Ahora, que se puso de manifiesto –¡ya era hora!– el tema y el destape de la corrupción político-administrativa, es oportuno recordar la actitud de múltiples personas (políticos, funcionarios, dirigentes sociales, etc.) frente al sonado caso de PROBOLSA[1] (octubre de 2008) y, sobretodo, a la iniciativa de conformar una Veeduría Ciudadana para hacerle seguimiento al proceso de investigación y posible sanción.

Primero, la cara de sorpresa del Secretario de Hacienda de la Gobernación del Cauca. Cuando un grupo de personas del común nos presentamos ante su despacho para oficializar “de hecho” una veeduría ciudadana –una herramienta más de control social–, el hombre no sabía qué hacer. ¡No lo podía creer! Vaciló, consultó y tuvo que aceptar que era legal y viable.

Segundo, nuestros propios compañeros (as) que no habían vivido ese tipo de experiencias, al principio vacilaban porque no estaban muy seguros. El legalismo de siempre aparece en estos casos. Las veedurías han terminado siendo utilizadas por los mismos funcionarios y contratistas corruptos para tapar y legalizar sus robos y desmanes al erario público. Ya hay hasta “expertos” en el tema. De eso viven y les pagan por hacer la pantomima.

Tercero, algunos políticos de turno que “vieron el papayaso” se sumaron a la veeduría ciudadana o se aliaron con ella, facilitaron información, movieron sus influencias y quisieron utilizar a la veeduría para saldar deudas pasadas o para –oportunistamente– debilitar al Gobernador para tratar de colocar allí a otro corrupto igual o peor al que se robó o permitió que se robaran más de 16.000 millones de pesos de las transferencias de salud y educación.

Cuarto, otros políticos que eran asesores, abogados o defensores de los funcionarios comprometidos, especialmente del Gobernador, se “arrimaban por los laditos” a la veeduría ciudadana, enviaban a sus agentes o fichas para supuestamente “asesorar” a los veedores pero en realidad era para espiar, enterarse qué tanto habían averiguado, qué pruebas tenían, o también, para tratar de desestimular ese tipo de acciones poco acostumbradas en Popayán.

Quinto, la prensa de la región inició una campaña de difamación en coordinación con el personero de la ciudad para deslegitimar a la veeduría ciudadana, planteando que no era legal, que no se había inscrito ni legalizado ante la Personería y otra serie de argumentos, cómo el que las veedurías ciudadanas no tenían competencia en esa materia.

Sexto, muchos dirigentes sociales que están al frente de las luchas por “proyectos” (de obras, servicios públicos, titulación de tierras y demás) se mostraban de palabra “solidarios” pero ¡vaya!... nunca arrimaban a las reuniones que se hacían públicamente en el salón principal de la Asamblea Departamental, donde nos escuchaba todo el mundo, sin secretos, con total transparencia (sabemos que el Gobernador de entonces ordenó realizar seguimientos y grabaciones de nuestras sesiones). Dichos “dirigentes” hoy los vemos haciendo cola detrás de los pequeños proyectos y escasos recursos del “post-conflicto”. En realidad era un tema candente, “quemante” y ellos no se querían “quemar”.

Séptimo, el señor Contralor General de la República de ese momento quien nos recibió en Bogotá rodeado de un numeroso séquito de bellas secretarias y asesoras. Esa y otras citas se lograron fruto de la gestión de una parlamentaria que fungía como “anti-corrupta” pero que después se volvió a aliar con los mismos de siempre. Después de mucho protocolo el Contralor nos repitió el contenido del discurso que 28 años atrás su padre (presidente de la República) había planteado: “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”.

Octavo, los secretarios de la Gobernación y otros funcionarios de medio pelo de la Procuraduría Regional y de la Contraloría Departamental, que al igual que muchas personas no podían creer que unos “pobres diablos”, sin más poder que su propia decisión y convicción, pudieran hacer “toda esa bulla y escándalo” por un tema que sólo debía ser investigado por los famosos “órganos de control”.

Hasta la fecha –como lo preveíamos algunos de los integrantes de la veeduría ciudadana–, sólo se condenaron y castigaron a funcionarios menores, mandaderos de ocasión que fueron “echados a las fieras” como carne de segunda mientras los ladrones de cuello blanco compraban haciendas y se daban las anchas con los recursos públicos. Todavía el Gobernador comprometido figura como un prócer, es el “gastrónomo número uno del Cauca” y jura por Dios que no tocó un solo peso de ese oscuro negocio. Sus herederos políticos siguen allí, de candidatos al Senado o de campantes gobernantes.  

Esa experiencia debe ser recogida ahora. La única forma de derrotar a los corruptos es sacándolos del gobierno, de la Presidencia, del Congreso, de Alcaldías y Gobernaciones, de Asambleas departamentales y Concejos Municipales, eligiendo gente nueva que haya demostrado comportamientos éticos y honestos, y paralelamente, organizar a la población para hacerle control social a todos los contratos, a los nombramientos y convenios, reformando la legislación nacional para dotar de “afilados dientes” a las veedurías ciudadanas, participando en la ejecución de los proyectos, “respirándole en la nuca” a funcionarios y contratistas. No hay otro camino.

Ya lo hemos hecho, tenemos experiencia… ¡hay que volverlo a hacer!

Nota: Quienes no confiábamos en el papel y función de los órganos de control planteamos en ese tiempo que había que realizar un castigo simbólico al Gobernador. La idea era elaborar un gran muñeco con la cara del gobernante corrupto, con su trasero “pelao”, y llamar al pueblo a asistir al Parque de Caldas a calentarle esa parte del cuerpo con unos cuantos y buenos fuetazos… ¡al estilo indígena! Lástima, el legalismo y el espíritu cortesano se impusieron en la veeduría ciudadana y no fue posible hacerlo pero era una buena idea. Ahora, hay que apoyar todas las iniciativas “anticorrupción” (consultas, referendos, denuncias, etc.) y prepararnos para en el próximo año 2018, “fuetiar” a todos los corruptos del Cauca y de Colombia derrotándolos en las urnas. Es nuestra oportunidad. ¡Y lo haremos!

Bogotá, 17 de febrero de 2016

E-mail: ferdorado@gmail.com / Twitter: @ferdorado    

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