El Presidente Salvador Sánchez Cerén reiteró que el gobierno mantendrá los programas sociales, a pesar de la crisis de ingresos públicos. En su programa “Gobernando con la gente”, realizado el pasado fin de semana en San Bartolomé Perulapía (Cuscatlán), aseguró que no habrá ningún retroceso en los programas de salud, educación y atención a sectores vulnerables.

El anuncio presidencial es loable. Es aplaudible que el gobierno no ceda en su política de protección social, saboteada permanentemente por la asfixia financiera de la derecha oligárquica que bloquea la aprobación préstamos y reformas tributarias en la Asamblea Legislativa o las revierte en la Sala de lo Constitucional.

Sin embargo, el Ejecutivo está tomando otras medidas que contradicen la decisión de proteger a la población de escasos recursos y que -en la práctica- anulan el beneficio de los programas sociales. Una de esas medidas es la reducción de subsidios a la energía eléctrica y al gas propano, que ha golpeado a mucha gente pobre.

La reducción de subsidios, lamentablemente, fue sin un mecanismo que garantizara mantenerlos a las personas que los necesitan y eliminarlo únicamente a quienes no los necesitan. Y más lamentable aún es que el gobierno no mide el impacto y costo político que eso está causando: el pragmatismo excesivo impide ver las graves consecuencias de estas medidas impopulares.

Incluso, el efecto positivo del incremento al salario mínimo ha quedado anulado con el impacto negativo de la eliminación de los subsidios. Por tanto, eso debería corregirse inmediatamente.

Es, además, contradictorio que un gobierno de izquierda elimine subsidios a la gente y no a las empresas. El Presidente debería ser coherente con la visión humanista y progresista que lo hace mantener los programas sociales: la política de protección social es incompatible con la reducción generalizada de subsidios y demás medidas de ajuste fiscal que promueve el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La situación será peor si se incrementa el IVA (impopular propuesta que no es sólo del ministro de Hacienda Carlos Cáceres, sino también de connotados/as dirigentes/as del FMLN convertidos/as al neoliberalismo). Eso sería el acabose político de la izquierda gobernante.

Por eso las organizaciones populares deben respaldar políticamente a Sánchez Cerén en su esfuerzo por mantener los programas sociales; pero -al mismo tiempo- rechazar las medidas de ajuste fiscal que afecten a la población. La crisis fiscal debe resolverse combatiendo la evasión y con medidas tributarias progresivas, no quitando subsidios a la gente y aumentando el IVA.

Es urgente cambiar la perspectiva. Urge que los movimientos sociales recuperen la radicalidad, la izquierda gobernante retome la mirada de cambio estructural y el gobierno sea progresista en sus las políticas económicas.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)