) y otras organizaciones, acusaron a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), acantonada en la costa de Michoacán, de la desaparición forzada de nahuas de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, en la madrugada del pasado domingo.

Según la información de habitantes de Ostula, un grupo de Marinos detuvieron a 5 comunitarios en San Pedro Naranjestil, Aquila y los entregaron, señalan, al grupo de Los Templarios.

De acuerdo con el Portal Sin Embargo, los marinos los confirieron a una célula de los Caballeros Templarios, quienes, para liberar a las víctimas, exigieron retirar la vigilancia de la base de seguridad que existe en la población de Tizupan y entregar sus armas, de lo contrario, indicaron, serían ejecutados. La versión es sostenida por el Alcalde de Aquila, pero la Secretaría de Seguridad del estado informó que la Semar negó tal detención.

Los nahuas son Abigail Farías Fernan, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia detenidos en un operativo encabezado por marinos en el filtro de seguridad de Tizupa, en Aquila.

La acusación de los pobladores, es respaldado por el Alcalde de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, quien denunció el secuestro de los policías ante la Fiscalía General del Estado (FGE). El edil señaló que los cinco uniformados fueron sorprendidos a las 3:30 horas del domingo en la base policial de la comunidad de Tizupan por un comando armado que portaba uniformes de camuflaje y dos camionetas similares a las de la Marina.

Arteaga envió una carta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, en la que le solicita su apoyo para rescatar a los cinco policías que están privados de su libertad.

El munícipe refiere que los comunitarios fueron detenidos por gente vestida con uniformes de la Marina y señala que un líder delincuencial se comunicó vía telefónica con ellos para decir que él tenía a los agentes y los mataría si no retiraban la vigilancia de la base de seguridad que existen en la población de Tizupan.

La agresión de las fuerzas armadas así como de los grupos del crimen organizado es una constante en las comunidades indígenas que mantienen una férrea defensa de sus territorios y recursos naturales.

Esta acción generó una indignación entre pueblos indígenas de México quienes responsabilizan al gobierno federal por “la manera vil y cobarde con que fueron sujetos los hermanos policías indígenas, ya que los miembros de la Marina fueron los que detuvieron a nuestros hermanos y luego entregados al crimen organizado”.

Pascual de Jesús del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), confirmó que alrededor de las 3.30 am del domingo 5 de febrero, los cinco integrantes de la policía comunitaria, fueron privados de su libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 en el retén de San Pedro Naranjestil, Aquila, a la altura de Tizupan y entregados posteriormente al crimen organizado.

El MIN, la coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, el MULT, Anipa Quintana Roo, indígenas de Baja California, Yucatán, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Querétaro, exigieron al presidente de México Enrique Peña Nieto y al gobernador Silvano Aureoles Conejo, resuelvan este caso, de lo contrario, advierten, “no nos haremos responsables de los sucesos o enfrentamientos que se puedan dar en ese territorio, pero también en otras regiones indígenas del estado y del país”.

En tanto, la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, bloquea la carretera federal 200 con apoyo de otras localidades de la región Costa-Sierra de Michoacán para exigir la liberación de los policías comunitarios.

Por todo México, se condena el hecho de la colusión entre los cuerpos castrenses del Estado, en este caso de la Marina y el crimen organizado, para hostigar y amenazar gravemente a las comunidades en resistencia.

Según portales informativos no es la primera vez que los indígenas de Aquila son hostigados por las fuerzas armadas. El 15 de noviembre de 2016, “se alertó a las autoridades federales y estatales de la situación de violencia generalizada hacia el pueblo nahua de la región, quienes viven en constante amenaza y vulnerabilidad a la integridad persona y vida en la región”.

Organismos de derechos humanos, recordaron que el pasado 29 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Semar, así como al gobierno de Michoacán, “por uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores de Santa María Ostula”.

En la recomendación 65/2016, las investigaciones de la CNDH determinaron que en un operativo conjunto de fecha 19 de julio de 2015 entre marinos, soldados, policías federales y estatales, 15 soldados del 65 Batallón de Infantería dispararon contra la población civil, provocando la muerte de un niño y lesiones a al menos 10 personas.

El operativo policiaco-militar pretendía acallar las protestas de habitantes de Ostula que se movilizaron para evitar la detención de su líder, Semeí Verdía Zepeda, y otros policías comunitarios.

De acuerdo con información divulgada por los participantes de la Asamblea de comuneros, integrantes del crimen organizado a quienes los marinos entregaron a los policías indígenas, exigen la entrega de 21 armas y que se disuelva el retén que tiene la policía comunitaria en la carretera costera. De lo contrario, se ejecutaría a los cinco cautivos.

Fuente: AIPIN