Propuesta de estrategia para construir la paz territorial: enfoque sistémico para el desarrollo integral comunitario y territorial, promoción y defensa de los derechos humanos, reparación integral a las víctimas y paso a la vida civil y legal de los guerrilleros de las FARC.

Las soluciones se dan en los territorios. Articulación de víctimas, ex guerrilleros, sociedad civil e instituciones públicas, en planes, programas y proyectos concurrentes con enfoque sistémico. Algunos antecedentes nacionales e internacionales. La economía solidaria y la construcción de la paz territorial. Asociaciones de economía solidaria para el desarrollo local y regional. El Programa de Gobernabilidad Territorial USAID-DNP

Refrendación del Acuerdo de Paz: El plebiscito

Después de 5 años de negociaciones políticas, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, firmaron el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de la Paz estable y duradera.

Sin embargo, este Acuerdo resultó derrotado por una ínfima diferencia de menos del 0.5% de los votos, en el plebiscito del 2 de octubre, al que fue sometido como mecanismo de refrendación popular. Por este motivo deberá producirse un nuevo acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, que incorpore o clarifique, mediante un protocolo complementario, las objeciones de los grupos que apoyaron el NO, que sean aceptadas por el Gobierno Nacional y que éste haya considerado como viables para presentarlas a las FARC-EP para su discusión.

Con el nuevo ambiente político internacional y nacional, generado a partir del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al Presidente Santos, por sus esfuerzos para terminar la guerra y crear condiciones favorables para construir la Paz en Colombia, la sociedad colombiana despejará el camino a las reformas político-jurídicas y económico-sociales necesarias para avanzar hacia la construcción de una paz firme y duradera. El Estado colombiano y las FARC, deberán cumplir integralmente los acuerdos a que lleguen, pero para ello, el aporte del conjunto de la sociedad colombiana será fundamental. Queda pendiente por ahora, el inicio de las negociaciones de paz con el ELN y su positivo desenlace.

Las partes firmantes, la ONU y la CELAC, con participación de la sociedad civil, harán el monitoreo al cumplimiento de los acuerdos.

El Estado otorgará plenas garantías y seguridad a la oposición radical para que pueda participar en política: sin armas y con pleno respeto a los Derechos Humanos y ciudadanos. Esto creará condiciones favorables para que los conflictos y problemáticas económicos y sociales acumulados durante más de cinco siglos, pero exacerbados exponencialmente durante los últimos 30 años a partir del exterminio de la Unión Patriótica, puedan ser resueltos de manera progresiva por las vías políticas; con métodos pacíficos y por medio del trabajo.

Será necesario avanzar hacia una verdadera democratización de la sociedad colombiana, para avanzar: de la limitada y excluyente democracia representativa, hacia una amplia e incluyente democracia participativa con descentralización administrativa territorial.

Problemas como la pobreza extrema y el desempleo, las graves deficiencias en la prestación de servicios públicos: agua y alcantarillado, energía eléctrica, salud y educación, recreación y deportes; la falta de acceso a los alimentos, el déficit de vivienda, etc., son resultado de varios procesos concurrentes. Entre ellos destacan: el sistema colonial de tres siglos de duración, la división internacional capitalista del trabajo y nuestra dependencia de los países industrializados,  los cuales nos condenaron a producir y exportar las materias primas que demandan los países centrales y a importar sus manufacturas y productos industriales.

En la situación que hoy padecemos, tienen una alta dosis de responsabilidad la aplicación de políticas económicas y sociales equivocadas, impuestas a toda la sociedad con apoyo en la violencia. Resultado: desigualdad social y desequilibrios territoriales; pobreza y miseria extrema; discriminación social, racial, cultural y de genero; concentración de la riqueza, la propiedad y los ingresos en pocas personas; exclusión de las mayorías de las posibilidades de una vida digna y gratificante. Esto ha hecho que, para sobrevivir, muchas personas hayan optado por vincularse a la economía informal, a actividades no productivas o parasitarias, o a cualquiera de las fuerzas en confrontación armada: policía, fuerzas armadas u organismos de seguridad del Estado; delincuencia común y organizada, o a la subversión revolucionaria contra el sistema.

Las soluciones se dan en los territorios

Estos graves problemas solo pueden ser resueltos de manera concreta en cada uno de los territorios del país, teniendo en cuenta sus particularidades naturales, económicas, sociales y culturales; y esto tiene que hacerse, a partir de la acción organizada, consciente y complementaria de los sujetos sociales que padecen tal situación y contando con el apoyo del Estado y de los sectores sociales más organizados y políticamente avanzados.

Se requiere:

1. La formulación y articulación de acertadas políticas públicas en los ámbitos nacional e internacional, regional y local.

2. La voluntad política y capacidad de gestión, no solo del gobierno nacional, sino también de los Alcaldes y Gobernadores, que tienen bajo su responsabilidad el gobierno en los territorios.

3. El compromiso y eficiencia de los servidores públicos que están bajo su dirección.

4. Una correcta valoración de los problemas, capacidades, potencialidades y recursos de todo tipo disponibles, incluidos los ambientales y territoriales.

5. La organización para el trabajo de la población económicamente activa, en cadenas y redes socio-económicas en las cuales se articulen diversas tecnologías, formas de propiedad y de asociación con prioridad en la economía solidaria, así como diversas escalas de producción, procurando la más justa distribución de los ingresos y la riqueza generada.

6. La participación en las decisiones fundamentales, de los grupos y movimientos sociales con presencia en los diversos territorios, lo cual debe expresarse en los Consejos Locales de Planificación y otras instancias de participación ciudadana.

7. Caracterizar correctamente y tener en cuenta la naturaleza, contradicciones e influencia de los diversos poderes que actúan en cada territorio.

Articulación de víctimas, ex guerrilleros, sociedad civil e instituciones públicas, en planes, programas y proyectos concurrentes con enfoque sistémico

Las víctimas del conflicto, estimadas en 8 millones de personas, la mayor parte ubicadas en los territorios rurales, pero una parte importante de ellas despojadas y desplazadas en condiciones precarias a las ciudades, deberán ser sujetos del reconocimiento y reparación integral, individual y colectiva por parte del Estado y sus victimarios. Se tendrán que crear las garantías de no repetición y la reparación deberá hacerse de manera planificada, abarcando lo rural y lo urbano en sus dinámicas vinculantes.

La voluntad política de las FARC y su compromiso de dejar las armas para pasar a la vida civil y legal, tendrá que ser apoyada y reforzada con la creación de condiciones favorables para que sus integrantes puedan hacer política, y vivir y trabajar en paz.

Las comunidades, sumidas en el abandono, la pobreza y la pobreza extrema, aspiran a mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.

Todos ellos: víctimas, ex guerrilleros y comunidades, requieren condiciones favorables para satisfacer sus necesidades básicas, materiales, culturales y psicosociales. Hay que crearlas.

Esto implica la concertación de esfuerzos por parte del gobierno nacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU), los gobiernos amigos comprometidos con la paz de Colombia y la región, las instituciones públicas territoriales, la sociedad civil y los excombatientes. Solo articulando voluntades políticas y esfuerzos prácticos, será posible superar de manera progresiva, las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado. Será necesario reorganizar la economía y el conjunto de relaciones sociales en ella implicadas, incluyendo las relaciones de propiedad. Es indispensable diseñar y aplicar con participación social, una política económica orientada a producir y distribuir bienes, servicios y conocimientos, de manera que todos los habitantes del país puedan satisfacer sus necesidades básicas y vivir dignamente de su trabajo. Todo con sostenibilidad ambiental.

Es esencial para la paz, que el Estado y la sociedad comprendan la profunda relación existente entre política, derechos humanos, ambiente y economía. De la misma manera, es imposible construir la paz sin re-estructurar las relaciones entre el campo y la ciudad, y entre productores y consumidores urbanos y rurales, para hacerlas más equitativas y orientadas a superar el atraso y la miseria de los sectores rurales y a generar en ellos una dinámica económica que contribuya a superar las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales, y al desarrollo humano integral nacional y territorial. Es fundamental estimular la producción, el consumo y el mercado nacionales.

Instituciones claves en este proceso son: la Defensoría del Pueblo, responsable de promover y defender los Derechos Humanos de todos los habitantes del país; el Ministerio del Interior y su Unidad de Victimas; el Ministerio del Trabajo, en especial la Unidad Especial para la Economía Solidaria; el Ministerio de Agricultura; el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; la Secretaria de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República; la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Nacional de Municipios; y por supuesto, el Ministerio del Postconflicto, que deberá dirigir la política nacional de paz y articular los esfuerzos de todas las instituciones para afianzar y consolidar  la paz en el país.

El cumplimiento de los Acuerdos de Paz, junto a una acertada política económica nacional y su aplicación con enfoque territorial, étnico, cultural y de género, permitirá transformar el proceso de reproducción metabólico-social en los territorios, hasta ahora generador de múltiples conflictos, en uno ideado y construido de manera colectiva y con democracia comunal participativa, para generar trabajo productivo e ingresos, prosperidad y paz para toda la sociedad.

Las políticas, programas y proyectos aplicados de manera desarticulada por las instituciones públicas y más aún, sin participación social en su diseño, ejecución y control, no tienen la capacidad de superar las dinámicas generadoras de conflictividad y violencia hasta ahora existentes y la fuerza de su inercia.

Esto significa que, para construir con éxito la paz territorial y asegurar la vigencia de los derechos humanos, se requieren programas y planes con enfoque sistémico y proyectos concurrentes, formulados, ejecutados, controlados y evaluados de manera conjunta y participativa entre las instituciones públicas, las comunidades y movimientos sociales, las víctimas del conflicto social y armado, y los combatientes que dejan las armas y se reincorporan a la vida civil y legal. Esto permitirá la mayor racionalidad, eficiencia y eficacia en el uso   de las capacidades y potencialidades humanas y de los recursos de todo tipo disponibles: institucionales, económico-financieros, científico-técnicos, territoriales y ambientales.

Se requiere un sistema de planificación participativa del desarrollo territorial, con técnicas y tecnologías pertinentes, que vinculen Derechos Humanos y Acuerdos de Paz, políticas públicas, presupuestos, planes, programas y proyectos, con la democratización y transformación progresiva de la realidad. Esto implica indicadores y métodos de control social eficientes, salas de monitoreo y control con sistemas de información geográfica y el software correspondiente, integrados en sus escalas locales, regionales y nacional.

Por acuerdo entre el Gobierno y las FARC, ya fueron definidas 22 zonas veredales y 8 campamentos, donde los guerrilleros se establecerán por un período de seis meses para hacer la dejación y entrega de armas a la ONU. Estas zonas están ubicadas en municipios de varios departamentos, en donde probablemente los ex guerrilleros luego vivirán de forma permanente para realizar su paso a la vida legal, realizando actividades políticas, económicas y sociales con acompañamiento y verificación internacional de la ONU, CELAC y otras organizaciones internacionales y nacionales.

Por su parte, las FARC están en proceso de definir las formas organizativas legales y las estrategias por medio de las cuales sus integrantes pasarán de una vida en guerra, nómada, en constante movimiento, a vivir, trabajar y estudiar en paz  en asentamientos temporales primero; y luego estables y definitivos, para realizar dentro de la legalidad,  las actividades económicas y sociales, que les permita al mismo tiempo, hacer política y satisfacer de manera sostenible sus necesidades materiales y culturales.

Plantean hacerlo interactuando con la población de estos territorios para cumplir las penas que les imponga la justicia transicional, reparar a sus víctimas con trabajo comunitario y los recursos monetarios de que dispongan, y contribuir a satisfacer de manera sostenible las necesidades de las comunidades a las cuales se van a integrar y con las cuales van a convivir. Al cumplir con los acuerdos de La Habana, en particular los de Reforma Rural Integral y de Participación Política, aspiran a generar una dinámica con efecto transformador en la sociedad colombiana. Esto tendrá un importante impacto con proyección nacional e internacional en la economía, la política y la cultura.

Las FARC han dicho que se transformarán en Partido o movimiento político legal para continuar luchando sin armas por sus ideales, y que su proceso de paso a la legalidad será hecho de manera colectiva y no individual como ocurrió en los procesos de paz anteriores, entre 1989 y 1990, con el M19, el EPL, el grupo Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista del ELN.

Algunos antecedentes nacionales e internacionales

Para llegar a esta decisión, las FARC debieron tener en cuenta la experiencia y los resultados de estos procesos. En ellos se crearon condiciones favorables para que los guerrilleros entregaran las armas y se vincularan a la actividad política legal. Su tránsito a la vida civil se hizo con proyectos individuales financiados por el Estado. Fue el caso del otorgamiento de créditos para comprar taxis. Estos proyectos económicos de subsistencia, no produjeron cambios significativos en la sociedad.  En los pocos casos en que hubo proyectos colectivos, como fue la creación de la Federación Nacional de Vivienda Popular (Fenavip), los ex guerrilleros pudieron trabajar durante un tiempo prolongado con repercusiones sociales importantes.

Al mismo tiempo ocurrió que, muchos de los guerrilleros que entregaron las armas y se reinsertaron a la vida civil, fueron asesinados de manera sistemática.

En no pocos casos, los guerrilleros que no lograron reintegrarse de manera exitosa en la sociedad civil, se transformaron en delincuentes. Formaron o se integraron a grupos paramilitares o de delincuencia organizada. Por diversas razones, que es necesario identificar con precisión, a pesar de haber recibido un apoyo inicial del Estado, las actividades económicas que supuestamente les permitirían su sustento económico no fueron sostenibles. Los proyectos aislados y desarticulados de microempresas quebraron por una combinación de la competencia capitalista y la baja capacidad de gestión de los nuevos emprendedores.

En el artículo del periodista, Richard Lapper, “La vida en Centroamérica es tan violenta como antes”, publicado en el periódico El Tiempo, pág. 16, del lunes 25 de abril de 2016, se describe la situación de extrema violencia, que padecen los países centroamericanos, en particular El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Los protagonistas son las pandillas de delincuentes entre las que destaca la “Mara Salvatrucha” y los policías que las reprimen o se articulan con ellas sin lograr resolver el problema, pues este tiene características estructurales y no puede ser solucionado solamente por la vía represiva.

Estos países tuvieron una intensa y extendida guerra de guerrillas, que lograron superar por medio de acuerdos políticos a finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado, pero sin producir cambios estructurales en su modelo económico, que permitieran superar la dependencia y el atraso, ni generar desarrollo territorial con fuentes de trabajo e ingresos estables para su población.

En este artículo, Joaquín Villalobos, quien fue uno de los principales comandantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante los años 80, dice que: “Mucha gente está haciendo dinero en medio de una gran tragedia social, la peor de nuestra historia”. (…) “Es mucho peor que la guerra, porque hay menos esperanza. La guerra era una violencia organizada. Esto es caos y anarquía”.

Por lo tanto en Colombia: para construir una paz estable y duradera, con arraigo territorial, es indispensable realizar cambios estructurales en el modelo económico y en las relaciones sociales, que han sido en gran medida causas y al mismo tiempo consecuencias de la guerra; es necesario facilitar el acceso de la población rural y los excombatientes al trabajo productivo sostenible, a los medios para realizarlo y a la educación en todos sus niveles.

Las instituciones públicas en acción conjunta con la sociedad civil organizada, incluyendo la academia, - que deberá cumplir un papel de primer orden en la formación y capacitación de los ex guerrilleros y de la población en los territorios más afectados por la violencia y el abandono del Estado -, tienen la necesidad y el deber, de evitar a toda costa que los guerrilleros, que próximamente harán dejación de armas y se reintegrarán a la vida civil en condiciones de legalidad, se vean forzados, - al no encontrar trabajo estable, ni tener ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas -,  a regresar a la lucha revolucionaria guerrillera, a convertirse en delincuentes comunes o a integrarse en grupos paramilitares o de delincuencia organizada.

Porque, quienes saben usar armas y tienen conocimientos sobre tácticas de combate y acciones ilegales, adquiridos en la guerra - que hoy la sociedad colombiana pretende superar -, no se van a dejar morir de hambre en caso de no contar con los recursos mínimos necesarios para sobrevivir. Podrían volver a la guerra revolucionaria o se convertirían en delincuentes armados, que por su cantidad y capacidad, serían peores que la Mara Salvatrucha, con un efecto devastador sobre la sociedad. El remedio resultaría peor que la enfermedad.

La vida, la experiencia histórica y el sentido común señalan, que es con el apoyo del Estado, el conjunto social y la comunidad internacional; de manera colectiva y no individual; y focalizados y no diseminados en la geografía nacional; como los ex guerrilleros podrán realizar con éxito su tránsito a la legalidad, para vivir y trabajar en paz, entre y con las comunidades.

La economía solidaria y la construcción de la paz territorial

Las FARC han declarado desde La Habana y desde las selvas de Colombia, que se organizarán en formas empresariales de la economía cooperativa y solidaria para su tránsito colectivo a la vida civil; y como quedó establecido en el Acuerdo firmado el 26 de Septiembre en Cartagena, se organizarán en la entidad Economías Solidarias del Común, ECOMÚN, para dar respuesta y solución a sus necesidades vitales: económicas, sociales y culturales, individuales, colectivas y familiares, que surgirán de su nueva condición de civiles que viven y actúan en la legalidad.

El primer punto de los acuerdos de paz contiene el compromiso del Estado de fomentar y financiar las formas asociativas y de economía solidaria entre la población rural y campesina, en primer lugar en los territorios donde el conflicto armado ha sido más intenso.

Por conveniencia general de la sociedad, para contribuir a generar trabajo productivo e ingresos entre la población de los sectores rurales, y para aumentar la producción y la productividad del trabajo, es necesario y pertinente que las instituciones públicas y los movimientos sociales, promuevan la organización de la población en cooperativas y otras formas asociativas de la economía solidaria, impulsando y planificando su articulación en redes y cadenas socio – económicas de financiamiento, producción, distribución, intercambio y consumo. En ellas podrán participar, con inteligentes y novedosos esquemas de asociación, las más diversas formas de producción y de propiedad: privada, pública y comunal; familiar, comunitaria y solidaria; pequeña, mediana y gran empresa privada; empresas públicas y mixtas que incluyan a todas las anteriores. Será conveniente promover las alianzas Público-Comunitarias, además de las alianzas Público-Privadas que ya existen. Las orientaciones estratégicas serán determinadas por el propósito de alcanzar los mayores beneficios sociales posibles.

Es fundamental impulsar nuevas formas de relación verdaderamente democráticas, equitativas y complementarias, entre productores y consumidores urbanos y rurales.

En estas redes y cadenas socio económicas, podrán integrarse también las cooperativas o empresas asociativas solidarias creadas por las FARC, que harán parte de ECOMÚN,  y posteriormente por las constituidas por las formas económicas que puedan escoger otros movimientos insurgentes como el ELN,  para su tránsito a la vida civil y legal. 

Esto permitirá aprovechar en conjunto: sociedad civil organizada, víctimas del conflicto armado, excombatientes e instituciones públicas, las potencialidades y capacidades de trabajo locales y regionales, para producir bienes, servicios y conocimientos que permitan superar la pobreza, satisfacer  sus necesidades básicas, respetar los Derechos Humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales; mejorar de manera progresiva su calidad de vida, así como en un futuro próximo producir excedentes para otros territorios y para la exportación, generando divisas al país.

Asociaciones de economía solidaria para el desarrollo local y regional

Las entidades de economía solidaria para la paz y el desarrollo local y regional, que se constituirán con el apoyo del Estado en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como formas de organización para el trabajo y el desarrollo humano integral de las comunidades; para ser sostenibles y eficientes,  deberían  ser multiactivas o integrales, y propiciar su inter-cooperación con los proyectos asociativos solidarios, que impulsarán  las FARC, bajo la sigla de Economías Solidarias del Común, ECOMÚN,  como quedó plasmado en los Acuerdos de La Habana.

Las víctimas del conflicto social y armado también deberían poder integrarse en estas, o en otras entidades de economía solidaria constituidas por ellos con los recursos y apoyos del Estado y de los victimarios, como parte de la reparación integral a que tienen derecho por los daños recibidos. En los casos en que corresponda, estas entidades, contribuirán a su pleno reintegro a los territorios de los cuales fueron desplazados.

Las entidades de Economías solidarías del Común, ECOMÚN, por constituirse, deberían articularse  con las demás entidades del sector de la economía cooperativa y solidaria del país, para luego proyectar sus relaciones en el campo internacional en medio del intenso proceso que vivimos, de globalización de la economía.

También se podrán vincular como asociados, los emprendedores vinculados a los proyectos desarrollados con anterioridad por víctimas del conflicto. Se aplicará el principio internacional de la inter-cooperación cooperativa, mediante alianzas estratégicas a escala nacional y/o regional, para ofrecer y prestar servicios de manera directa o por intermedio de terceros, y de preferencia por intermedio de aquellas que son parte del Sistema Nacional de la Economía Solidaria.

Hay que construir alianzas estratégicas entre los sectores público, privado y de la economía solidaria, así como métodos y procedimientos para diseñar, proponer e implementar programas y proyectos con enfoque sistémico, lo cual incluye la creación de cadenas y redes socio-económicas integrales que abarquen financiamiento, producción, distribución, intercambio y consumo; y una nueva forma de inter-relación verdaderamente democrática y equitativa entre productores y consumidores del campo y la ciudad.

El acompañamiento y apoyo del Estado, a los/as nuevos/as emprendedores/as y a las empresas y procesos bajo su auto-gestión, asociados a escala local, departamental, regional y  nacional, deberá extenderse por un período aproximado de tres años; período en el cual, de acuerdo con muchas experiencias nacionales e internacionales, se podrán producir cambios psicosociales de carácter permanente para asegurar la sostenibilidad y desarrollo de los proyectos económicos solidarios que sirven de base para una democracia participativa  y de nuevos   proyectos  de vida que contribuyan efectivamente a  afianzar el respeto integral a los Derechos Humanos y la paz territorial y nacional.

Es necesario planificar y realizar investigaciones y estudios sistemáticos de los procesos de auto-transformación de los sujetos sociales vinculados a las entidades de economía solidaria que se constituyan y a las cadenas y redes socio-económicas en que se integren, así como a sus emprendimientos territoriales. Las investigaciones deberán incluir su incidencia en el restablecimiento y respeto a los Derechos Humanos y el impacto económico-social, político, cultural y psicosocial que se vaya logrando en los territorios.

Se podrían realizar convenios con universidades e instituciones dedicadas a la investigación social y al desarrollo sostenible, que tengan experiencia en la interacción con las comunidades y los movimientos sociales, y en la producción de conocimiento para la transformación social.

Hay que diseñar y aplicar métodos con enfoque sistémico (territorial, cultural, racial, y de género), y perspectiva de economía de escala, que tenga en cuenta los efectos, oportunidades y limitantes producto de la globalización neoliberal y los múltiples tratados de libre comercio que ha firmado Colombia con otros países.

La planificación de las cadenas y redes socio-económicas integrales se hará con participación de los futuros emprendedores/as; con apoyo de las instituciones públicas, empresas privadas, sector de la economía solidaria y cooperación internacional y aprovechando los conocimientos sobre perfiles territoriales por municipios y regiones, elaborados por el Ministerio de Trabajo.  

Esas metodologías deben promover la mayor transparencia posible en el manejo y uso de los recursos destinados para el pos acuerdo de paz.  La transparencia y lucha contra la corrupción, son indispensables para que los recursos aportados por las instituciones públicas, la cooperación internacional y los ingresos generados por el propio trabajo de los nuevos emprendedores solidarios (ex guerrilleros, víctimas del conflicto y comunidades), sean utilizados de manera honesta y eficiente, cumpliendo con su objetivo social: construir una Colombia con paz estable y duradera para el buen vivir, en armonía con la naturaleza.

Algunos elementos claves adicionales de la estrategia a desarrollar son:

•           Tener como eje central la Democracia Participativa, con proyección a escala nacional e internacional.

•           Planificación estratégica participativa, con metodología de planificación-formación-acción, que abarque todas las dimensiones de la dinámica social, que son: política, cultural, económica, social, ambiental, territorial, histórica e internacional.

•           Formación integral, colectiva e individual, continua y permanente.

•           Estrategia clara de información y comunicación interna y externa, con alcance local, regional, nacional e internacional.

• Utilización de los indicadores de la salud, como indicadores importantes, que reflejan en buena medida el desarrollo humano integral de los territorios.

El Programa de Gobernabilidad Territorial USAID-DNP

Los gobiernos aliados de Colombia y Estados Unidos, avanzan en un diseño del postconflicto, a través de dos de sus instituciones de mayor importancia estratégica: el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El 20 de noviembre de 2015, lanzaron en Bogotá el Programa de Gobernabilidad Regional, en acto en el cual participaron según notas publicadas por la USAID, 80 alcaldes y 9 gobernadores salientes y electos, de los municipios y departamentos en donde el conflicto social y armado ha tenido mayor intensidad, así como varias decenas de ONG seleccionadas por ellos. Su objetivo estratégico es el fortalecimiento del Estado, vinculado al desarrollo económico-social territorial.

Anunciaron que la USAID aporta para ese programa la suma de 50 millones de dólares que ya están disponibles. Estos han servido para financiar en parte la formulación de los planes de desarrollo municipal y departamental, los cuales según el DNP deberían estar aprobados en el mes de mayo pasado, incorporando en ellos los acuerdos parciales alcanzados en la Habana entre las FARC y el Gobierno Nacional. También están siendo utilizados para elaborar los planes de ordenamiento territorial en los que se determina el uso del suelo, así como proyectos de vías terciarias, energía eléctrica, acueductos, educación y salud.  Su ejecución tendrá variadas fuentes de financiación. Los profesionales altamente calificados y expertos en la elaboración de proyectos, fueron contratados por la USAID en el pasado mes de diciembre. Este programa está en pleno desarrollo. Es indispensable tenerlo en cuenta de manera crítico-constructiva, en la construcción de la paz territorial. 

Bogotá, D.C., noviembre 1 de 2016

Rafael Enciso, economista investigador

saberytrabajo1955@gmail.com