Uno de los temas que mayor debate y dudas genera hoy en el país, es el estado de los acuerdos que comúnmente llamamos la implementación de los 6 puntos pactados tras 5 años de diálogos en La Habana. Tras haber sufrido diferentes momentos, dificultades, avances y retrocesos durante estos años, los diálogos de La Habana produjeron el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que gana importancia a partir de la instalación de la mesa de diálogos con el ELN. En aras a tener claro el estado de lo avanzado, es importante recordar cuáles son los puntos que contempla el Acuerdo.

Ellos son Hacia un nuevo campo colombiano (Reforma Rural Integral); Participación Política (apertura democrática); Fin del Conflicto; Solución al problema de las drogas ilícitas; Acuerdo sobre las víctimas del conflicto; e Implementación, verificación y refrendación.     

Hay un acuerdo firmado y reconocido por la sociedad colombiana y la comunidad internacional como garante y testigo. Se alcanzó para ponerle fin al más largo conflicto armado del hemisferio occidental y que Colombia avance en la senda de la reconciliación y la paz entendida como mayor igualdad social y justicia para el pueblo.

Ahora bien, lo que sigue es un camino largo y escabroso. Sigue la implementación, en otras palabras, estamos en la etapa donde hay que cumplir lo acordado, y esta también, como la etapa de los diálogos, tiene sus amigos y defensores, así como sus enemigos y opositores.  

La aprobación del fast track como un mecanismo de implementación y reglamentación ágil y expedito vía el Congreso y la Cámara de Representantes, le dio un mayor impulso a lo acordado, a pesar del frenazo que significó el plebiscito que los rechazó, plebiscito que sirvió además para mostrar el grado de polarización y división política, casi milimétrica, al interior de la sociedad.

El primer round sobre la implementación lo viene perdiendo el gobierno y ganando las FARC, no hay cómo negarlo ni esconderlo. El punto seis que se refiere precisamente a la Implementación, verificación y refrendación, arroja un balance desalentador, porque es el primer paso hacia la consolidación del proceso, las garantías políticas, de seguridad, sociales y económicas para la guerrilla tras la dejación de las armas, que tiene un calendario definido ya.

La prueba de lo que se afirma aquí, es el incumplimiento del gobierno en cuanto a la construcción y adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), en total 26 en toda la geografía nacional. Dicho incumplimiento se evidenció tras la histórica y última marcha guerrillera de los frentes y unidades guerrilleras hacia los putos de concentración con el firme propósito de concentrarse y cumplir con el calendario y condiciones para la dejación de las armas ante los delegados de las Naciones Unidas. Donde el país vio a través del amplio registro de la movilización hacia las Zonas, que el Estado no había cumplido con la construcción y adecuación ni siquiera en el 20% en la mayoría, y solo en un 80% en una sola ZVTN. 

Las implicaciones de este primer incumplimiento afortunadamente no han sido respondidas de manera contestataria por las FARC, que les asiste la razón cuando argumentan que en esos mal llamados campamentos transitorios, sin acceso al agua potable, vivienda, puestos de salud, escuelas, áreas para la educación y el esparcimiento, no hay condiciones dignas para permanecer y vivir, en la perspectiva de ir haciendo el tránsito de ejército guerrillero a fuerza política legal.

La máxima tensión que esta difícil situación ha significado para el cumplimiento de los acuerdos y la implementación de los mismos, es la propuesta que ha hecho el Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, en la que plantea las dificultades que afronta el cumplimiento de los acuerdos y el calendario de dejación de armar por parte de las FARC-EP. Quien hizo una serie de observaciones y preguntas que muestran el difícil y complejo momento que atraviesa el proceso tras la finalización del desplazamiento de las unidades de las FARC a las ZVTN.  

“En la situación actual, la mayoría de los campamentos de las FARC-EP ni están listos, de acuerdo a los criterios acordados con el Gobierno […], ni han sido delimitados con precisión. Esto resulta en una zona gris que se puede prestar a interpretaciones diferentes, las cuales, a su vez, pueden llevar a incidentes”.

Sobre el proceso de la dejación de armas afirma que: “De acuerdo a nuestra información, el proceso de construcción de los campamentos, incluyendo los sitios monitoreados por la Misión donde estará gradualmente almacenado el armamento, no estaría concluido antes de fines de marzo, aunque varios campamentos y sitios pueden estar listos antes. ¿Estarían de acuerdo las partes con recalendarizar el inicio de la recepción escalonada por la Misión del armamento hasta esa fecha? ¿O estarían dispuestas a considerar otras opciones de entrega gradual?”. 

La respuesta que dieron las FARC a la propuesta del Jefe de la ONU en Colombia fue que antes de fijar fechas límites para la dejación de las armas, se debía fijar los plazos para la materialización de los acuerdos que ya debieran estar cumplidos. Como la Ley de amnistía aprobada el Congreso de la República para que el proceso se llene de confianza. La excarcelación de los guerrilleros y de todos prisioneros políticos, especialmente, de todos los detenidos como consecuencia de la protesta social. Propusieron, igualmente, al gobierno y a la ONU, el comienzo de la segunda misión de Naciones Unidas, así como la activación del componente internacional de la implementación, con la participación de todas las instancias internacionales garantes de los acuerdos. Finalmente acogieron la propuesta de recalendarizar el proceso de dejación de las armas.

Sin duda el estado de los acuerdos y lo alcanzado, deja muchas dudas sobre la forma en que se vienen implementando los puntos pactados, por un lado porque el incumplimiento del gobierno en un tema como la construcción adecuada y acordada de las ZVTN, es un hecho que genera desconfianza en las bases guerrilleras, constantemente sometidas a la presión, la incertidumbre y hasta la tentación de las zonas de preagrupamiento. Así mismo es un mensaje negativo para ellos como para los amplios sectores de la sociedad que aspira a un final pacífico, de reconciliación y de respeto de la vida de los que se han comprometido con hechos fehacientes de que están dispuestos a abandonar las armas, si hay un compromiso serio y real de parte del gobierno y el Estado colombiano, además de la pésima señal para la mesa de diálogos con el ELN.