La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) celebra, este 26 de febrero, 23 años de fundación como coordinadora de radios comunitarias.

La historia es conocida: a inicios de los años noventa un grupo de radios participativas -surgidas sobre todo en comunidades repobladas de Chalatenango, Cabañas, Usulután y Morazán- irrumpieron en el espectro mediático con las voces que no tenían acceso a los medios hegemónicos. Sin embargo, el gobierno de turno (el segundo de ARENA presidido por Armando Calderón Sol) no quiso reconocerlas y les negó frecuencias para transmitir.

En 1995 la extinta Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) mandó a cerrar a todas estas radios, por presiones de los dueños de emisoras comerciales, entre éstos el señor Antonio Saca, ahora procesado por el robo de 246 millones de dólares cuando fungió como presidente de la república (2004-2009), algunos de los cuales desvió a través de sus empresas radiales.

Saca y compañía, incluso, pidieron a todos los afiliados de ASDER (Asociación Salvadoreña de Radiodifusores) que se abstuvieran de vender alguna frecuencia que pudiera ser utilizada para radiodifusión comunitaria. El propósito de esto era evitar que las radios participativas existieran.

Dos años después, en 1997, la derecha parlamentaria aprobó la Ley de Telecomunicaciones que “institucionalizó” el cierre de las radios comunitarias negándoles el reconocimiento legal y estableciendo la subasta como único mecanismo para asignar frecuencias radioeléctricas.

Sin embargo, a pesar de la negativa estatal y el boicot de las radios comerciales, las comunitarias consiguieron una frecuencia que fragmentaron para que una veintena de radios pudiera funcionar y así contribuir a la libertad de expresión, la participación ciudadana y la promoción de los valores democráticos, los derechos humanos, el desarrollo integral, la protección del medioambiente, la equidad de género, la memoria histórica y la identidad cultural.

Dos décadas después, ARPAS y otras organizaciones democráticas aglutinadas en la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) lograron la aprobación de varias reformas a la Ley de Telecomunicaciones que reconocen a los medios comunitarios y establecen mecanismos alternos a la subasta para otorgar frecuencias.

Las reformas aprobadas en mayo de 2016 también eliminan las prórrogas automáticas de las concesiones, incorporan las tecnologías de la comunicación e información y redefinen las funciones de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) relacionadas con la gestión, administración y vigilancia del espectro radioeléctrico.

Estas atribuciones debe utilizar ahora la SIGET para reorganizar el espectro radioeléctrico y reasignar frecuencias para las radios comunitarias, como plantean ARPAS y ReDCo en la Propuesta de Política Pública de Comunicaciones presentada recientemente para contribuir a la implementación de las referidas reformas.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)