Durante el segundo semestre de 2016 el autor ha dedicado un gran esfuerzo a elaborar un estudio de las medidas presentes en 13 países latinoamericanos^[1] para luchar contra la Red de Guaridas Fiscales (RGF)^[2].  El breve enfoque descriptivo se refiere a una parte de Latinoamérica, sin embargo las conclusiones y recomendaciones respecto del abordaje necesario para solucionar el problema de la RGF tienen un enfoque global.

Comenzando por una de las cuestiones básicas de la lucha contra la RGF, su identificación, vemos que de los trece países latinoamericanos analizados por el autor en 2016, solo seis presentan listas activas de guaridas fiscales (Brasil, México, Ecuador, Colombia, Perú y El Salvador), dos ya las tienen previstas en su normativa pero no las han emitido y por ende no son efectivas de hecho (Nicaragua y Honduras) y cuatro no tienen prevista ninguna legislación relacionada con las guaridas fiscales e incluso con precios de transferencia (Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Guatemala).

Lo primero que llama la atención al analizar las listas de “Guaridas Fiscales” de los seis países de Latinoamérica que las poseen, es su heterogeneidad.  Solo 17 jurisdicciones se encuentran presentes en las seis “listas negras” activas de “Guaridas Fiscales”, en tanto 42 solo están presentes en una de las listas y 73 se encuentran en algunas de las 6 listas activas de los países analizados.

Las medidas relacionadas con las sanciones, restricciones o prevención de evasión y elusión que se implementan en las normativas de los países emisores de las listas son aún más variadas en extensión, profundidad, alcance, metodología y claridad, no solo en el presente sino en la evolución de cada uno de los países.  En general estas medidas de las normativas nacen relacionadas con las cuestiones de precios de transferencia y luego se amplían eventualmente, o no, a otras vinculadas con lo tributario, financiero, de lucha contra el lavado de activos, comerciales, etc. La variación incluye países que incluso tienen ya prevista en su legislación el elaborar y difundir listas de guaridas fiscales pero que a pesar de ello no lo han hecho, habiendo transcurrido ya años desde que se incluyó dicha previsión, como es el caso de Honduras y Nicaragua.

Sin duda alguna existe una relación entre la profundidad con que se trata normativamente el tema de la evasión y elusión fiscales utilizando la RGF y la magnitud del país que emite la normativa junto con el desarrollo de su Administración Fiscal Federal o Central, sin embargo existen excepciones como el caso de El Salvador, que siendo parte de un país de pequeño porte y con un desarrollo incipiente de su Administración Tributaria Central, posee un detalle normativo de listas anuales y medidas relacionadas que llama la atención por su profundidad.

Se requieren soluciones globales

Según la visión del autor, toda medida aislada de prevención de cada país respecto de RGF está destinada a ser, como mínimo, poco efectiva y a la larga de hecho prácticamente inútil.  La única solución real que podría darse al problema de la evasión y elusión asociadas a la RGF debería darse a nivel global con una discusión en un ámbito participativo y democrático como las Naciones Unidas y el debate debería ir al nudo mismo que tiene que ver con una tributación diseñada nacionalmente en cada país en base a la economía vigente a principios del siglo XX y parches hasta nuestros días que no cambian su esencia.  La discusión entonces debería enfocar en la creación de reglas internacionales que regulen e impongan tributación a las fuerzas productivas y de comercio internacional que hoy están encarnadas en multinacionales con presencia y diversificación productiva en decenas de países al mismo tiempo y que presentan niveles de facturación que compiten con los niveles de recaudación de muchos países desarrollados.  Estamos entonces hablando de una discusión de poder donde los Estados Nacionales se las tienen que ver con empresas que en muchos casos los superan en cuanto a su poder económico y por ende fáctico en un mundo como el actual.  La integración de las empresas de producción con las financieras ha determinado que esta cuestión de crecimiento del poder de las corporaciones multinacionales se agravara y que el uso de la RGF no solo amenace gravemente la recaudación impositiva de todos los países del mundo, sino así mismo la estabilidad financiera mundial, como quedó demostrado en la crisis financiera del año 2008.

La RGF integra los fondos provenientes de todo tipo de origen, legal e ilegal, lícito e ilícito y sus facilitadores funcionan como nexos entre todas esas fuentes de fondos y los propietarios de las mismas; esto determina que la lucha contra la RGF de cada Estado Nacional dentro de sus fronteras y a nivel internacional se vea de hecho limitada por la disposición de sus clases políticas para ir a veces en contra de sus propios intereses debido a que son parte del establishment económico usuario de la RGF o socios del mismo desde la corrupción o en el “más inocente” de los “casos políticos” rehenes de las fuerzas nacionales o internacionales ligadas a las actividades ilegales violentas, como el terrorismo, narcotráfico, trata de personas o tráfico de armas, usuarios también de la RGF.

La RGF tiene fuerzas propias y asociadas con poder de lobby a nivel de medidas globales y nacionales y se ha podido ver que en algunos países integrantes de la RGF tienen una capacidad muy efectiva para lograr su exclusión de las “listas negras” una vez incluidos en las mismas o evitar ser incluidos.  Panamá, Suiza y Luxemburgo son casos claros de esta cuestión.

OCDE promueve medidas inefectivas

Analizar la profundidad de las acciones de un país respecto de la lucha contra la RGF por la extensión de su “lista negra” sería pecar de superficial e inocente, ya que se puede incluir numerosas “Guaridas Fiscales” irrelevantes para el país emisor y excluir de las mismas a las más relevantes.  En relación con esta cuestión, sin embargo, es importante destacar que en opinión de autor la OCDE está jugando un rol clave en la exclusión de las “listas negras” de las “Guaridas Fiscales” de mayor relevancia, por medio de diversas acciones que más que atacar el problema de la RGF les proporciona un “lavado de cara” y hace un “ordenamiento” del funcionamiento de la RGF, que seguramente apunta a que se respeten los niveles de poder de las potencias beneficiarias de los flujos administrados por la RGF en las porciones que reciben cada uno de dichas potencias.  Es así que hoy se puede ver como EEUU y Reino Unido continúan siendo los principales promotores de las medidas inefectivas del OCDE, impulsadas e impuestas por el G20, y que se ven de modo concreto, por ejemplo, en la obligatoriedad de hecho de los países emisores de “listas negras” de excluir de las mismas a las jurisdicciones que, siendo parte indudable de la RGF, firman un acuerdo de intercambio de información en el marco de la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, vinculado al “Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales” de la OCDE.  Como consecuencia directa de estas acciones, hoy la OCDE no posee lista alguna de “Guaridas Fiscales” o similares.

En la lucha contra la utilización de la RGF, no se está discutiendo una serie de maniobras para eludir o evadir tributos y para evitar regulaciones financieras.  La discusión es mucho más profunda y está en cuestión la supervivencia misma del estado de bienestar que tuvo vigencia en el siglo XX.  Evitar una lucha frontal con la RGF o hacerlo suponiendo que solo se está atacando a unas “pequeñas islas” sin poder efectivo^[3], y que trabajan en forma aislada anárquica y competitiva, es una estrategia que a mediano o largo plazo implicará un fracaso y por ende una redefinición y reducción de la presencia estatal que puede llevar a un aumento de la exclusión social y por ende de la violencia asociada a la pobreza, marginalidad e indigencia.  Las clases políticas actuales y venideras deberán evaluar si están dispuestas a ir a fondo enfrentando a la RGF y sus poderosos beneficiarios directos e indirectos, o ser socios y estar dispuestos a afrontar las consecuencias sociales en sus países, sin tener opción a la violencia de la represión, tarde o temprano.  En el corazón de esta batalla sorda que se está dando hoy, y que se librará en los próximos lustros, está el financiamiento de la política como nudo central; mientras el mismo siga ligado a actividades ilegales, peajes o aportes de los beneficiarios de la RGF y al apoyo de las multinacionales de medios, la batalla estará claramente definida y las consecuencias también.

Juan Valerdi es economista especialista en tributación y lucha antilavado.  Ex asesor de la presidencia del Banco Central, Banco Nación y la unidad antilavado de Argentina.