El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ulises Rivas demandó esta semana a los miembros de la Sala Constitucional en el Tribunal de Ética Gubernamental por faltar a los principios y deberes éticos. La semana anterior también los denunció en la Fiscalía, pidiendo que sean investigados por el posible cometimiento de actos arbitrarios y prevaricato.

Rivas fue electo magistrado del TSE a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, incluida la Sala Constitucional; es decir, quienes ahora lo suspenden, en su momento, avalaron el nombramiento.

La suspensión de su cargo es por supuestamente tener vínculos con un partido político, el gobernante FMLN (la Sala no ha destituido a ningún funcionario por tener vínculos con ARENA y uno de sus magistrados que es financista de dicho partido no ha tenido la decencia de renunciar).

El funcionario también ha llevado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha anunciado que presentará nuevas demandas en “todas las instancias posibles”. A diferencia del resto de ex funcionarios destituidos por la Sala que resignados aceptaron la guillotina, Rivas se resiste a aceptar una decisión arbitraria, injusta e ilegal.

Sin embargo, es criticable la pasividad e indiferencia de la ciudadanía democrática frente a la lucha justa y legítima del magistrado del TSE. Todas las organizaciones progresistas y sectores democráticos deberían cerrar filas contra los incesantes abusos y atropellos de la Sala, ¿o dejarán que sigan atentando contra los derechos políticos, la institucionalidad y el estado de derecho?

Hay que decirle basta al gobierno judicial que se instaló en la Sala sin consentimiento popular para conspirar a favor de la oposición oligárquica. ¿Cuándo surgirá un grupo de juristas valientes y consecuentes proponiendo al país no acatar sus sentencias inconstitucionales?

¿Cuándo la ciudadanía decente y honrada se levantará para exigir al Fiscal que procese o la Asamblea Legislativa que destituya a los magistrados Berlamino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco?

Es una grave irresponsabilidad permitir que los susodichos magistrados sigan violando derechos políticos de ciudadanos que optan a cargos públicos, boicoteando los ingresos estatales, favoreciendo intereses empresariales y poniendo en peligro la gobernabilidad. Quienes todavía se tragan el cuento de la independencia e imparcialidad de la Sala, deberían reflexionar.

Es cierto que la actual Sala Constitucional es muy independiente del gobierno de turno (lo cual es bueno y así debió ser siempre), pero es totalmente dependiente de los poderes oligárquicos, su sesgada e hipócrita visión antipartido y el ego personal de los cuatros magistrados.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)