La actual embestida legal contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, son ejemplos no aislados de una nueva táctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare.

¿Qué es el Lawfare?

Es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.

¿Qué significa Lawfare?

El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”1 y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, tras la publicación de un artículo escrito por el General de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School2. Estados Unidos (por medio de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina3 y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción4.

Aspectos fundamentales del Lawfare

1) El rol del Poder Judicial: El PJ se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.

2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupción: El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado”5. Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, gente con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos6 (apolíticos). La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas económicos7.  


Tres dinámicas y un actor clave que confluyen para construir el Lawfare:

Timing político: implica que el caso judicial (utilizado como un arma) se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados.



Reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste



El doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros.



Medios de comunicación masivos y concentrados: operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento”8 sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado.


LAWFARE EN ARGENTINA

Timing político

Sin duda uno de los ejemplos más destacados fue la muerte del fiscal Alberto Nisman, que condujo a una fuerte desestabilización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año de las elecciones presidenciales en Argentina (2015). En el mes de enero de 2015 se culpó a la presidenta Cristina Fernández del asesinato del fiscal Nisman, sin pruebas fehacientes y sólo en base a presunciones difundidas por la prensa. Durante las gestiones kirchneristas, Nisman llevó adelante la investigación sobre el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, atentado que desde un inicio fue atribuido a “terroristas iraníes”9.

Sin embargo, desde el caso AMIA hasta la muerte de Nisman hay mucha información poco conocida que vincula a la Argentina con la geopolítica de Estados Unidos en Medio Oriente, pues entre otras irregularidades, hay pruebas de que Nisman informaba periódicamente de los avances de la investigación a la Embajada estadounidense en Argentina10. De eso hablaron poco los medios y se centraron en la denuncia que había hecho el fiscal Nisman a la presidenta Kirchner por haber “fabricado la inocencia” de los supuestos perpetradores del atentado a la AMIA, en complicidad con el gobierno de Irán, a cambio de beneficios comerciales y políticos11. Meses después, en mayo de 2015, la Cámara de Casación emitió un dictamen en el que rechazaba las acusaciones contra Kirchner y otros dirigentes afines al oficialismo alegando “inexistencia de delito”12. No obstante, desde un principio la prensa criminalizó a la presidenta, de modo tal que ni siquiera el resultado del proceso judicial logró revertir esa imagen y que se materializó, por ejemplo, en la consigna “todos somos Nisman”.

 

Reorganización del aparato judicial

La causa Nisman no se acabó allí. El 30 de diciembre de 2016, la Cámara de Casación Penal ordenó la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la AMIA.

Otra movida judicial de Macri fue, en diciembre de 2015, designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, en lugar de llamar a Sesiones extraordinarias para la aprobación de las postulaciones en el Senado. La decisión obedece a motivos políticos: necesitaba que el tribunal estuviera completo (a su favor) ante la inminencia del impacto que generarían muchas de las medidas planeadas (e implementadas)13.

A esto se suma la designación de la diputada Laura Alonso (del partido oficialista) en la oficina anticorrupción. Alonso no es abogada, condición necesaria para asumir el cargo, y por eso Macri modificó por decreto la reglamentación de la Oficina Anticorrupción para permitir que asuma al frente del organismo14.

Doble rasero de la ley

En el mes de diciembre de 2016, la ex presidenta quedó procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una “asociación ilícita” que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de Néstor Kirchner para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, beneficiando al empresario Lázaro Baéz15.
 

A raíz de ese caso surgieron otros, como el llamado “la ruta del dinero K”. El fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, comunicó que “descubrieron la trama de cuentas off shore que el clan Báez tenía en Suiza y que estaría asociada, según declaraciones del financista Leonardo Fariña, a los Kirchner”16. Esta presunción se presenta como un hecho consumado, aun cuando el proceso judicial está en curso. A esta inculpación previa a la sentencia final se suma una pregunta crucial ¿Qué pasó con la investigación de las cuentas off-shore de la familia Macri, considerando que se trata del presidente de turno, y sabiendo que en otros países hubo mandatarios que tuvieron que renunciar a sus cargos por este tipo de implicación? A fines de diciembre de 2016, fue confirmado que el Grupo Macri tiene 50 sociedades off shore distribuidas en guaridas fiscales en todo el mundo: Panamá, Hong Kong, Bahamas, Londres, Belice, Dubay, Brithish Island, Grand Cayman y Florida, información que será presentada en una ampliación del caso que presentó el diputado Darío Martínez y que lleva el juez Sebastián Casanello17. La prensa argentina publicó poco y nada con respecto a este caso, pero sí dio enorme cobertura al caso de Cristina Fernández de Kirchner. A la invisibilización de la implicancia de Macri en los Panamá Papers, se suma una nota de Clarín (publicada el día anterior a la presencia en Tribunales de los hijos de Cristina Fernández), en la que se expresa que el Juez Casanello recibió un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) –organismo oficialista y que en los últimos meses ha estrechado sus vínculos con el Departamento del Tesoro estadounidense18– que absuelve a Macri del lavado de activos19. Un dato es que en la versión impresa del diario, a diferencia de la versión digital, el titular omite que el resultado fue brindado por la UIF, para darle mayor credibilidad a la noticia –asumiendo indirectamente la escasa objetividad del organismo20.
 

Otro caso que trascendió fue el vinculado a “Fútbol para todos”: la jueza María Servini procesó a tres exjefes de Gabinete de la gestión anterior por las irregularidades publicitarias del programa “Fútbol para Todos”: Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich21. Esto fue ampliamente cubierto por la prensa. Sin embargo, se habló menos de los empresarios, principales implicados en el negocio ¿Qué pasó con el gerente de Torneos y Competencias vinculado al escándalo de corrupción de la FIFA? El empresario argentino Alejandro Burzaco, en arresto domiciliario en EE.UU. por la investigación de corrupción en la FIFA, está además implicado en la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca en Panamá, que relaciona a numerosas personalidades mundiales con paraísos fiscales22. Fue “olvidado” casi totalmente por la prensa, a pesar de ser un doble-escándalo.


LAWFARE EN BRASIL

Timing Politico

La Operación Lava Jato –que se inició en 2009 y tomó impulso en 201323– fue la principal herramienta para desprestigiar al gobierno de Rousseff y a los miembros de su partido, especialmente el ex presidente Lula Da Silva. Toda la campaña presidencial por la reelección de Dilma estuvo teñida por acusaciones de corrupción contra ella y Lula, motivadas por supuestos contenidos de las confesiones de dos de los que, por entonces, se presentaban como principales delatores de la causa. Fue precisamente tres días antes de la segunda vuelta electoral entre Rousseff y Aécio Neves (PSDB) que la famosa revista Veja publicó la primicia de que ella y su antecesor, Da Silva, conocían todo el esquema de corrupción derivado de la empresa estatal Petrobras. Dicha información, hasta entonces sólo sospechada, fue aparentemente revelada por el delator Alberto Youssef. Lo llamativo del caso es que el abogado de éste, en una entrevista realizada pocos días después negó conocer la información citada por la revista24. Ya pasado el ajustado triunfo de Dilma se supo que funcionarios judiciales que participaban en el caso habían hecho campaña a favor de Neves25 y que el mismo delator lo había acusado de recibir coimas26.

El por entonces Presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), fue denunciado por la Procuraduría General de la República al Supremo Tribunal Federal (STF) en agosto de 2015 por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de las investigaciones de la operación Lava Jato27. Dos meses después de esa acusación –y el mismo día que el STF desestimó dos pedidos de impeachment contra Rousseff– Cunha fue denunciado en el Consejo de Ética de Diputados tras el descubrimiento de que éste poseía cuentas millonarias no declaradas en Suiza. Hasta el momento, Cunha había desestimado también cinco pedidos de impeachment presentados en la Cámara; pero en diciembre de 2015, cuando los diputados del PT que integraban el Consejo de Ética votaron favorablemente por la apertura del proceso contra él, inmediatamente dio curso a otro pedido de impeachment –por improbidad administrativa, no corrupción– que estaba “cajoneado” y que finalmente prosperó28. Sin negar el aspecto quid pro quo entre el PT y Cunha, lo cierto es que recién en mayo de 2016, por decisión del recientemente fallecido Ministro del STF Teori Zavascki, Cunha fue suspendido como Diputado y, en consecuencia, como Presidente de la Cámara. Hacia junio de ese año, ya el STF había aceptado dos denuncias más y lo había imputado nuevamente por otra causa. Sin embargo, ya para entonces Rousseff tenía los días contados en la Presidencia gracias al accionar del ahora preso Eduardo Cunha y las dilaciones (¿complicidad?) del Supremo.

Reorganización del aparato judicial

Una de las claves del Lava Jato, es que resulta “innovador” a nivel regional por su método para obtener pruebas y usar la inusual figura de la delación en amplia escala29. Esta novedad forma parte de los programas de asesoramiento impartidos por el gobierno estadounidense a miembros del sector judicial de Brasil y la región, como el Programa Puentes30, en el marco de las reformas judiciales. Casualmente, entre los alumnos más destacados encontramos a Sergio Moro, Juez a cargo del Lava Jato31.

Con un modelo similar al estadounidense, en Brasil, es el Presidente el que designa al futuro miembro de la Corte, con el posterior aval del Senado. Tras la muerte de uno de los miembros del STF, Teori Zavascki, el Presidente Michel Temer eligió a Alexandre Moraes como sucesor. Las sospechas con respecto a esta elección se deben a que Moraes fue abogado de Eduardo Cunha, también de Aècio Neves, y de una empresa de transportes identificada como parte de una organización criminal en San Pablo. Como Ministro fue acusado de divulgar información privilegiada sobre la Operación Lava Jato, anticipando a los medios la prisión del petista Antonio Palocci –y en el marco de un evento de campaña del PSDB32. El pliego de Moraes fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado33, presidida por Edson Lobao quien, como otros 10 integrantes, está siendo investigado en la Operación Lava Jato34. En medio de amplias sospechas de corrupción sobre varios de los Ministros del Gobierno, legisladores y del propio Temer –citado 43 veces en las confesiones– De Moraes será el revisor de Lava Jato en el plenario del STF y podrá actuar en casos que involucren a los funcionarios –como los anteriormente mencionados– que tienen fuero privilegiado35. Uno de los principales columnistas de la oficialista revista Veja, tituló su nota del 6 de enero: “Temer puede anunciar el nombre hoy [del sucesor de Zavascki]; que sea Moraes!”36.
 

Doble rasero de la ley

A mediados de marzo de 2016, Dilma nombró a Lula Da Silva Ministro de la Casa Civil; sin embargo, el Ministro del STF, Gilmar Mendes anuló el nombramiento argumentando que esa decisión de la entonces Presidenta tenía como objetivo apartar a Lula de la esfera de influencia del Juez Moro y quedar supeditado únicamente a la autoridad judicial del STF. Esta disposición se fundamentó en un audio que casualmente filtró Moro a la prensa el mismo día del nombramiento de Lula37. Finalmente Lula no ejerció como Ministro. Lo llamativo es que la misma situación volvió a plantearse en febrero  del 2017. Michel Temer nombró a Moreira Franco, uno de sus principales aliados políticos como Secretario General de la Presidencia, una cartera con rango de ministerio que había extinguido Rousseff y que fue reabierta para la ocasión. El nuevo Secretario está citado 34 veces en la confesión de uno de los delatores de Lava Jato pero ese no fue motivo para que otro miembro del STF, Celso de Mello, impidiera que Moreira Franco alcance el fuero privilegiado como Ministro y quede sólo bajo la órbita del STF. Por supuesto, para la prensa existen amplias diferencias entre los casos de Lula y el del nuevo Secretario de la Presidencia38.

Sin que sus abogados fueran avisados, pero con la prensa en la puerta de su casa y con una treintena de policías, Lula fue conducido a un aeropuerto de San Pablo39. Da Silva ya se había presentado a declarar voluntariamente todas las veces que se lo había citado, incluso en Brasilia, donde no reside. Se dedicaron cientos de portadas de diarios y numerosas horas de televisión a mostrar la imagen de Lula conducido por la Policía, reforzando la idea de que la corrupción –como exclusividad del PT– estaba siendo abatida por el mediático juez Sergio Moro. Con Cunha no fueron tan mediáticos, ni tuvieron tanta celeridad. De hecho su esposa, Claudia Cruz, también imputada en Lava Jato por lavado de dinero y evasión de divisas, tardó cinco meses en declarar ante Moro porque el eficiente juez no encontraba a la imputada en las dos direcciones que tenía registradas40.

Camila Vollenweider (@mcvollenweider) y Silvina Romano (@silvinamaceleste) / Investigadoras CELAG

Fuente: http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-americ...